De Duisburg a Düsseldorf

Alemania abre un tortuoso y tardío juicio por los muertos de la "Loveparade"

Gemma Casadevall

Düsseldorf (Alemania), 8 dic (EFE).- La Justicia alemana abrió hoy un proceso que se prevé tortuoso por la trágica "Loveparade" de 2010, la gran fiesta al aire libre en la que murieron 21 jóvenes, y que dejó más de 650 heridos, en medio de un cúmulo de presuntas negligencias y errores de organización. 




Seis empleados de la administración de Duisburgo (oeste), donde se celebraba la fiesta, y cuatro de la empresa organizadora, Lopavent, se sentaron en el banquillo, confrontados a los sesenta representantes de la acusación particular, en su mayoría familiares de víctimas o supervivientes. 
El juicio, uno de los mayores de la historia reciente alemana, se abrió con 45 minutos de retraso y, tras la identificación de los implicados -los procesados, sus 32 abogados, más los de la acusación particular y los intérpretes a cuatro idiomas- se sucedieron las interrupciones por problemas técnicos o alegatos de la defensa. 
Tras seis horas de sucesivas pausas, el fiscal Uwe Mühlhoff empezó a leer su acusación, contenida en 23 páginas y con dos párrafos clave: los organizadores eran conscientes de que ponían vidas humanas en peligro y la ciudad no debería haberla autorizado. 
Frases determinantes, ante la estrategia dilatoria de la defensa, en un juicio en que el tiempo juega a favor de los acusados. 
"Si la defensa recurre a la táctica de las demoras prescribirán los cargos", comentó a Efe Paco Zapater, abogado español y padre de Clara Zapater, una de las víctimas, muerta junto con su amiga Marta Acosta, ambas de 22 años. 
Para las familias, señaló, ya es "suficientemente decepcionante" que entre los acusados no esté el jefe de Lopavent, Rainer Schaller. 
"Hemos tenido que superar muchas maniobras dilatorias, incluida la decisión de Duisburgo de no abrir juicio, en abril de 2016, a lo que siguió nuestro recurso", lamentó Gabi Müller, cuyo hijo murió atrapado en el túnel que servía de acceso y salida a la fiesta. 
La decisión de celebrar el juicio en la cercana ciudad de Düsseldorf se debe a razones logísticas y de aforo, lo que, según Gerhard Baum, abogado de un grupo de afectados, ha demorado también la apertura del proceso. 
A los diez acusados se les imputa homicidio por negligencia y lesiones graves por las 21 víctimas mortales -de edades entre 17 y 28 años y procedentes de Alemania, España, Holanda, Italia, China y Australia- y los 652 heridos en la fiesta. 
"Hay que probar una responsabilidad individual, no colectiva. A cada uno se le imputa su parte en una presunta cadena de errores o negligencias, en la planificación o en la organización", apuntó el portavoz de la Fiscalía, Matthias Breitenstein. 
El proceso comienza más de siete años después, tras recurrir la Fiscalía y los familiares la primera negativa a celebrarlo de la Audiencia de Duisburgo, que había escuchado las declaraciones de más de 3.000 testigos y acordó no abrir juicio alegando falta de solidez en el informe en el que se basaba la acusación fiscal, preparado por un experto británico. 
Al temor de que pueda llegarse tarde para una primera sentencia -en julio de 2020 se cumplirán diez años de la tragedia y prescribirían los cargos- se une la decepción por no tener entre los procesados ni a Schaller ni al entonces alcalde de la ciudad, Adolf Sauerland, ni el jefe de la Policía local. 
La Fiscalía ha preparado un pliego de acusación de 556 páginas y las actas de la investigación abarcan 117 archivadores, con un total de 53.000 páginas sobre la planificación y el discurrir de una fiesta a la que, cuando estalló el pánico, habían llegado entre 120.000 y 150.000 jóvenes, del medio millón que esperaban los organizadores. 
La rampa de acceso al recinto y el túnel que servía de entrada y salida a éste -de 400 metros de largo y dividido en dos tramos- no era suficiente para ese caudal humano, a lo que siguió un cruce de medidas contradictorias entre policía y organizadores. 
Algunas de las personas atrapadas pudieron ponerse a salvo encaramándose a una escalera de salida en medio del túnel. 
En ese punto colocaron los familiares y otros afectados el monumento en recuerdo a la tragedia, escrito en los distintos idiomas de quienes murieron el 24 de julio de 2010 en ese lugar. 
La "Loveparade" nació en 1989 en Berlín como gran fiesta del tecno y en los años siguientes superó el millón y medio de asistentes, impulsada por su estrella y pinchadiscos, el Dr. Motte. 
Después empezó a declinar y se trasladó, ya organizada por Lopavent, a otros lugares de Alemania, hasta parar en Duisburgo, una desangelada y endeudada ciudad de la cuenca del Ruhr de medio millón de habitantes. EFE gc/nl/emm

