Los royals nos visitan

El rey danés visita Groenlandia en una señal de unidad frente a Trump

El rey Federico de Dinarmaca, en primer término. / Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard 


Gemma Casadevall

La ronda de visitas a la codiciada Groenlandia sumó este martes la de Federico de Dinamarca, quien aterrizó en su capital, Nuuk, acompañado del presidente del territorio autónomo danés, Jens-Frederik Nielsen. El rey danés había declarado antes de partir de Copenhague que su viaje no debe interpretarse como una misión, sino como parte de sus reconocidos vínculos incluso personales con la isla ártica, un territorio que conoce desde su juventud.
Acudía acompañado de Nielsen, quien regresaba a Groenlandia tras haber completado su primera visita a Copenhague desde su elección como presidente de la isla. Nielsen, del centrista Demokraatit, lidera una coalición de amplio espectro entre formaciones del independentismo moderado que incluye a partidos de la izquierda. Quedó fuera de la alianza la rupturista Naleraq, segunda fuerza en las pasadas elecciones tras los centristas de Nielsen.
La visita del rey se considera simbólica, como lo eran las dos banderas --la danesa y la groenlandesa-- que exhibía Federico sobre su chaqueta. Su agenda en la isla ártica incluye múltiples contactos con la población y otras citas muy mediáticas, aunque se ha suprimido del programa una visita a su base militar por las previsiones meteorológicas adversas.

"Groenlandia no se vende"

A las ansias expansionistas de Donald Trump, que busca controlar o anexionarse la isla, ha contestado hasta ahora Copenhague recordando que la decisión sobre su futuro corresponde a Groenlandia, una isla inmensa con apenas 57.000 habitantes. A una reciente y provocadora visita del vicepresidente de EEUU, J.D.Vance, respondió la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, personándose también en la isla. Para Nuuk, como para Copenhague, la consigna común es el "Groenlandia no se vende", la frase que sintetiza el rechazo a los propósitos de Trump.
La llegada del rey danés se produce un día después de que las autoridades groenlandesas comunicaran el restablecimiento de las telecomunicaciones con tres poblaciones remotas del norte y el suroeste de la isla, alteradas al parecer por el apagón sufrido en la península ibérica.
El origen del problema, que cortó los servicios de telefonía e internet, es una estación de telecomunicaciones situada en la isla de Gran Canaria, según explico el operador groenlandés Tussas.

Corderitos

Los socialdemócratas dan luz verde a la coalición de Merz

El líder de la CDU, Friedrich Merz, durante el congreso del partido de este lunes para ratificar el acuerdo con el SPD. / HANNIBAL HANSCHKE / EFE
Gemma Casadevall

Las bases del Partido Socialdemócrata (SPD) han dado luz verde por amplia mayoría al pacto de coalición que llevará al conservador Friedrich Merz a la cancillería. El 'sí' al acuerdo ha recibido el apoyo de un 84,6% de los votos emitidos en la consulta entre la militancia, según informó el secretario general del SPD, Matthias Miersch. Para que la consulta fuera válida se necesitaba una participación del 20% entre los 358.000 militantes del partido, lo que se superó asimismo con creces, ya que se alcanzó un porcentaje del 56%.

Con ello se cierra la ronda de ratificación del pacto y se da un paso más en la armónica transición entre el socialdemócrata Olaf Scholz, el canciller saliente, y el conservador Merz, su sucesor. La Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merz, le dio el visto bueno al pacto en un congreso en formato reducido el pasado lunes. Su hermanada Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) lo había hecho ya inmediatamente después de anunciarse el consenso en torno al pacto entre las tres formaciones, a principios de abril.
La cúpula del SPD se había volcado a pedir el apoyo de su militancia a un pacto que rechazaban explícitamente los Juso, como se llaman las juventudes de la formación, especialmente por su línea dura en materia migratoria. Este sector es, sin embargo, minoritario dentro del conjunto de las bases del partido. Ya en tiempos de Angela Merkel en el poder se habían opuesto los Juso a otras grandes coaliciones entre conservadores y socialdemócratas, que su rechazo no llegó a impedir ningún acuerdo.

Apretada agenda para el ascenso al poder

El camino para el pacto de coalición queda así aclarado. Se prevé que se firme el lunes de la próxima semana y que al día siguiente, 6 de mayo, Merz se someta a su elección como canciller por el Parlamento alemán, el Bundestag. Habrá sido una transición relativamente rápida, según los esquemas alemanes, ya que las elecciones generales se celebraron el 23 de febrero y en ocasiones se ha tardado hasta seis meses en tener el siguiente gobierno.
También se sabe que, de acuerdo a la práctica alemana, tras tomar posesión del cargo viajará Merz a París y luego a Varsovia para mantener su primera reunión ya como jefe del Ejecutivo con los respectivos líderes, Emmanuel Macron y Donald Tusk. Será una agenda muy apretada, ya que tras esas dos visitas en un mismo día volverá a Berlín para asistir el 8 de mayo la conmemoración de los 80 años de la Capitulación del Tercer Reich o Día de la Liberación, como se denomina en Alemania a la derrota del nazismo.

Endurecimiento exprés

Las líneas maestras del pacto de coalición eran un hueso especialmente duro de roer para el SPD de Scholz. Merz prevé cerrar las puertas a la inmigración irregular y aplicar la norma de las devoluciones en caliente en la propia frontera, para lo que precisa contar con el acuerdo de los países vecinos. Al frente del Ministerio de Interior, determinante para su implementación, se ha designado a Alexander Dobrindt, de la CSU bávara y representante de la línea más derechista entre el bloque conservador. El futuro ministro de la Cancillería, Thorsten Frei, de la CDU y persona de máxima confianza de Merz, ha avanzado que las nuevas normas empezarán a aplicarse el mismo día 6 de mayo.
A la CDU de Merz le corresponderán, además de la cancillería, un total de siete ministros, el mismo número que al SPD, mientras que la CSU bávara tendrá otros tres. Por primera vez en 60 años, la CDU tendrá el Ministerio de Asuntos Exteriores, una cartera que hasta ahora asumía el socio de coalición. Corresponderá a Johann Wadephul, con amplio bagaje en seguridad y política exterior.
El SPD no ha designado aún formalmente a sus ministros, pero se sabe que uno de sus copresidentes, Lars Klingbeil, ocupará el puesto de vicecanciller y será titular de Finanzas, un cargo clave para el conjunto del equipo. Persiste la incógnita en torno al futuro de la otra copresidenta, Saskia Esken, representante del ala más izquierdista del SPD. En medios alemanes se viene insistiendo desde hace semanas en que quedará fuera del Gobierno y tal vez incluso fuera de las estructuras del partido.

Los Hitler

80 años después del suicidio de Hitler, el revisionismo y el blanqueamiento del nazismo cotizan al alza

Adolf Hitler y Eva Braun.
 Gemma Casadevall

Hace exactamente 80 años del suicido en su búnker de Berlín de Adolf Hitler y Eva Braun, a la que un día antes había convertido en su esposa. En la guerra a la que el régimen nazi lanzó al mundo murieron unos 60 millones de personas, 27 millones de las cuales en la Unión Soviética. Con el fin del dictador no se puso fin ni siquiera de inmediato al castigo sobre la población civil berlinesa. Pasaron unos días hasta que el Ejército Rojo obtuvo su icónica foto de la bandera con la hoz y el martillo sobre el Reichstag en llamas y una semana hasta la Capitulación del Tercer Reich, firmada el 8 de mayo en Karlshost, en las afueras de Berlín. La orden Hitler era luchar "hasta la última gota de sangre".
La memoria del horror del Holocausto debería ser suficiente para sustentar el 'nie wieder' ('nunca más') de Alemania. Y, sin embargo, desde la ultraderecha u otras formas de totalitarismo se blanquea, relativiza o niega la monstruosidad de los crímenes del nazismo.
El 30 de abril de 1945, cuando Hitler se encerró en su búnker para suicidarse con su mujer, la Wehrmacht, el Ejército del régimen nazi, llevaba meses militarmente derrotado. Se había movilizado aún en diciembre a todos los hombres entre 16 y 60 años para combatir a los aliados. La llamada "ofensiva de las Ardenas" acabó en desastre, a lo que siguió unos días después otra asimismo catastrófica operación en Alsacia. Pero el Führer seguía llamando a su pueblo a la "victoria final" contra la "conjura internacional judía" que, en su ideario, pretendía destruir Europa. En febrero de ese año, las tropas soviéticas liberaron el campo de exterminio de Auschwitz, en la Polonia ocupada. Lo mismo ocurrió sucesivamente en otros campos de concentración nazis. Pero el mandato de Hitler, plasmado en el testamento dictado a su secretaria Traudl Junge, era no rendirse. Todo aquel que colgara una bandera blanca o se entregara al enemigo sería fusilado, según la orden firmada el 3 de marzo por Heinrich Himmler, el jefe de las SS.

Bajo el fuego aliado y el acoso de las SS

"La población berlinesa vivió esos últimos días hasta la caída de Berlín, el 2 de mayo, bajo el fragor de los bombardeos por aire aliados, con el Ejército Rojo soviético entrando en la capital y con las SS sacando aún de sus casas y fusilando a quien se resistía o quería rendirse", recuerda Johannes Tuchel, director del Monumento a la Resistencia contra el Nacionalsocialismo, donde se documenta una veintena de intentos de rendirse al enemigo en distintos puntos del país en la ultimísima fase de la guerra.
Que a la muerte del dictador no siguiera de inmediato la Capitulación del Reich refuerza la brutalidad "sin precedentes" del régimen nazi, afirma Tuchel. "Pasarán los siglos. Pero desde las ruinas de nuestras ciudades y monumentos se renovará una y otra vez el odio contra los responsables (de la destrucción): el judaísmo internacional y sus cómplices", dictó Hitler a su secretaria, en su testamento político.
El Führer que orquestó una maquinaria capaz de exterminar a millones de judíos no supo organizar con precisión su propia muerte. Además de su testamento político, dejó escrito en un apartado más privado cómo debía procederse con su cuerpo y el de Eva Braun, ahora apellidada Hitler. Según su cúpula militar, el Ejército Rojo estaba ya a 300 o 400 metros de la que había sido su Cancillería. Esa mañana del 30 de abril aún se vio al matrimonio Hitler en el exterior del búnker una vez. Al mediodía tomaron su último almuerzo. Luego se retiraron a sus habitaciones privadas. Sobre las 15.30 se escuchó un disparo atronador.

