Alemania dispara el gasto público para atender a Defensa y al ciudadano
Joana Serra
Alemania reacciona ante la situación creada por la guerra en Ucrania con una dinámica parecida a la empleada, en lo presupuestario, contra la covid-19. El consejo de ministros del canciller socialdemócrata Olaf Scholz, con el liberal Christian Lindner al frente de Finanzas, aprobó un proyecto de ley para los presupuestos de 2022 que incluye un nuevo endeudamiento de casi 100.000 millones de euros –concretamente 99.700 millones de euros-- a los que se añadirá el fondo especial de inversiones por 100.000 millones de euros destinado a la partida de Defensa.
Lo segundo forma parte del paquete especial anunciado por Scholz tres días después de iniciarse
la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Su objetivo es, por un lado, cumplir el objetivo marcado desde hace años –e ignorado, hasta ahora-- por la OTAN de destinar a Defensa alrededor de un 2,0 % del Producto Interior Bruto (PIB). Por el otro, modernizar un Ejército que, como viene reclamando el estamento militar, quedó obsoleto tras varias legislaturas marcadas por la austeridad. De pronto, Alemania quiere despedir sus viejos aviones de reconocimiento “Tornado” y substituirlos por modernos F-35 de fabricación estadounidenses, considerados los cazas mejor dotados del mundo y capacitados para transportar armamento nuclear.
El paquete de inversiones en Defensa es el más espectacular. Pero en paralelo Lindner se propone “compensar” las repercusiones de la guerra sobre la gran industria, pero también sobre el ciudadano. Más o menos la misma doctrina que se aplicó, aún en tiempos de la canciller conservadora Angela Merkel, para paliar los estragos de la covid sobre el mercado laboral o la actividad económica, que quedó paralizada durante meses por las restricciones en la vida pública.
Este apartado aún debe concretarse, puesto que depende del alcance y las repercusiones de la guerra.
Destacan de entrada la serie de compensaciones, tanto al ciudadano como a la empresa, para paliar el alza de los precios de la energía. Una de las normas ya consensuadas entre la coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales es el aumento de la ayuda a los hogares con rentas bajas para hacer frente a la factura de la calefacción. Será de 270 euros para ciudadanos de bajos ingresos, estudiantes o jubilados con pensiones mínimas, en caso de personas que vivan solas. Si conviven dos personas en esas mismas condiciones la ayuda sube a 350 euros. Se contempla asimismo 70 euros más por cada persona adicional que resida bajo ese mismo techo.
Ello es más del doble de lo inicialmente previsto por la alianza de Scholz, suscrita el pasado diciembre. Entonces la factura energética ya había empezado a dispararse. Desde el agresión contra Ucrania el ascenso es ya imparable, en un país donde un 50 % de las importaciones de gas procede de Rusia. Se estima que estas ayudas beneficiarán a unos 2,2 millones de personas.
Lindner se propone, asimismo, establecer ayudas a los conductores que dependen del coche propio para acudir al trabajo o para desplazamientos familiares. Su objetivo es que ni la gasolina ni el diésel –ahora en los 2,25 euros por litro-- cuesten al ciudadano más de dos euros por litro. Es una medida impulsada casi como asunto propio por el ministro de Finanzas, a cuyo partido liberal se apoda en Alemania como el defensor de los ciudadanos con ingresos altos. Los Verdes no respaldan, por ahora, su idea de compensar o primar al conductor.
Alemania parece haberse despedido así, un año más, de cumplir con el llamado “freno de la deuda”, una norma anclada en la Constitución por la cual el déficit no puede superar el 0,3 % del PIB. La misma norma prevé, sin embargo, excepciones en tiempos de emergencia. A eso se sujetó la gran coalición de Merkel durante la crisis de la covid, del mismo modo que el tripartito de Scholz lo hace ahora ante una guerra de consecuencias aún más impredecibles y globales.