El juicio, un dolor necesario para los familiares de las víctimas                       Gemma Casadevall Düsseldorf (Alemania), 8 dic (EFE).- Las familias de las víctimas de la "Loveparade", la fiesta tecno en la que murieron 21 jóvenes aplastados entre la multitud, acudieron hoy a la apertura del juicio por la tragedia conscientes de que revivirán un dolor nunca superable y de la necesidad de enjuiciar a sus responsables.  "Lo peor fue venir entonces a identificar el cuerpo de mi hija. El desgarro sigue, pero ahora acudo con la entereza de quien sabe que hace lo correcto", dice a Efe Paco Zapater, abogado de Tarragona y padre de Clara, una estudiante de 22 años que murió en esa fiesta el 24 de julio de 2010, en Duisburgo (oeste de Alemania).  Su hija y su amiga Marta Acosta, de la misma edad y también en Alemania con un programa Erasmus, murieron "asfixiadas entre la multitud, porque no había salida en esa ratonera", sostiene Nuria Caminal, esposa del abogado y, como él, impulsora del proceso.  En los siete años transcurridos desde ese día, el marido se ha acostumbrado a atender a los medios con una sonrisa tranquila, mientras que a su mujer se le escapan inevitablemente las lágrimas, de dolor y también de rabia.  "Nunca debieron autorizar esa fiesta ahí. La codicia del organizador y la petulancia del alcalde desencadenaron la tragedia", apunta Gabi Müller, madre de otro muchacho muerto ese día que junto con los Zapater "removió cielo y tierra" -en palabras de Nuria- para impedir que se archivase el caso.  Las familias Acosta, Zapater y Müller forman parte de la acusación particular que recurrió la decisión de la Audiencia de Duisburgo de 2016 de no abrir proceso y hoy tuvieron por primera vez ante sí a los diez encausados: seis empleados de la administración local y cuatro de la empresa organizadora del festival, Lopavent.  "Me he plantado ante ellos, les he mirado a la cara. Cuando vengan como testigos los culpables de verdad también estaré aquí", asegura Nuria Caminal, decepcionada como Müller porque no estén entre los acusados el jefe de Lopavent, Rainer Schaffer, el entonces alcalde Adolf Sauerland y el jefe de la policía local.  La madre de Clara admite que no tendrá valor para asistir a las vistas en que se mostrarán de nuevo las imágenes de una tragedia en la que, además de las 21 víctimas mortales quedaron heridas 652 personas, y por las que se acusa de homicidio negligente y lesiones físicas a los diez procesados.  "He visto esos vídeos y fotos muchas veces. Pero no sé si lo soportaría aquí", dice ante el inicio de un juicio, trasladado a Düsseldorf por razones de aforo.  Hasta 2018 se han programado 111 vistas, pero el final del proceso es incierto. Los Zapater temen que pueda alargarse hasta prescribir, en julio de 2020, los cargos contra los acusados.  "El amor no acaba nunca, pero la justicia prescribe", lamenta. La primera parte de esa frase es la que quedó inscrita en el monumento en recuerdo de las víctimas, en el lugar de la tragedia, que el matrimonio visita todos los años en el aniversario de la tragedia.  Las imágenes de lo ocurrido en el túnel de 400 metros de largo que debía servir de acceso y salida al recinto para hasta medio millón de jóvenes siguen siendo "un hachazo en el corazón", afirma la madre de Clara Zapater.  Que al final no acudiera la cifra ansiada por los organizadores, sino aproximadamente unos 150.000 jóvenes evitó "que hoy no seamos muchos más los que lloramos a nuestros hijos", dice, mientras su esposo, sin perder la sonrisa, pero con los ojos enrojecidos, posa un brazo sobre sus hombros.  "Queremos tres cosas: que se juzgue a los responsables, que se aclare cómo ocurrió y que no vuelvan a haber tragedias como ésta, en ningún país del mundo", dice el abogado.  Que el juicio se celebre siete años después, que nadie asumiera voluntariamente responsabilidades políticas -el alcalde acabó dimitiendo tras un referéndum ciudadano en que una abrumadora mayoría pidió su cese- es algo que no extraña ya al matrimonio de Tarragona.  "Cuando Clara nos dijo que se venía a Alemania con el Erasmus nos quedamos tranquilos. Pensábamos que éste es un país donde las cosas funcionan bien", asegura el padre. La tragedia y la "ineficacia judicial" posterior le mostraron "una Alemania que creía imposible", asegura. EFE gc/nl/emm