Soldados del Ejército Rojo celebran la victoria sobre Hitler en Berlín. / Archivo

Bulos sobre el dictador 'huido'

A Hitler le encontraron sentado en su sillón, se había disparado en la boca. Los hombres de las SS cumplieron con la orden de trasladar su cuerpo al jardín junto al acceso al búnker, construido en 1943 con los planos del arquitecto del régimen, Albert Speer. Su cometido era quemar los cuerpos. Pero no consigueron culminar su acción como había ordenado Hitler. Cuando las tropas soviéticas alcanzaron su objetivo encontraron restos humanos carbonizados. Los incineraron y conservaron durante décadas. Ya en los 90 se abrieron los archivos moscovitas con fotos y restos del cráneo o la mandíbula, custodiados por la KGB. Para entonces ya circulaban bulos, versiones y leyendas, entre ellas la que sostenía que Hitler no murió en el búnker, sinó que huyó a América Latina.
A los 80 años de la muerte de Hitler no debería haber lugar para las especulaciones, según el historiador y forense Klaus Püschel, autor del libro 'Der Tod geht über Leichen' ('La muerte pasa por encima de los cadáveres'). Pero la instrumentalización, vanalización o negacionismo del Holocausto vive horas de gloria, advierte el politólogo Hajo Funke, autor de referencia en Alemania sobre el auge y peligrosidad de la ultraderecha.

Confluencias, mentiras y tergiversaciones

La líder de la pujante Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, se ha permitido asegurar sin rubor que Hitler "fue un comunista", a pesar de que el régimen nazi prohibió el partido comunista, además de perseguir, confinar o asesinar a los miembros que no se exiliaron. El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, asegura sin problemas que su país "protege a los judíos". Para demostrarlo, desoye la orden detención de La Haya contra Binyamín Netanyahu. Surgen extrañas confluencias entre personajes como el influyente periodista Tucker Carlson, eco del derechismo estadounidense representado por Donald Trump, quien sustenta las tesis de la AfD respecto al comunismo de Hitler y, al mismo tiempo, difunde bulos hostiles al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Hay un propósito muy claro de reescribir la historia. Negar el Holocausto es complejo en Alemania, puede llevarte a la cárcel o precipitar la ilegación de un partido. Tergiversar lo ocurrido sale políticamente barato", afirma el politólogo Funke.
La Alemania actual quiere atajar al menos uno de los intentos tergiversadores: el de la Rusia actual de Vladímir Putin de instrumentalizar el aniversario de la Capitulación. No habrá representantes ni de ese país ni de su aliada Bielorrusia en el acto solemne del Parlamento del próximo 8 de mayo. En Alemania se recuerda la efemérides como Día de la Liberación.

En capilla

Compás de espera: los 4 dilemas de la CDU y el SPD

Friedrich Merz. / Michael Kappeler/dpa

 Gemma Casadevall

El líder de los conservadores alemanes, Friedrich Merz, espera obtener entre el lunes y el miércoles la luz verde definitiva al pacto de Gobierno que le convertirá en el nuevo canciller de la República Federal de Alemania (RFA). Necesita para ello la ratificación tanto de la Unión Cristianodemócrata (CDU), su partido, como de los socialdemócratas del canciller saliente, Olaf Scholz.
Será, de materializarse, la quinta alianza entre los dos partidos que se han alternado el poder en Alemania desde la fundación de la RFA. La CDU debe dar luz verde este lunes, en un congreso de formato reducido, a un pacto cuyos puntos fuertes son el rearme, la reactivación económica y la línea dura migratoria. Las bases del Partido Socialdemócrata (SPD) tienen hasta la medianoche del miércoles para darle o no su respaldo, en una consulta entre sus 358.000 militantes. La futura alianza confronta a ambos bandos dilemas, en medio de la erosión precipitada por el auge de una ultraderecha que, según los sondeos, podría ser la primera fuerza, de convocarse nuevas elecciones. A continuación, los principales desafíos.

¿Dinamizará Merz el motor alemán y europeo?

La Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), hermanada a la CDU, no se anduvo con rodeos y ratificó sin debates el pacto de coalición al día siguiente de anunciarse el acuerdo entre los partidos implicados. Pero Merz necesita exhibir cohesión y liderazgo en la CDU. Han discurrido seis meses desde el hundimiento de la coalición de Scholz con verdes y liberales y dos desde las elecciones que ganó la CDU/CSU con ocho puntos de ventaja sobre la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).
De esa situación se ha pasado al empate en los sondeos, con tendencia alcista para los ultras. Una parte del bloque conservador anima a 'normalizar' las relaciones con la AfD como oposición parlamentaria. Merz se propone dar un giro más derechista a su partido y recuperar base electoral absorbida por los ultras. Se presenta como el líder que Alemania y Europa necesitan frente a la deriva de EEUU con Donald Trump. Si nada se tuerce, se someterá a la elección parlamentaria como canciller el 6 de mayo. Sus primeros pasos, inmediatamente después, se orientarán hacia la restauración del eje franco-alemán, maltrecho por la falta de química entre Emmanuel Macron y Scholz. Polonia, su otro gran vecino europeo, será su siguiente objetivo.

¿Cómo organizar el rearme alemán sin olvidarse de Ucrania?

Antes aún de tener listo su pacto de coalición, Merz había dado marcha atrás en una de sus promesas en campaña y accedió a liberar el gasto en defensa del sacrosanto freno a la deuda. Con ello se pretende poner al día al Ejército de un país que durante décadas mimó su poderío económico pero se comportó con timidez en lo militar. Scholz había dado un primer paso en 2022, recién iniciada la invasión rusa de Ucrania, con la llamada ‘Zeitenwende’ -tiempos de cambio-.
Se creó un fondo especial de 100.000 millones de euros en Defensa. Alemania se convirtió en el primer contribuyente europeo a la ayuda militar a Ucrania, incluidos sus sistemas de defensa ‘Patriot’. Pero el Ejército propio sigue en mantillas. "Alemania necesita tantos ‘Taunus’ como sea posible. Y los necesitamos para nosotros", afirmó hace unos días el líder de la CSU bávara, Markus Söder, en alusión a los misiles balísticos con capacidad de alcanzar objetivos a 500 kilómetros. Scholz se negó a suministrar este armamento a Kiev, ante el temor de que eso convirtiera a Alemania en parte del conflicto. Merz, quien reprochó a Scholz esta actitud, no aclara ahora si como canciller dará luz verde a su entrega a Ucrania.

¿Se encamina la socialdemocracia a su enésima crisis?

El Partido Socialdemócrata (SPD) entrará previsiblemente en su siguiente coalición bajo liderazgo conservador, la quinta tras una fugaz experiencia entre 1966 y 1969 y las tres de la ‘era Angela Merkel', degradado a tercera fuerza parlamentaria. Se mantendrá así como partido con responsabilidad de Gobierno, tras los tres años de legislatura fallida de Scholz con los verdes y los liberales. Esta posición no le garantiza precisamente una regeneración. Del 40 % de los votos que obtuvo en 1998, en la primera victoria de Gerhard Schröder, había caído al 34 % en 2005 con el ascenso de Merkel al poder para bajar luego al 23 % y al 20 % en las legislaturas siguientes. Scholz accedió a la cancillería con un 25 %.
Pero en las elecciones del 23 de febrero cayó a su mínimo histórico, un 16,4 %. La crisis del SPD no se mide únicamente en su caída de votos, sino también por su búsqueda desesperada de remedios en la cúpula: desde 2002, con Schröder en el poder, el SPD ha conocido diez relevos en su presidencia. Scholz se retirará como canciller para pasar a diputado raso. El hombre fuerte del SPD actual no es ninguno de los dos co-presidentes, Lars Kingbeil y Saskia Esken, sino el ministro de Defensa, Boris Pistorius, quien previsiblemente repetirá en el cargo.

¿Salvará el SPD su sello en lo laboral y social?

La línea dura en materia migratoria será un hueso difícil de roer para muchos socialdemócratas, aunque hay consenso en cuanto a la voluntad de reducir la inmigración irregular. Pero desde las filas conservadores se empezaron ya a matizar los objetivos pactados en cuanto al aumento del salario mínimo interprofesional -de los 12,8 euros actuales por hora trabajada a los 15 euros-, así como a mejoras en las jubilaciones y ayudas a la familia. Es decir, los caballos de batalla del SPD y los aspectos en los que quieren defender su sello para actuar de dique de contención frente a los temidos recordes en una Alemania que, según todos los pronósticos, seguirá sin levantar cabeza. La primera economía europea cerró 2024 en recesión, por segundo año consecutivo. Y para 2025 se espera un crecimiento nulo -0,0 % del PIB, según últimos los pronósticos del agónico Gobierno saliente de Scholz. La culpa ahora ya no es la crisis energética, sino los aranceles de Donald Trump.

