“Los recortes en las ayudas al diésel agrícola son la gota que colmó el vaso de nuestra paciencia”, explica Sven Laske, agricultor de 35 años de Brandeburgo, el “land” que envuelve Berlín. Forma parte de un corrillo de unos veinte compañeros arremolinados junto a una hoguera, a unos 200 metros de la emblemática Puerta de Brandeburgo. Unos toman una sopa humeante recién cocinada en el hornillo de un camión, otros apuran el quinto café, alguno desafía el frío –7 grados bajo cero, a punto de llegar al mediodía- con una cerveza. Destaca en el corrillo un grupo de trabajadores de una empresa de limpieza de carreteras -Retec- enfundados en su mono amarillo. “
. No tenemos infiltrados, no es una protesta politizada”, sostiene uno de ellos.
Un grupo de agricultores se calienta frente a la puerta de Brandeburgo / GEMMA CASADEVALL
Laske llegó con su tractor al centro de Berlín el pasado lunes. Ahí sigue aparcado junto con otra cincuentena de vehículos industriales. Está determinado a mantener esa posición hasta el próximo lunes. Ese día deberá confluir en la capital la gran revuelta de los tractoristas: miles de vehículos procedentes de todo el país, que en los días precedentes han reflejado ya la rabia del campo por toda Alemania, de norte a sur y de este a oeste. A los agricultores de medianas o pequeñas explotaciones se les habrán añadido transportistas, empresas de limpieza y otros sectores hermanados.
La presencia ultra“Es injusto relacionar las protestas del campo con la ultraderecha. Haya o no elementos ultraderechistas en nuestras concentraciones”, apunta el presidente de la Asociación de Agricultores de Brandeburgo, Henrik Wendorff, desde la televisión pública regional RBB. La presencia de tales infiltrados se ha plasmado en sucesivas marchas tanto en el 'land'vecino a la capital como en los de Sajonia o Turingia. Son estados federados del este alemán, donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) podría erigirse en primera fuerza en los comicios regionales convocados para el próximo septiembre.
“La ultraderecha tiene un olfato muy fino para pescar electorado entre los descontentos. Así fue con la llegada de refugiados de sucesivas crisis migratorias o cuando capitalizó el descontento de los antivacunas, durante la pandemia. Ahora llegó el turno al campo”, explica el politólogo berlinés Hajo Funke. Este profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín, autor de varios libros sobre la ultraderecha alemana, lleva años alertando de su peligro para la vida democrática y de su enorme capacidad conspiradora. La AfD es, a escala nacional, el segundo partido en intención de voto, solo aventajado por la oposición conservadora integrada por la Unión Cristianodemócrata y su hermanada Unión Socialcristiana de Baviera (CDU/CSU). Durante décadas, el voto del campo fue prioritariamente hacia estas grandes formaciones conservadoras. Ahora la AfD busca nuevo electorado entre el descontento agrícola.
Las infiltraciones radicales no proceden solo de ese partido, único del espectro ultra con representación parlamentario. Ahí están también formaciones marginales, como la llamada Tercera Vía, movimientos identitarios o, en el caso de Sajonia, los Freie Sachsen -Sajones Libres-. Se mezclan en las marchas con pancartas transmisoras de mensajes de odio o llamando a mandar a la horca a sus dos principales “enemigos”: el ministro de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, y el de Agricultura, Cem Özdemir, ambos de los Verdes.
Habeck, con rango de vicecanciller en la coalición de Olaf Scholz, vivió un conato de asalto por varios centenares de “agricultores” que pretendían irrumpir en el ferrry que le transportaba a Berlín, tras sus vacaciones navideñas en casa. Özdemir, quien muestra incansablemente su comprensión hacia las protestas del campo, ha sufrido implacables abucheos cada vez que habla ante concentraciones de tractoristas, algo que hace casi a diario. Se ha ganado al menos el respeto de los gremios de los agricultores con su coraje.