Revuelta en el shoping center

Los 'anti-Tesla' alemanes o el activismo que vio venir a Musk

Protesta frente al concesionario de Tesla en el centro de Berlín. / GEMMA CASADEVALL

Gemma Casadevall
Berlín20 ABR 2025

"Con Donald Trump en la Casa Blanca creció el movimiento anti-Tesla. Pero nuestra gente estaba colgada de los árboles de Grünheide mucho antes de su regreso al poder, con Elon Musk convertido en su mano derecha", explica Caro Weber, portavoz de 'Tesla den Hahn abdrehen' --o 'Ciérrale el grifo a Tesla'--. Su plataforma es la convocante de las concentraciones de protesta de esos días, esta vez ante el concesionario de la marca de Musk en Berlín. Pero el símbolo de su lucha sigue siendo el bosque de Grünheide, a unos 30 kilómetros de la capital alemana. Ahí se inauguró en 2022 la gigafactoría de baterías y autos de la marca de Musk, con asistencia del canciller Olaf Scholz. De las sonrisas y complicidades entre el multimillonario y el jefe del Gobierno alemán de entonces se pasó al actual cruce de reproches entre la Casa Blanca y Alemania o al apoyo de Musk a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), segunda fuerza nacional desde las pasadas elecciones generales germanas.
La activista Weber representa a la generación más joven entre los centenares de manifestantes concentrados ante el centro comercial. Ahí están también miembros de 'Omas gegen Rechts' --las combativas 'Abuelas contra la Derecha'--, movimiento muy presente en toda marcha contra la AfD, así como un grupo de estadounidenses como Jackson Emanuel, quien exhibe un cartel con la frase 'Send Musk to Mars' --'Envía a Musk a Marte'--. Lo de que "su gente" estaba colgada por los árboles de Grünheide es una alusión a los compañeros que, desde 2020, dos años antes de la inauguración de la gigafactoría, lucharon contra la autorización de una fábrica de 300 hectáreas de la que iban a salir 1.000 autos al día. La única de Tesla en Europa, presumía la clase política alemana. De ella dependían 12.000 puestos de trabajo en el 'land' económicamente débil que es Brandeburgo. El Gobierno de Scholz, como el regional, asimismo socialdemócrata, respaldaron a Musk. Brandeburgo, como buena parte del este alemán, es y era ya entonces territorio abonado para la AfD. Los planes de Musk sufrieron varias demoras hasta agotarse los recursos ante la justicia de vecinos, agricultores y activismo ecologista. Ganó el argumento de los puestos de trabajo y del medio millón de autos que, teóricamente, saldrían anualmente de la gigafactoría.


Protesta frente el concesionario de Tesla en el centro de Berlín. / GEMMA CASADEVALL

Una fábrica polémica y bajo el signo del sabotaje

El impacto medioambiental pasó a segundo plano. Los argumentos de los que ahora reclaman "cerrarle el grifo" a Musk, entonces conocidos como 'Ende Gelände' --juego de palabras traducible como 'territorio final'--, cayeron entre sucesivas acciones policiales para su desalojo. Ya con la gigafactoría en marcha hubo más demandas por vertidos no autorizados y contaminación del subsuelo de una zona boscosa. Se ganó alguna batalla, como la reducción a la mitad de la tala de árboles --las 100 hectáreas previstas quedaron en algo menos de 50--. Pero nada detuvo esa inauguración que Musk convirtió en uno de sus shows y que ahora tal vez le pese a Scholz haber presidido. Para la automoción alemana, era una afrenta antes incluso de que estallara la gran crisis que atraviesa el sector.
Nada ha discurrido como planificó el representante del trumpismo a escala empresarial. Hace un año, la gigafactoría interrumpió durante semanas su producción por el sabotaje a una torre de alta tensión atribuido a un grupo de extrema izquierda llamado 'Vulkangruppe'. "Son los ecoterroristas más estúpidos del planeta", sentenció Musk. A su parecer, atentar contra su imperio de autos electrónicos es negarse al desarrollo de una tecnología necesaria para sustituir al motor de combustión. El activismo moderado se distanció de los saboteadores. Los radicales, por su parte, no se sintieron ni solos ni estúpidos. En paralelo se habían extendido las huelgas en talleres de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia contra el propósito de Musk de ignorar los convenios salariales. También entonces se produjeron en Grünheide acampadas multitudinarias entre encontronazos con los antidisturbios y aparatosos operativos de desalojo.

Un activista con un cartel que insta a mandar a Elon Musk a Marte. / GEMMA CASADEVALL

Apenas una treintena de activistas secundan ahora las acciones puntuales o concentraciones ante la gigafactoría. Las protestas ante el concesionario berlinés de Tesla, en un centro comercial de la capital, captan mayor atención mediática. Las autoridades berlinesas las resuelven con vallas de protección, unas decenas de agentes y varios vehículos policiales protegiendo el sello de Musk.

Los aranceles como motivo de divorcio

El hombre de confianza de Trump parece víctima de la notoriedad derivada de su cercanía con el presidente. La espiral de aranceles atenta contra un imperio agrietado y se apunta a una ruptura entre dos agólatras de carácter imprevisible. Las acciones de Tesla se derrumban, las ventas caen y nadie parece tener demasiadas ganas de acercarse a concesionarios salpicados por campañas de protesta que desde hace semanas se producen en varias ciudades del país y resto de Europa.
Solo en Alemania, las nuevas matriculaciones del Tesla Model Y, el más vendido del mundo en 2023, cayeron el pasado marzo un 76% a escala interanual. El jefe de Tesla en Grünheide, André Thierig, lo atribuye a la transición entre el viejo y el renovado Model Y. No es un problema exclusivamente alemán, sino global y desde antes de materializarse la guerra arancelaria de Trump. En China, la caída de ventas fue en febrero del 40%, mientras que en la UE el desplome se situó a principios de año en un 50%.
Para el activismo berlinés, que a Elon Musk se le perciba como una persona non grata es una victoria tras las alertas que en su momento se ignoraron o atribuyeron a lo que el dueño de Tesla descalificó como "ecoterrorismo estúpido".

A las protestas pacíficas se suman los ataques incendiarios contra autos o concesionarios de Tesla en los 16 estados federados del país, según documenta el semanario 'Der Spiegel'. Van desde daños intencionados en la carrocería de los Tesla, a incendios o vandalismo contra sus tiendas, entre pintadas con frases como 'There is no inovation in ecozide' y 'FCK Elon'.

La igualdad como incordio

Europa se resiste a los intentos de Trump de eliminar políticas de igualdad en sus empresas

El presidente de EEUU, Donad Trump, durante un acto el pasado jueves. / ALEX BRANDON / AP


Beatriz Ríos
Leticia Fuentes
Gemma Casadevall
Lucas Font

Bruselas | París | Berlín | Londres

La Administración del presidente Donald Trump tiene una cruzada contra la diversidad y ha extendido su decisión de poner fin a los programas de fomento de la inclusión en Estados Unidos más allá de sus fronteras, exigiendo a las empresas en otros países que respeten esta política, desatando la indignación de los europeos.

El pasado mes de marzo, el diario francés Les Echos publicó en exclusiva que la embajada de Estados Unidos había enviado una carta a empresas en Francia exigiéndoles que pusieran fin a cualquier programa de igualdad. En ella, el Gobierno de Trump llamaba a aquellas empresas con contratos con el Gobierno a certificar que no tenían en marcha ningún programa de diversidad e inclusión. Hacerlo podía suponer el fin de la relación.

Pero esa carta llegó también a empresas en España, Bélgica, Alemania o Reino Unido. Algunas han optado por ceder las presiones de la Administración estadounidense. Mientras, París, Bruselas, Berlín y Londres tratan de contrarrestar los efectos de las políticas de Trump. También la Comisión Europea, que recordó a través de una portavoz que en Europa existen leyes específicas contra la discriminación.

"Apoyamos a las organizaciones para que fomenten y desarrollen lugares de trabajo más diversos e inclusivos porque creemos que eso atrae talentos, potencia la creatividad y la innovación", aseguró en rueda de prensa el pasado mes de marzo la portavoz de Igualdad, Eva Hrncirova. Sin embargo, Hrncirova no especficó qué planteaba hacer el Ejecutivo comunitario para contrarrestar las políticas de Trump. Una cuestión que preocupa a no pocos gobiernos en la Unión Europea, y fuera de ella.

Empresas "sujetas a las leyes" de EEUU

Bélgica es uno de los países en el punto de mira. Al menos dos empresas, la farmacéutica británica GSK y la consultora estadounidense Accenture, habrían puesto en pausa algunos de sus proyectos, mientras evalúan el impacto de la decisión de Estados Unidos sobre los mismos. El Gobierno belga está al corriente y estudia la manera de proteger a las empresas que operan en su territorio.

"En Europa tenemos una cultura de no discriminación y debemos mantenerla", dijo en respuesta el ministro de Finanzas belga, Jan Jambon, en declaraciones a la televisión RTL. "No es el jefe de Estados Unidos quien debe darnos lecciones". Bélgica, aseguró el titular de Exteriores, Maxime Prévot, "no cederá ni un milímetro".

Fuentes del Ministerio de Exteriores asegurán a EL PERIÓDICO que el Gobierno belga expresó su preocupación a la embajada de EEUU por primera vez el pasado 13 de marzo, mucho antes de que se hiciera público el envío de la carta. "El ministro Prévot y el ministro Rob Beenders [al cargo de Consumo e Igualdad] siguen directamente implicados en este asunto", explican fuentes diplomáticas. Las mismas fuentes aseguran que continúan en contacto con las autoridades estadounidenses para asegurarse de que cualquiera que sea el impacto de estas medidas en el modelo de contratación, esté "dentro de los límites de la legalidad".

Bélgica acoge las tres principales sedes de desarrollo y producción de vacunas de la farmacéutica GSK en su territorio. En total, la empresa emplea a alrededor de 9.000 personas, de las cuales 2.000 son científicos, en sus centros Wavre, Rixensart et Gembloux desde donde se exportan vacunas y medicamentos a 160 países, incluido Estados Unidos.

Fuentes de la empresa en respuesta a las preguntas de EL PERIÓDICO confirman que como empleadores en Estados Unidos y al tener contratos con el Gobierno federal, la empresa está "sujeta a las leyes, reglamentos y requisitos" de los contratos de la administración. GSK está por lo tanto revisando sus políticas para adaptarlas a las exigencias de Trump.

"Cuando nuestros programas de inclusión global operan en Estados Unidos o implican a personas estadounidenses, hemos hecho una pausa para poder revisarlos y asegurarnos de que siguen cumpliendo la normativa", aseguran las mismas fuentes. "Los programas que operan fuera de EEUU y no implican o afectan a personas estadounidenses siguen adelante", añaden. Sin embargo, GSK rehúsa aclarar cuántos programas y en qué medida se ven afectados por esta decisión.

Accenture es otra de las grandes empresas que se ha visto en esta situación. En una nota a enviada los empleados de la consultora a la que ha podido tener acceso EL PERIODICO, la consejera delegada, Julie Sweet, reconocía que la compañía se veía obligada a evaluar algunas de sus políticas para cumplir con las nuevas órdenes ejecutivas de la administración Trump.

En esa nota, Sweet confirmaba que la empresa ponía fin a sus objetivos de representación globales, y sus programas de "desarrollo profesional para personas de grupos demográficos específicos". Además, la consejera delegada anunciaba la suspensión de la empresa en la participación en encuestas externas de evaluación comparativa de la diversidad. "Somos y siempre hemos sido una meritocracia", aseguraba Sweet en la nota.

La consejera defendía en cualquier caso que en Accenture mantendría sus políticas de igualdad salarial, e insistía en que atraer personas "con distintos orígenes, distintas perspectivas y distintas experiencias" ha sido clave en el crecimiento de la empresa. "Estamos y siempre hemos estado comprometidos con un lugar de trabajo inclusivo, basado en el mérito y libre de prejuicios", aseguraba Sweet.

Aunque es pronto para conocer el impacto de estas políticas, Patrick Charlier, Director de Unia, el centro belga para la igualdad de oportunidades, asegura que la presión ejercida por las autoridades estounidenses sobre las empresas no solo belgas sino también europeas para poner fin a los programas de diversidad es "problemática". En declaraciones a EL PERIODICO, Charlier lamenta la decisión "ya que sabemos que hay desigualdades estructurales en el mercado laboral y que ese tipo de políticas ayudan a reducirlas".

El Director de Unia matiza en cualquier caso que es dificil valorar el impacto por el momento ya que muchas de estas políticas afectan a los procesos de selección de los empleados, o de gestión, "que no se cambian de un día para otro". Unia trabaja con el ministro belga de Igualdad para buscar una salida a la situación.

Charlier reconoce en cualquier caso que "las políticas de igualación, diversidad e inclusión no son jurídicamente vinculantes", sino una cuestión de "buena voluntad" de las empresas. Es decir, mientras no exista una discriminación, estos cambios de postura no son ilegales per se. Ahora bien, poner fin a estas políticas "puede llevar eventualmente a algun tipo de discriminación", advierte el director de Unia.

Debate sobre la injerencia

La carta emitida por la embajada estadounidense hace unas semanas a "una decena de empresas francesas" no sentó nada bien al Gobierno de París. En el escrito, la Administración de Donald Trump instaba "obligatoriamente a todos los proveedores y prestadores de servicios del gobierno estadounidense, independientemente de su nacionalidad o del país en el que operen" a firmar un documento que certifique que no implementan ninguna política de diversidad e inclusión que pueda violar la ley antidiscriminación de Estados Unidos.

Un documento que ha generado una gran indignación en el país, pero también ha abierto un importante debate sobre la "injerencia" de un Estado extranjero en el sector privado. Para el ministro delegado de Comercio Exterior de Francia, Laurent Saint-Martin, "la injerencia estadounidense en las políticas de inclusión de las empresas francesas, como las amenazas de aranceles injustificados, son inaceptables". Una opinión compartida por el presidente de la patronal CPME, Amir Reza-Tofighi, quien denunció para la AFP un "ataque a la soberanía" y llamó a los responsables políticos y económicos a "formar un frente unido".

Poco se sabe de esa carta, ni siquiera se conoce la lista de empresas que la recibieron. "No es una carta con membrete de la embajada, del consulado o de cualquier otra agencia estadounidense", afirma Christopher Mesnooh, abogado comercial estadounidense del bufete Fieldfisher. Sin embargo, varios medios de comunicación del país informaron que la carta fue enviada por Stanislas Parmentier, el director general de los servicios de la embajada de Estados Unidos en París.

Tras la polémica generada, llegó el debate: ¿puede aplicarse el derecho estadounidense en Francia a las empresas que han firmado contratos con Estados Unidos? El ministro de comercio francés lo tiene claro: "No podemos anular la aplicación de nuestras propias leyes", afirmó e insistió en denunciar que esto es "un paso más en la extraterritorialidad estadounidense, pero esta vez en el terreno de los valores". Acogiéndose al código de trabajo y a las leyes nacionales, el Gobierno francés no ha pasado de pedir explicaciones a la embajada estadounidense.

Desde 2021, las empresas francesas deben aplicar la ley Rixain, que es una reforma de su predecesora ley Copé-Zimmermann. Esta normativa busca una mayor igualdad entre mujeres y hombres en las empresas francesas, y en este sentido, su artículo 14, establece una obligación de representación equilibrada en los puestos directivos de las grandes empresas. El objetivo de esta ley es que para 2027, un 30% de órganos de dirección estén ocupados por mujeres, y en 2030, un 40%.

Para el ministro Laurent Saint-Martin, la postura de la Administración Trump es clara: "Pedir a las empresas renunciar a las políticas de inclusión que son, simplemente, un derecho francés y a veces europeo". El Gobierno francés insiste en que, todas las empresas con sede en el país deben cumplir el código de trabajo marcado por ley, donde se destaca la lucha contra la discriminación. La única manera que tendría el Ejecutivo estadounidense de influir a estas empresas sería mediante la amenaza de retirar su apoyo, como es el caso de la compañía de taxis G7, que ofrece servicios a la embajada de Estados Unidos en Francia.

Presión a las empresas que trabajan para la embajada

Las empresas alemanas se deben al precepto de fomentar la diversidad y la inclusión en su actividad. En esa dirección van las respuestas del ministerio de Economía y de la Cámara de Comercio y la Industria alemanas (DIHK), a la pregunta de cómo actuar ante las presiones ejercidas desde la administración de Donald Trump para hacer prosperar su cruzada anti-woke.

Hasta ahora, el brazo del presidente solo ha alcanzado a dos docenas de empresas suministradoras o que prestan servicios a su embajada, según fuentes del DIHK. Todas ellas han recibido una encuesta por escrito en que se les apremia a desvincularse de programas promotores de la diversidad, la equiparación y la inclusión, o DEI, por sus siglas en inglés. El escrito ha sido transferido a las correspondientes centrales alemanas, en el caso de consorcios de amplio espectro, o está siendo analizado por sus directivos. Está claro que la ofensiva irritará aún más a las empresas afectadas, de por sí bajo el impacto de la guerra arancelaria desatada por Trump. Pero se parte de la base de que, a la práctica, sus efectos serán mínimos, considera la DIHK.

"La diversidad y la inclusión son factores esenciales para la industria alemana y para la actividad empresarial", apunta esa organización.

Más complejos son los efectos de la andanada de Trump sobre oenegés con proyectos compartidos con USAID, en proceso de desmantelamiento por orden de la Casa Blanca. El diario económico 'Handelsblatt' informaba estos días de que la llegada de cartas en que se les conmina a no trabajar en proyectos relacionados con "actividades terroristas, ideología de género y discriminación positiva", tres conceptos que aparentemente son equiparables en la esfera de pensamiento del presidente estadounidense. Las oeneges medioambientalistas deben comprometerse, por su parte, a no perseguir objetivos climáticos.

No han trascendido reacciones de pánico entre las organizaciones, si es que las ha habido. A la cruzada de Trump se ha respondido hasta hasta mostrando sangre fría. Ni siquiera McDonald's parece querer darse por enterada de las nuevas normas contra la inclusión de su país de origen. En Alemania trabajan en la quintaesencia del fast food estadounidense "65.000 empleados de 165 países", según fuentes de la oficina de prensa de la filial germana a la televisión pública bávara BR24. "Nuestro compromiso con la inclusión es inalterable", aseguran.

¿Qué ocurre a la inversa, con las empresas alemanas con filial en Estados Unidos? Ahí no se percibe resistencia alguna contra los designios de de Trump. Deutsche Telekom, la compañía de telefonía alemana, mantiene su compromiso con la diversidad, pero su filial T-Mobile US ha suprimido ese apartado de su programa, por imperativo de la nueva Administración estadounidense.

Riesgo de acciones legales

En el Reino Unido no ha habido por ahora cambios sustanciales en las políticas de inclusión de las empresas, aunque algunas entidades y organismos sí han mostrado su intención de hacerlo. Un ejemplo es la decisión de la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA) y la Autoridad de la Conducta Financiera (FCA), dos organismos reguladores del Banco de Inglaterra y de la City, de no imponer nuevas exigencias a bancos, compañías de seguros y otras empresas financieras en materia de diversidad. Sus máximos responsables han justificado la decisión asegurando que las compañías quieren evitar duplicidades y reducir los costes regulatorios.

El gigante farmacéutico GSK, una de las empresas cotizadas en el FTSE 100 –el principal índice bursátil de Londres– anunció a finales de febrero la paralización de sus programas de diversidad e igualdad. Los portavoces de la compañía argumentan que Estados Unidos es su principal mercado y que deben obedecer las órdenes ejecutivas de Donald Trump, a pesar de que se trata de una empresa británica. Entre las iniciativas afectadas está la suspensión de un programa de movilidad social que ayuda a los estudiantes con pocos recursos a incorporarse al mercado laboral.

A pesar de los casos puntuales, no existe por ahora una gran preocupación ante los posibles retrocesos. Según una encuesta publicada por el Institute of Directors (IoD) –una organización que representa a altos directivos en el Reino Unido–, tan sólo un 11% de los líderes empresariales prevé que sus organizaciones den un paso atrás en las políticas de diversidad, frente a un 71% que señala que no habrá modificaciones.

Mantenimiento de objetivos

Algunas grandes compañías ya han anunciado que no paralizarán sus iniciativas DEI. Una de ellas es la cadena de supermercados Co-op, que emplea a cerca de 60.000 personas en el Reino Unido. La presidenta del grupo, Shirine Khoury-Haq, aseguró a mediados de febrero que dejar de lado estas políticas "aumenta la desigualdad, debilita la confianza y amenaza con echar por tierra décadas de progreso". Otras grandes compañías, como la farmacéutica AstraZeneca o la empresa de servicios Deloitte –cuya rama en EEUU sí ha sucumbido a las exigencias de Trump– también han anunciado que mantendrán sus objetivos en esta materia.