Es un político que conoce el acoso implacable ultra desde que, en 1994, se convirtió en el primer diputado de origen turco del Bundestag (Parlamento federal). Las pancartas con dibujos de Özdemir ahorcado salpican los marchas de los tractoristas. Son proclamas parecidas a las que se vieron en Dresde, capital de Sajonia y cuna del movimiento islamófobo Pegida, durante la crisis migratoria de 2015. En esos tiempos la horca se aplicaba a la entonces canciller, la conservadora Angela Merkel; ahora se dirige a los verdes Habeck y Özdemir o al líder de la coalición, el socialdemócrata Olaf Scholz. Dos años después de las grandes movilizaciones de Pegida, en las generales de 2017, la AfD logró por primera vez en su historia escaños en el Bundestag.
Las legítimas protestas del campo
No hay organización gremial del campo alemán, sea a escala nacional o regional, que no se haya distanciado de los infiltrados ultras. El presidente de la Federación Alemana de Agricultores, Joachim Ruckwied, insiste en la legitimidad de sus reclamaciones y también en que no cederán en sus protestas, se mezclen o no en ellas esos infiltrados. “Es especialmente triste para nosotros ver esa instrumentalización ultra”, afirma Laske, el tractorista brandeburgués plantado en Berlín, a la espera de la gran marcha del próximo lunes. La suya es una pequeña explotación agrícola ecológica. Fue votante verde, afirma, que no sabe a quien dirigirá su voto futuro. Descarta, sin embargo, a la AfD. “No es una alternativa, aunque ese es el nombre que se puso”.
El detonante de la revuelta es el recorte en los beneficios fiscales y la subvención al diésel agrícola, aprobado al cerrar el año pasado por el gobierno de Scholz. Fue una de las medidas de austeridad decididas de pronto, precipitadas por una sentencia del Tribunal Constitucional que bloqueó un fondo de 60.000 millones de euros. Hubo que recortar muchas partidas de los presupuestos de 2024 -aún no aprobados-, entre ellas subvenciones implantadas hace más de medio siglo. La del diésel entraba en las ayudas calificadas de dañinas desde el punto de vista medioambiental y que, por tanto, deben ser sustituidas a medio o largo plazo.
Al anuncio del equipo de Scholz respondió el campo con una primera movilización masiva de tractoristas sobre Berlín, aún en diciembre. El canciller rectificó y dejó los recortes en la mitad de lo previsto -aunque mantiene el objetivo de su supresión gradual para 2026-.
La supuesta gota que rebosó el vaso supone, según cálculos de la primera cadena de la televisión alemana, ARD, una pérdida media de 1.780 euros anuales para el total de 263.500 explotaciones agrarias existentes en toda Alemania. Una cantidad aparentemente moderada, que supone un 6 % de los apoyos agrícolas, entre los procedentes de fondos europeos y del Estado alemán. Pero que transformó en rabia el malestar persistente de un sector del que dependen un millón de trabajadores en el país -ampliables a 4,4 millones, si al propiamente agrícola se suma el sector alimentario, lo que supone uno de cada diez trabajadores del país.
El campo ha perdido en 25 años una cuarta parte de sus explotaciones. Está quejado por múltiples y crecientes incertidumbres, incluidas las climáticas, vistos los estragos derivados de devastadoras inundaciones y otras catástrofes naturales que, según las alertas de expertos y organismos globales, no van a ceder, sino a multiplicarse. El sector agrícola no es el gran motor económico de Alemania, país eminentemente industrial.
Pero en tiempos de inflación -sobre el 6 % en 2023-, de contracción económica -una recesión estimada en el 0,4 % del PIB- y con la ultraderecha empujando, su revuelta es todo lo contrario a lo que Scholz necesita para recuperar el terreno perdido. Las previsiones son de más estancamiento o de recuperación más lenta de lo deseable: un crecimiento del 1,3 % es lo que preveía el equipo de gobierno para 2024. Las devastadoras inundaciones registradas a finales de diciembre en el norte y centro alemán, más el parón provocado por la confluencia estos días de una nueva huelga nacional de ferrocarriles -la tercera en pocos meses- y la revuelta agrícola hacen temer una revisión a la baja.