La Employment Lawyers Association (ELA), la principal asociación de abogados laboralistas del Reino Unido, ha alertado de que las empresas británicas que suspendan sus políticas de diversidad e inclusión tendrán un mayor riesgo de enfrentarse a acciones legales, ya que la legislación en el Reino Unido protege a los trabajadores ante posibles casos de discriminación. "Si una empresa da marcha atrás en las iniciativas DEI en el Reino Unido, en respuesta a la paralización de tales prácticas en los EEUU, será jurídicamente incoherente y aumentará el riesgo de conclusiones de discriminación en su contra", ha señalado el director de la organización, Caspar Glyn.

La hora de las bases

El SPD suplica a sus bases el apoyo a un ambiguo pacto de gobierno con la CDU de Merz

El canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, en un acto del partido. / MARIJAN MURAT / DPA / AP



Gemma Casadevall

¿Cómo convencer a una joven llegada a Alemania como refugiada de que dé su voto a un pacto de coalición que acelerará las expulsiones? O a un antibelicista de que dé al visto bueno al gasto ilimitado en defensa. O a un militante de base a que asuma la "normalización" de la ultraderecha. Dilemas como estos planean sobre la consulta abierta este martes entre los casi 360.000 militantes del Partido Socialdemócrata (SPD) del canciller saliente, Olaf Scholz. De ellos depende la ratificación del pacto para una coalición liderada por el derechista Friedrich Merz.

"Si no sale adelante, iremos a nuevas elecciones", argumenta la copresidenta del SPD, Saskia Esken, cuyo puesto se ve en la cuerda floja por representar al ala más izquierdista del partido. "Tenemos que actuar con responsabilidad hacia el país", apunta el otro copresidente, Lars Klingbeil, quien supuestamente será el vicecanciller y titular de Finanzas en esa coalición.

El arranque de la consulta, que se prolongará hasta el día 29, estuvo precedida por una conferencia híbrida, presencial y virtual, con la presencia de Esken, Klingbeil, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, y otros rostros de peso en el SPD. Scholz, quien sigue como canciller en funciones, se mantiene al margen del debate. Tras la elección de su sucesor pasará a ser diputado raso por su distrito de Potsdam

El tono de la cúpula es de súplica. Las posturas de los militantes presentes en la sala, expresadas desde sedes de distrito o a través del chat no son tranquilizadoras. Hibba Kauser, una joven de origen paquistaní crecida en un albergue para refugiados, ve imposible dar su voto a un acuerdo que, dice, "atenta" contra sus "principios". Coincide con el rechazo cerrado al pacto de los Jusos, las Juventudes del SPD. A punto estuvo de ser devuelta a su país, con tres años, de no haberlo evitado un abogado materialmente en el último minuto. Sostiene que el pacto parece "inspirado" en Alternativa para Alemania (AfD), segunda fuerza nacional desde las elecciones del pasado 23 de febrero. No solo porque pone el acento en la aceleración de las deportaciones, sino porque alargará los plazos para adquirir la nacionalidad alemana. Por no hablar, recuerda, del anhelo de Merz de hacer revocable la adquisición de la doble nacionalidad. Algo que hasta ahora solo se contempla para casos extremos como terrorismo.

Rearme y normalización de la ultraderecha

Las intervenciones reflejan las dudas acerca del rearme, cuyo máximo impulsor ha sido en la pasada legislatura Pistorius, el ministro más popular de Scholz. El respaldo a Ucrania no se rebate. Pero despierta recelos la carta blanca que se da al gasto en defensa. O el objetivo de reimplantar un servicio militar teóricamente voluntario, sin que quede claro cómo se motivará a los jóvenes a apuntarse, cuando el peligro a una guerra dejó de ser algo abstracto.
Todo pacto de coalición es un documento "de intenciones", explica Klingbeil. "No se asumirán gastos imposibles", insiste, desde su posición de posible titular de Finanzas.

Pero las ambigüedades no emanan únicamente del pacto. El propio Merz se ha dedicado en los últimos días a relativizar muchos apartados. No está claro cuándo aumentará a 15 euros por hora el salario mínimo interprofesional, la gran promesa del SPD. Tampoco en qué quedará la "normalización" de la AfD. Merz ha insistido en que con él se mantendrá el cordón sanitario en torno a ese partido. Pero un miembro de la cúpula de su Unión Cristianodemócrata (CDU) y eterno aspirante a presidirla, Jens Spahn, predica que debe darse a la ultraderecha el mismo trato que al resto de la oposición. "Es intolerable equiparlos con los Verdes, que han sido socios sensatos de gobierno, o a La Izquierda, que salvaron la democracia en el este", opina Johan, desde la oficina del distrito berlinés de Tempelhof-Schöneberg. Alude así a los ecologistas, aliados del SPD tanto con Gerhard Schröder en la cancillería como con Scholz, y también a La Izquierda, determinante para dejar a la AfD aislada incluso en sus bastiones.

Últimos pasos hasta el relevo en el poder

Klingbeil enumera entre los logros de la negociación del pacto que al SPD se le adjudiquen siete ministerios. Es decir, uno más que en la última gran coalición con Angela Merkel y pese a su debilidad, tras haberse hundido en los últimos comicios al mínimo histórico del 16,4% de los votos.

La baza principal para lograr el apoyo de las bases es la perspectiva de otras elecciones anticipadas. Según los expertos, solo favorecerían a la AfD, actualmente casi empatada en los sondeos con el bloque conservador.

Hasta ahora, las consultas a un pacto de coalición siempre obtuvieron el respaldo de las bases de la SPD, incluso cuando hubo rechazo de los Jusos. Pero Merz representa una línea más derechista y compleja de aceptar que el centrismo de Merkel.

La hoja de ruta hasta la elección de Merz como canciller está milimetrada. El 28 de abril, la CDU debe ratificar el pacto en un congreso. Al día siguiente se cierra la votación entre las bases del SPD, que necesita una participación del 20% para ser vinculante. El 6 de mayo, Merz se someterá al voto del Parlamento. Salvo contratiempos, el 8 de mayo asistirá como canciller al 80 aniversario del Día de la Liberación o de la Capitulación del III Reich.

Von der Leyen, la amiga que os quiere

Así se preparan Alemania, Francia, Italia y Reino Unido para resistir a los aranceles de Trump

Botellas de vino francés en una bodega en Chablis, en el este de Francia. / THIBAULT CAMUS / AP

Gemma Casadevall, Leticia Fuentes, Irene Savio, Lucas Font

Berlín | París | Roma | Londres

La explosiva política comercial del presidente de EEUU, Donald Trump, está llevando a muchos países europeos a preparar escudos antiaranceles para hacer frente a los gravámenes del 20% (y esta semana rebajados al 10% durante 90 días) anunciados por el republicano para los bienes importados de la Unión Europea (UE).
En España, Pedro Sánchez anunció el pasado 3 de abril su intención de movilizar 14.100 millones de euros para proteger a empresas y puestos de trabajo del embate arancelario. Estas son las medidas que están barajando otros gobiernos del Viejo Continente:

Un cortafuegos llamado Ursula

Alemania, que se sepa, no tiene articulado ningún cortafuegos frente a las "agresivas políticas arancelarias" de Trump, como lo definía hace unos días Klaus Weyerstrass, del Instituto de Estudios Avanzados de Viena. A los estragos de los aranceles anunciados desde la Casa Blanca se une la "imprevisibilidad" del presidente, que imposibilita reacciones rápidas y precisas a inversores, industria y estamento político. Por lo pronto, los cinco principales institutos alemanes, más el austriaco, han corregido a la baja las previsiones sobre el PIB germano de 2025. Tras dos años en recesión, en el mejor de los casos el presente ejercicio se cerrará en tablas o con un crecimiento mínimo del 0,1%, según sus pronósticos actualizados.
Mientras el mundo empresarial y los expertos reclaman "acciones concretas" para activar a la primera economía europea, tanto su canciller en funciones, el socialdemócrata Olaf Scholz, como el previsible sucesor, el conservador Friedrich Merz, optan por las "respuestas consensuadas" a escala europea.
Hubo esta semana pasada una reunión de urgencia en Cancillería entre Scholz, Merz y el líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Lars Klingbeil, que según medios alemanes será el ministro de Finanzas y vicecanciller en la nueva coalición de gobierno alemana. Pero de la reunión no trascendieron informaciones sobre hipotéticos cortafuegos nacionales. Se produjo coincidiendo con los primeros desplomes bursátiles ante lo que parecía una inminente sangría de aranceles. Un par de días después, Merz, Klingbeil y el líder de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), Markus Söder, anunciaban 'fumata bianca' en el pacto de coalición que llevará al líder conservador a la Cancillería. Hay cierta prisa por acelerar la transición, que de todos modos no se consumará hasta el 6 o 7 de mayo, con la prevista elección de Merz por el Parlamento (Bundestag).
La pausa de 90 días de Trump favorece ese calendario. Que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya respondido con su propia moratoria, también. Von der Leyen, además de compatriota, es miembro de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido que lidera Merz. La comunicación entre ambos es "fluida y permanente", según fuentes del partido. El puntal para el intercambio fluido de información con Bruselas por parte socialdemócrata es el presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, omnipresente en los medios alemanes cuando se trata de hablar de aranceles. "No nos quedaremos impávidos mirando desde la barrera", asegura Lange, remitiéndose a la batería de medidas y contramedidas que se reserva Von der Leyen, incluido el llamado 'Anti-Coercion Instrument'. Es el instrumento que, llegado el caso, permitiría a Europa responder a una "agresión económica" procedente de un tercer país, recuerda Lange.
Mientras el calendario del relevo en el poder y las pausas de Trump lo permitan, Merz puede seguir sosteniendo que no habrá respuestas unilaterales, sino consenso europeo. Alemania se ha abonado esta vez sin reservas al europeísmo. Al fin y al cabo, los socios de la UE son el primer mercado de sus exportaciones. Estados Unidos va en segundo lugar. Los aranceles de Trump, de ejecutarse, acarrearán una caída del 15% en las exportaciones germanas, según evaluaciones del ministro en funciones de Finanzas, Jörg Kukies. Este político socialdemócrata ascendió a titular del ministerio tras abandonar la coalición de Scholz el Partido Liberal de Christian Lindner, el pasado noviembre. Ascendió así Kukies a ministro por unos meses. Antes de ese puesto había sido secretario de Estado y el asesor al que Scholz ha confiado los preparativos de cualquier cumbre de la UE, el G7 o el G20. Es la pieza clave, en caso de que se precise un cortafuegos propio.

Macron se encomienda a Bruselas

Emmanuel Macron vuelve a tomar aire tras el reciente anuncio de Trump de suspender los aranceles a productos europeos durante 90 días. "Es una señal y una puerta abierta a la negociación, pero esta pausa sigue siendo frágil", afirmó el presidente francés en un comunicado lanzado el pasado viernes.
A la agonía que ya arrastraba la UE tras los primeros anuncios del mandatario estadounidense, se suman ahora 90 días más de incertidumbre. Para Macron, esta extensión pesará en "los negocios europeos en ambos lados del Atlántico".
Desde el inicio de la guerra comercial, el Gobierno de París ha adoptado una postura cautelosa a la hora de anunciar medidas de choque. "Francia responderá a través de la Unión Europea", afirmó el Ejecutivo. Aún así, Macron ya ha dado un primer paso, instando a las empresas francesas con "inversiones futuras o anunciadas en las últimas semanas" a suspenderlas como una forma de presionar a la economía estadounidense.
El Gobierno no ha dejado de reunirse con distintos sectores afectados para evaluar el impacto de estas nuevas medidas, que podrían perjudicar "en mayor o menor medida a 28.000 empresas francesas". Unos encuentros que culminarán el próximo 13 de mayo con la celebración de un "Consejo Estratégico" presidido por Macron, del que se esperan importantes conclusiones sobre esta guerra comercial.
Francia es uno de los países europeos que más factura con las exportaciones a Estados Unidos, cerca de 47.000 millones de euros, que representan un 1,5% del PIB. Si la Unión Europea no logra alcanzar un acuerdo con Trump, sectores clave como la aviación, el vino o la cosmética se verán gravemente afectados, con consecuencias tanto en la producción como en el empleo.
"Europa debe seguir trabajando en todas las contramedidas necesarias y movilizar todas las herramientas disponibles para protegerse, también para evitar que los flujos procedentes de terceros países perturben nuestro mercado. Francia está preparada. Europa también debe serlo", insistió el jefe de Estado este viernes.

La "amiga" de Trump llama a la calma, pero estudia ayudas a la industria

Pese a que públicamente se ha mostrado convencida de que la mejor estrategia ante la guerra comercial impulsada por Trump es la de calmar los ánimos con EEUU, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, también ha hablado ya de la posibilidad de poner en marcha una especie de escudo antiaranceles —básicamente ayudas a las empresas— para evitar que Italia sufra una catástrofe económica.
En concreto, según ha filtrado la prensa italiana, el Gobierno estaría estudiando la entrega de unos 25.000 millones de euros en ayudas a las industrias transalpinas —procedentes de los fondos pospandémicos y de cohesión europeos— con el objetivo de esquivar un daño mayor para su economía, la más expuesta de la UE a las medidas de Trump (las exportaciones de Italia al país son las más altas, según diversos informes).
Ni Meloni ni su Gobierno lo han comunicado aún oficialmente, pero la mandataria sí se ha reunido esta semana con la principal organización industrial del país, Confindustria, así como con representantes de diversos sectores afectados. Y allí la líder "ha propuesto a los sectores productivos un pacto para hacer frente común […], así como mesas de trabajo para identificar las medidas útiles", ha explicado la presidencia del Gobierno italiano en una genérica nota escrita.
Con ello, la postura de Meloni ha suscitado incendiarias críticas por parte de la oposición. "Meloni llegó sin estar preparada para la catástrofe arancelaria, anunciada hace meses y que golpeará nuestra economía como un tsunami", se ha quejado Giuseppe Conte, líder del Movimiento 5 Estrellas y exprimer ministro italiano.
Elly Schlein, jefa del Partido Democrático —la principal fuerza progresista del país— también se ha pronunciado en términos similares. "Es increíble cómo el Gobierno se ha quedado quieto, sin hacer nada. Sabíamos desde hace meses que esto llegaría. Pero Meloni usó hasta ayer el condicional para no ofender a su amigo Donald", ha denunciado la líder progresista.

Apuesta por la prudencia y la negociación

El Gobierno británico ha evitado por ahora implementar medidas de peso para proteger a las empresas de los aranceles del 10% (y del 25% en automóviles, acero y aluminio) impuestos por Trump. El primer ministro, Keir Starmer, amagó a finales de la semana pasada con intervenir la economía para aliviar la presión sobre la industria británica, pero las decisiones tomadas hasta ahora han quedado lejos de las de otros países de su entorno.
Lo más destacado ha sido el anuncio de aplazar la transición hacia los vehículos eléctricos hasta 2035 –cinco años más de lo previsto– para dar mayor flexibilidad al sector automovilístico, uno de los más afectados por los aranceles. La venta de coches híbridos estará permitida hasta esa fecha y los motores de combustión serán admitidos más allá de 2030 para las marcas de lujo, entre ellas Aston Martin o McLaren, cuyos vehículos el Gobierno calificó de "joyas icónicas" de la industria británica.
En cuanto al sector del acero, el Parlamento aprobó de urgencia este sábado una ley para tomar el control de la siderúrgica British Steel, propiedad del grupo chino Jingye, algo que permitirá mantener la producción de la única fábrica de acero virgen que sigue en activo en el país y garantizar el suministro de un material estratégico. Los dueños de la empresa aseguran que "ya no es sostenible a nivel financiero", una situación que empeorará previsiblemente tras los aranceles de Trump. La nueva ley da poderes al Gobierno para ordenar la compra de materias primas y para pagar las nóminas de sus más de 2.700 trabajadores, mientras la opción de nacionalizar la compañía sigue encima de la mesa.
La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, ha descartado aumentar la deuda pública para proteger a las empresas y ha insistido en la voluntad del Gobierno de ceñirse a unas estrictas reglas fiscales. La principal prioridad en este momento es cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos que permita eliminar, o al menos reducir, los aranceles impuestos por Trump, especialmente los que afectan a la industria siderúrgica y automovilística.
Starmer ha evitado por ahora anunciar medidas de represalia a los gravámenes de Estados Unidos y ha apostado por mantener "la cabeza fría", aunque ha insistido en que todas las opciones están "encima de la mesa". El Ministerio de Comercio ha abierto un proceso de consulta con el sector empresarial para estudiar qué productos estadounidenses podrían ser objeto de sanciones, mientras sigue trabajando, en paralelo, en posibles acuerdos comerciales con terceros países, incluida la India y la Unión Europea.

Daños colaterales

El blindaje del flanco este desbarata la lucha contra las minas antipersona

Una trabajadora de la Fundación Suiza para la Acción contra las Minas con un detector antiminas cerca de la población de Tal al Reem. / DPA / Ismail Adnan
 Gemma Casadevall

La decisión de Finlandia, Polonia y los países bálticos de abandonar la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersona ha dejado malherido el Tratado de Ottawa, en retroceso ante el imperativo de reforzar las fronteras del flanco este de la OTAN. "Todo país tiene derecho a defenderse. Pero es irresponsable hacerlo a sabiendas de que se usan armas de efectos catastróficos, presentes y futuros, para la población civil", denunció la directora de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL), Tamara Gabelnik, ante una semana de reuniones y debates en Ginebra, coordinados por el Servicio de Acción contra Minas de la ONU (UNMAS).
La ICBL, Nobel de la Paz en 1997 a través de su impulsora, Jody Williams, es la más conocida entre las organizaciones comprometidas con la erradicación de estas armas. Forma parte de la coalición siglas como la GICHD o Centro Internacional para el Desminado. Todas ellas asisten con estupor a las decisiones de países europeos representantes del 'primer mundo', mientras crece además el uso de estas armas en conflictos como el de Ucrania.
Son más de tres décadas las que llevan estas organizaciones movilizando recursos para el desminado de países como Afganistán, Siria o Yemen. El informe de 2023 del Observatorio de Minas Antipersona documentaba más de 5.000 muertes en un año, un 85% de las cuales civiles, como consecuencia de minas o sus restos enterrados. Sus efectos perduran más allá del conflicto armado, recuerda el ICBL. Un 80% del territorio potencialmente agrícola afgano no es cultivable y el 60 % de Angola se considera, cuando menos, peligroso.

Rearme versus vulnerabilidad fronteriza

Finlandia, con 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, la más extensa de la UE, anunció hace unas semanas su abandono de la Convención. Se sumó así a las decisiones adoptadas por Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, todos ellos miembros de la Unión Europea (UE) y parte del flanco este de la OTAN por compartir frontera con Rusia o su aliada Bielorrusia. Noruega, que no forma parte del bloque comunitario pero sí de la Alianza Atlántica, mantiene por ahora su compromiso con la Convención.
Las necesidades defensivas de estos países son tan crecientes como legítimas, reconoce el ICBL. Se enmarcan en el rearme iniciado con la invasión de Ucrania y acelerado por la constatación de que Europa ya no puede confiar su defensa a EEUU. Polonia subirá su gasto en defensa al 5% de su PIB --actualmente en el 4,1%--. Los tres países bálticos, ahora sobre el 3%, incrementarán asimismo el gasto militar. Son los más afines a la doctrina de Donald Trump, que reclama de sus socios europeos el 5%. Finlandia, que ingresó por la vía rápida en la OTAN apremiado por la invasión de Ucrania, se compromete a alcanzar el 3% en los próximos cuatro años.

El minado como 'opción'

Todos ellos son países potencialmente ‘codiciados’ por Vladímir Putin por razones geográficas e históricas. Sea porque pertenecieron a la Unión Soviética hasta su disolución -los bálticos-, porque fueron satélites de Moscú --Polonia-- o por haber repelido en el pasado sus invasiones -Finlandia-. Empezaron a reforzar sus fronteras antes de la invasión de Ucrania, a raíz de la llamada -guerra híbrida-, consistente en empujar hacia su territorio inmigración irregular. Empezó así el blindaje fronterizo no solo con vallas convencionales, sino con alta tecnología militar. Las minas antipersonas son una pieza más en el engranaje de unos países que no vislumbran una distensión con Moscú.
Abandonar la Convención es parte de su "coherencia defensiva", según el primer ministro finlandés, el Petteri Orpo. Su Gobierno no se propone sembrar sistemáticamente de minas la frontera. Pero se reserva la ‘opción’ de hacerlo.
Las explicaciones finlandesas, polacas o bálticas no tranquilizan a los defensores de la Convención de Ottawa. Entre sus tareas prioritarias está el desminado de amplias zonas ucranianas. De su erradicación dependerá la reconstrucción del país. A su juicio, es un contrasentido que mientras se movilizan recursos aliados para desminar Ucrania, ciertos países de la OTAN se reserven la ‘opción’ de usarlas.