Todos contra el semáforo de Scholz
Son muchas las consignas alusivas a la “muerte del campo” que exhiben los tractoristas alemanes en sus marchas o bloqueos de carreteras, en todo el territorio de la primera economía de la zona euro. Pero su rabia se ceba especialmente en la palabra “Ampel” -semáforo, en alemán. Es el término que se aplica al tripartito del canciller Olaf Scholz entre socialdemócratas, verdes y liberales. Sigue el modelo alemán de identificar cada partido con un color -rojo, para la socialdemocracia de Scholz, verde para los ecologistas y amarillo para los liberales.
El semáforo está en rojo fulminante para el canciller, al que los sondeos atribuyen un 15 % en intención de voto a escala nacional. Le superan la oposición conservadora, en primer lugar, o la ultraderecha, en segunda posición, y le disputan el tercer puesto los Verdes, pese a que también cayeron a mínimos. El tercer socio, los liberales, están en la cuerda floja del 5 %, mínimo para obtener escaños.
Lo que a escala nacional apunta a una notable debilidad se convierte en niveles misérrimos para las regionales que tendrán lugar en el este del país el próximo otoño: el partido de Scholz podría caer al 5 % o incluso al 3 % en el “Land” de Sajonia.
Que a sucesivas coaliciones de gobierno se les vaticine la ruptura inminente es casi un clásico en Alemania, aunque pocas veces se produzca el cataclismo. Lo mismo ocurre con el término “Dämmerung” -crepúsculo- que se aplicó a Angela Merkel en cada crisis de coalición que sufrió, para acabar retirándose invicta tras 16 años en el poder. Pero esta vez son muchos y persistentes los temporales que azotan a la alianza de Scholz.
El detonante de su hasta ahora peor crisis fue la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, en respuesta a la demanda elevada por la oposición conservadora. El argumento opositor era que el gobierno de Scholz se había saltado el freno a la deuda al dotar con lo sobrante de un fondo articulado contra la pandemia a un paquete destinado a la transición energética verde. El Constitucional respaldó la demanda opositora: el freno a la deuda solo puede suspenderse ante emergencias; lo sobrante de una situación “especial” no es trasladable automáticamente a otras necesidades.
Scholz podría haber tratado de argumentar que el freno a la deuda es obsoleto o que lastra la recuperación tras la crisis energética precipitada por la invasión rusa de Ucrania. Tanto su Partido Socialdemócrata (SPD) como los Verdes claman por reformar o enterrar ese instrumento, según el cual el endeudamiento no puede superar el 0,35 % del PIB. Pero cedió al imperativo de la austeridad y la contención del gasto público, una señal de identidad de su socio liberal, entre cuyas filas se ha generado una fuerte corriente partidaria de abandonar la coalición.
Scholz quiso zanjar la crisis de coalición con el compromiso de que en 2024, tras cuatro años de suspensiones, se respetará el freno a la deuda. Pero la revuelta del campo ha reactivado entre los socialdemócratas las voces que reclaman su “reforma” -término eufemístico para su abolición-. No son voces aisladas, sino que las sustentan líderes de regiones de fuerte arraigo agrícola. Entre ellos, la primera ministra de Mecklenburgo-Antepomerania, Manuela Schwesig, en el este, y su colega de Baja Sajonia, Stephan Weil, en el centro. No son presiones procedentes del enemigo ultraderechista o del rival conservador. Es fuego amigo, como lo fue una resolución del último congreso socialdemócrata, celebrado el pasado diciembre, que reclamaba suspensión del freno a la deuda a la que se aferra, a escala alemana como europea, el socio liberal.
Gemma Casadevall