De la mediática Lady Di al declive

El Tratado de Ottawa entró en vigor en 1999. Dos años antes, Diana de Gales contribuyó a su visualización desde Angola, enfundada en un chaleco antibalas y con una máscara protectora sobre el rostro, en uno de esos despliegues mediáticos que rodeaban los movimientos de la princesa. Desde entonces se han destruido 40 millones de minas, según el observatorio. Se ha reducido el número de países que las fabrican de los 55 de entonces a los 15 actuales.
El número de países suscriptores del tratado estaba en 164. Entre los no firmantes están potencias habitualmente contrarias a ceñirse a compromisos internacionales, como Estados Unidos, China, Rusia e Israel. Finlandia ingresó en 2012, mucho más tarde que el resto de socios de la UE. Estará entre el primer grupo europeo en abandonarlo.

Capital del woke

Crónica desde Copenhague: el paraíso del ciclista

Carril de doble sentido para bicicletas en Copenhague. / Gemma Casadevall
 Gemma Casadevall

Circular por el carril bici sin sentir en el cogote los insultos o bufidos de otro ciclista más rápido. O sin que usar uno de los tramos para ciclistas nos sitúe en guerra desigual por el espacio público contra el coche. Por no hablar del dilema entre jugarse el físico pedaleando sobre el asfalto o subirse a la acera para acabar legítimamente regañado por el transeúnte: todas esas situaciones habituales en otras capitales europeas donde la bicicleta lleva décadas consolidada como parte de la movilidad urbana, sea Berlín o Ámsterdam, parecen muy amortiguadas en Copenhague.
Prácticamente uno de cada dos ciudadanos de la capital danesa -un 45 %, según datos de su Ayuntamiento- se mueve en bici. Es más o menos el porcentaje de los que lo hacen por la ciudad neerlandesa. Pero sin los tumultos o atascos de bicicletas que a cada semáforo se forman en Ámsterdam ni los ataques de malhumor de otros pedaleantes, transeúntes, automovilistas privados o conductores del transporte público de Berlín.
¿Qué ha resuelto mejor Dinamarca que Alemania o Países Bajos, por citar otros países con perfiles parecidos en cuanto a uso a la bicicleta, congestión ciudadana o incluso meteorología dura? Un paseo de unas pocas horas por Copenhague basta para toparse con una realidad desconocida, por ejemplo, respecto a Berlín. Son un total de 400 kilómetros de carril bici en distintas versiones, casi todos en buenas condiciones.

Convivencia entre el ciclista y el peatón en Copenhague / Gemma Casadevall

Hay modernos puentes exclusivos para la bicicleta, en doble sentido y con carriles de adelantamiento; nuevos barrios donde el auto está prácticamente proscrito, salvo para los residentes; y elegantes plataformas ondeantes, obra de artistas como el escandinavo Olafur Eliasson, que bordean una de sus avenidas portuarias. El 'rider' no atosiga con su prisa al usuario de una amplísima bicicleta cargo para niños ni el conductor ahuyenta al ciclista a bocinazos. Se respira armonía en lo que parece ser es el paraíso del pedaleante. Tampoco hay agravios comparativos para el transeúnte. No será por falta de uso: sus ciudadanos recorren en total y a diario 1,44 millones de kilómetros en bicicleta.

El horizonte de la neutralidad climática

Las ansias de Copenhague por dejar de ser la ciudad cuyo único sello de identidad era la melancólica Sirenita o el mítico parque de atracciones Tívoli se fraguaron cuando fue sede de la COP15, la cumbre climática de 2009. Su objetivo era coronarse como mejor ciudad del mundo para el ciclista y lograr la neutralidad de carbono en 2025. Se trazó el Plan Climático CPH2025, uno de cuyos pilares era la movilidad. La realidad ha sido más dura que los buenos propósitos y el compromiso con la neutralidad climática quedó aparcado en 2022. Pero al menos se puede disfrutar del espejismo de la movilidad verde por su casco urbano. Redondea ese horizonte la condición de Dinamarca como capital de la vanguardia en arquitectura, diseño y hasta gastronomía.
Rondar en bici sin codazos ni bufidos de terceros incluye la posibilidad de visitar el Dansk Arkitektur Center (DAC), utilizar uno de sus puentes para bicis, a ser posible el Cykelslangen o Serpiente Ciclista o acercarse hasta el Nordatlantens Brygges. En ese edificio histórico está la representación permanente de las Islas Feroe y de Groenlandia, el territorio autónomo danés al que la voracidad expansionista de Donald Trump ha colocado en un lugar destacado de la agenda global. Quien busque emociones más fuertes en cuanto a desarrollo urbanístico verde debe seguir hast Nordhavn. Así se denomina la autoproclamada ciudad del futuro, emplazada en una antigua zona industrial y diseñada para que todo, desde la escuela a la oficina o el centro sanitario, quede a cinco minutos como máximo del primer acceso al transporte público.

La agónica Christiania

El reverso de la medalla del progreso urbano sostenible está en lo que hace unas cuantas décadas era motivo para asomarse a Dinamarca, cuando fumar un porro era arriesgado en prácticamente toda Europa. Se trata de Christiania, la llamada Comuna Libre. En el pasado fue templo de la venta y consumo de cannabis más o menos tolerado. Luego entró en decadencia, quedó a merced de bandas violentas y finalmente desmanteló su calle más emblemática, la Pusher Street.



Imagen de Christiania, la antigua comuna hippie / Gemma Casadevall

Los años han convertido el espacio de libertad en un ‘cuerpo extraño’ para un nuevo Copenhague donde se rediseñan barrios enteros. Christiania ha quedado envuelto entre zonas de antiguos hangares portuarios que alojan impagables restaurantes o edificios de oficinas. La antigua comuna hippie pervive, pero funciona como un reducto algo cutre. Es un punto de atracción para el turismo nostálgico de cuando fumar un porro era un acto de rebeldía y las nuevas oleadas de curiosos o despistados.

La pequeña gran coalición

 Merz o com frenar el trumpisme

Friedrich Merz, el futur canceller d’Alemanya, amb el líder de la bavaresa CDU i els dos dirigents de l’SPD, dimecres a Berlín EFE.   

Gemma C. Serra - Berlín

El nou govern d’Ale­ma­nya ha de fer front, no només a una política aran­zelària agres­siva i veri­nosa per a una potència expor­ta­dora, sinó també a la impre­vi­si­bi­li­tat d’unes mesu­res dràsti­ques que s’acti­ven o es desac­ti­ven d’un dia per l’altre”, adver­tia Tors­ten Sch­midt, cap de l’Ins­ti­tut Leib­niz d’Inves­ti­ga­ci­ons Econòmiques, RWI, l’endemà que els con­ser­va­dors de Fri­e­drich Merz i els soci­al­demòcra­tes del can­ce­ller en fun­ci­ons Olaf Scholz pre­sen­tes­sin el seu pacte de coa­lició. El mis­satge del cap del RWI es produïa en la com­pa­rei­xença con­junta dels prin­ci­pals ins­ti­tuts ale­manys, on es va pre­sen­tar una nova cor­recció a la baixa dels pronòstics per a l’evo­lució del PIB ale­many. La pri­mera eco­no­mia euro­pea acu­mula dos anys seguits en recessió i, segons els ins­ti­tuts, en el millor dels casos tindrà un crei­xe­ment mínim aquest 2025: un 0,1%, en comp­tes del 0,8% que cal­cu­la­ven a la tar­dor.

El pro­tec­ci­o­nisme radi­cal de Donald Trump és el gran ene­mic per a la pri­o­ri­tat decla­rada del futur govern de Merz, la reac­ti­vació econòmica. A l’altra forma de trum­pisme, les ultra­dre­tes euro­pees ali­a­des de l’his­triònic pre­si­dent dels Estats Units, se la vol man­te­nir aïllada i com­ba­tre cor­re­gint allò que, segons Merz, ali­menta la frus­tració de molts ciu­ta­dans. Ale­ma­nya ha de dei­xar de ser el país pre­fe­rent d’aco­llida d’una migració irre­gu­lar des­con­tro­lada, segons el pre­vi­si­ble nou can­ce­ller d’Ale­ma­nya. Per raons de segu­re­tat i pels cos­tos que, diu Merz, gene­ren a l’Estat.

Sis set­ma­nes després de la victòria elec­to­ral de la Unió Cris­ti­a­no­demòcrata i la seva ager­ma­nada Unió Soci­al­cris­ti­ana de Bavi­era (CDU/CSU), Merz va poder pre­sen­tar aquest dime­cres un pacte de govern amb els soci­al­demòcra­tes. El pri­mer que salta a la vista és que no se l’hau­ria d’ano­me­nar “gran coa­lició”. Aquest era el terme amb què es van conèixer fins ara les ali­an­ces entre els par­tits dits majo­ri­ta­ris. El pro­blema, però, és que ja no ho són. La nova coa­lició no la for­ma­ran el pri­mer i el segon grup del Par­la­ment. La segona força par­la­mentària és, des dels comi­cis del 23 de febrer, la ultra­dre­tana Alter­na­tiva per Ale­ma­nya (AfD), on s’agru­pen tant el neo­na­zisme com el trum­pisme ale­many. En aques­tes sis set­ma­nes, i men­tre Merz nego­ci­ava la coa­lició, els son­de­jos han situat els ultres en línia ascen­dent i pràcti­ca­ment empa­tats amb la CDU-CSU. Els soci­al­demòcra­tes con­ti­nuen enfon­sats al ter­cer lloc.

El pacte de Merz busca un equi­li­bri entre els socis, que en rea­li­tat són tres. La CDU tindrà set minis­tres, la CSU bava­resa n’assu­mirà tres y els soci­al­demòcra­tes set més. A l’agres­siva política aran­zelària de Trump vol res­pon­dre el futur can­ce­ller amb la con­signa del Ger­many is back (“Ale­ma­nya ha tor­nat”) com va res­pon­dre a una pre­gunta en anglès en pre­sen­tar el seu pacte. No va acla­rir, però, com s’ho farà, en aquest con­text d’incer­te­ses glo­bals que, com diuen els experts, són el gran ene­mic per pla­ni­fi­car estratègies i inver­si­ons. Merz, que podria ser ele­git can­ce­ller pel Par­la­ment els pròxims 6 o 7 de maig, té al seu favor un ins­tru­ment nou: l’esmena cons­ti­tu­ci­o­nal que va pros­pe­rar fa unes set­ma­nes i que va alli­be­rar del fre al deute la des­pesa en defensa, a més d’un fons de mig bilió d’euros per a infra­es­truc­tu­res. Això impli­carà unes pos­si­bi­li­tats d’endeu­ta­ment pràcti­ca­ment il·limi­ta­des per al rear­ma­ment i ajud a Ucraïna, la lluita con­tra els cibe­ra­tacs i l’espi­o­natge. També per­metrà la posada al dia d’unes infra­es­truc­tu­res esmorteïdes i l’impuls a la digi­ta­lit­zació, l’altra assig­na­tura pen­dent d’Ale­ma­nya.

Els soci­al­demòcra­tes assu­mi­ran Defensa i Finan­ces. També els cor­res­pondrà Tre­ball, des d’on pen­sen llui­tar con­tra las reta­lla­des soci­als i per una rebaixa fis­cal als ingres­sos bai­xos i mit­jans.

L’altra peça fona­men­tal en l’engra­natge és Inte­rior, però cor­res­pondrà a la CSU bava­resa. A aquest minis­teri per­tany el con­trol de les fron­te­res i la immi­gració irre­gu­lar. Merz va gua­nyar les elec­ci­ons amb pro­pos­tes de línia dura, com les devo­lu­ci­ons en calent. També ha promès acce­le­rar les expul­si­ons a ter­cers països dits segurs o als seus llocs d’ori­gen, en el cas d’afga­ne­sos o siri­ans. El pacte pre­veu la supressió o res­tricció a casos excep­ci­o­nals del rea­gru­pa­ment fami­liar per a refu­gi­ats que per­ce­ben pro­tecció sub­sidiària –és a dir, els qui han estat rebut­jats, però no poden ser expul­sats per raons huma­nitàries–. I també una reducció dels sub­si­dis als refu­gi­ats que no mos­trin “moti­vació” per tre­ba­llar.

És un canvi de para­digma res­pecte a l’ano­me­nada “cul­tura d’aco­llida” que va repre­sen­tar Angela Merkel davant suc­ces­si­ves cri­sis migratòries i mal­grat les pres­si­ons del seu bloc con­ser­va­dor perquè tanqués fron­te­res. L’excan­ce­llera, ene­miga interna de Merz, con­si­dera ara “cor­recte” el propòsit de retor­nar els immi­grants irre­gu­lars al país per on hagin ingres­sat a Ale­ma­nya. Sem­pre que, adver­teix, es faci d’acord amb “els veïns euro­peus” afec­tats.

Preguntitas

Las claves del pacto de Gobierno en Alemania: rearme, reactivación de la economía y línea dura migratoria

Los líderes de la CSU, Markus Söder; la CDU, Friedrich Merz, y del SPC, Lars Klingbeil y Saskia Esken, este miércoles en Berlín. / CHRISTOPH SOEDER / EFE
 Gemma Casadevall

El líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) alemana, Friedrich Merz, acaricia su ascenso al poder tras haber logrado cerrar un pacto de gobierno con los socialdemócratas (SPD), el partido del canciller saliente Olaf Scholz. Será la quinta coalición entre las dos formaciones que se han alternado el poder en toda la historia de la República Federal de Alemania (RFA). Sus prioridades son la activación de la economía alemana, ahora en recesión, al rearme de un Ejército desfasado y el endurecimiento de la política migratoria. Será el primer Gobierno liberado del dogma de la austeridad que ha marcado durante décadas la política alemana, gracias a la enmienda constitucional recientemente aprobada. Y tratará de frenar el ascenso de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), la segunda fuerza a escala nacional, pero políticamente aislada. Los socialdemócratas defenderán un propio sello en materia laboral y social, además de tratar de suavizar las aristas de la línea dura migratoria que quieren implantar sus socios.

Estas son las claves de la alianza entre la CDU y el SPD:

¿Cómo impulsar el rearme de una potencia militarmente tímida?

"Nuestra seguridad está hoy más amenazada que nunca desde el fin de la Segunda Guerra Mundial" y, por primera vez desde entonces, "Alemania y Europa debe prepararse para velar por su propia seguridad": estas son las dos premisas del capítulo Defensa y Seguridad, incluido en las 146 páginas del pacto. Alemania reconoce que su Ejército está desfasado.Pero Alemania "is back" (ha vuelto) y cumplirá con sus obligaciones, aseguró Merz, preguntado sobre qué le diría a Donald Trump. La pieza fundamental para que Alemania sea capaz de responder a sus compromisos con sus aliados y consigo misma es la reforma constitucional sellada hace apenas unas semanas, que abre la vía a un gasto prácticamente ilimitado en defensa. La cartera quedará a manos de los socialdemócratas y probablemente de su actual titular, el carismático Boris Pistorius. A él corresponderá también encarrilar un concepto de un servicio militar que no sea obligatorio, sino voluntario, pero capaz de despertar las motivaciones a enrolarse en unas fuerzas armadas marcadas por sus cifras menguantes, tanto en cuanto a recursos como en contingente. Actualmente el Ejército alemán tiene unos 182.000 soldados, en un país con 84 millones de habitantes.

¿Cerrar fronteras sin finiquitar el derecho al asilo?

"Alemania seguirá siendo un país de inmigración (…) y el derecho al asilo seguirá siendo intocable, afirmó el líder de SPD, Lars Klingbeil, al presentar el pacto. Preservar este mandato no le será fácil al socio de coalición. Su ministerio quedará en manos conservadoras y Merz considera que "combatir la inmigración irregular" es parte esencial en la estrategia e interés común para debilitar y frenar el alza de la AfD. El pacto contempla suprimir el reagrupamiento familiar para los refugiados con protección subsidiaria, alargar los plazos para el acceso a la nacionalidad alemana, reducir a lo más básico los subsidios a los acogidos o tolerados como asilados y devolver en la propia frontera a los inmigrantes irregulares. Es decir, practicar las devoluciones en caliente. Algo que, defiende Merz, ya hacen otros países europeos.

¿Cómo devolver Alemania al crecimiento en tiempos turbulentos?

"Tenemos un plan fuerte para que llevar de nuevo hacia adelante a nuestro país", asegura Merz, quien reconoce las "turbulencias" procedentes de Estados Unidos --o aranceles-- como un factor de riesgo geopolítico comparable a los estragos económicos derivados de la "guerra de agresión" sobre Ucrania precipitada por Vladímir Putin. El próximo Gobierno se propone rebajar la carga impositiva sobre ciudadanos y empresas en el sector energético, especialmente a aquellas firmas cuya actividad requiere de mayor consumo. Las cargas fiscales sobre la energía deberán bajar hasta situarse "en la media europea", según Merz. El gran apoyo a la actividad económica debe proceder, sin embargo, de la supresión de la enorme carga burocrática que, hoy por hoy, lastra a empresas grandes, medianas o pequeñas. También bajarán las cargas impositivas sobre los sueldos más bajos o medios. Pero no se contempla un aumento en los ingresos más altos o muy altos, contrariamente a lo que pretendía el SPD.

¿Dónde queda el sello socialdemócrata?

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales corresponderá a los socialdemócratas y se baraja como su probable titular a Bärbel Bas, la expresidenta del Parlamento. Sus compatriotas reconocen en ella la energía con que desempeña sus tareas. Desde esta posición deberá defender la promesa esencial de su partido: que no se puede financiar el rearme con recortes sociales o laborales. El SPD exhibe como logro de su partido la implantación de un salario mínimo interprofesional en tiempos de Angela Merkel. Su propósito es elevarlo a 15 euros por hora, frente a los 12,8 actuales. También se compromete a mantener el nivel de las jubilaciones y prolongar por dos años el tope al aumento de los alquileres. Infraestructuras, el otro gran desafío nacional al que se pretenden destinar un fondo de medio billón de euros en 12 años, quedará en manos de la CDU.

¿Quién atesora más carteras clave?

Aunque se hable de coalición entre conservadores y socialdemócratas, en rigor son tres los partidos implicados en el pacto y también tres a pujar por los ministerios clave. Además de la cancillería, la Unión Cristianodemócrata (CDU) asumirá Exteriores, una cartera que suele corresponder al socio menor pero que por primera vez en 60 años quedará para el partido de Merz. A su hermanada Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), de línea más derechista que la CDU, se le adjudica Interior, determinante para la política migratoria, la lucha contra el terrorismo y contra el extremismo político. Al SPD le corresponderán siete del total de 17 carteras, entre ellas Defensa y Finanzas, además de la vicecancillería, lo que le dará un papel determinante en el ejecutivo pese a su condición de socio menor.

¿Para cuándo el relevo en la Cancillería?

El pacto consensuado debe superar aún la ratificación de los tres partidos, a los que corresponde además designar a sus ministro. En el caso del SPD, la ratificación será a través de una consulta por voto telemático a sus bases. Para la CDU, en un congreso en pequeño formato a finales de abril, mientras que la CSU lo hará a escala de su cúpula. La fecha contemplada para que Merz se someta finalmente a su elección como canciller en el Parlamento se sitúa en la segunda semana de mayo, probablemente entre el 5 y el 7. Es decir, en vísperas del 80 aniversario de la Capitulación del Tercer Reich, que aspira a presidir ya como canciller. Hasta entonces, el equipo de Olaf Scholz y su coalición con los Verdes siguen como gobierno en funciones.