Baviera persigue el activismo climático como presunta “organización criminal”
Marina Ferrer
Baviera, el más próspero y conservador “land” alemán, colocó al activismo climático de “Última generación” bajo sospecha de constituir una “organización criminal”. Tras meses ordenando el ingreso en prisión preventiva de sucesivos participantes en acciones de bloqueo o “pegado” en el alfalto convocadas por este movimiento ecologista, la Fiscalía de Múnich orquestó los registros coordinados de 15 viviendas repartidas en distintos puntos de Alemania en busca de pruebas en qué sustentar la sospecha de sus “actividades criminales”.
El operativo se dirigía contra siete activistas, entre 22 y 38 años, a los que se imputa recaudar fondos para su compaña. Concretamente, haber juntado hasta 1,4 millones de euros de donativos con los que llevar a cabo sus acciones. A dos de ellos se les imputa además una acción de sabotaje contra un oleoducto bávaro.
El operativo ordenado por Baviera supone un giro cualitativo en las medidas adoptadas contra estos grupos. El colectivo “Letze Generation” -”Última generación”- es la rama alemana de esta forma de activismo climático global especialmente presente en Europa occidental. En el caso de Alemania, a algunas provocativas acciones en museos como el Barberini de Potsdam, la ciudad vecina a Berlín, o simulacros de atentados contra obras de arte ha seguido el goteo de cortes de tráfico en puntos neurálgicos de la red viaria. Son acciones puntuales, pero con un alto grado de reincidencia que ha minado las simpatías con que muchos ciudadanos veían inicialmente sus objetivos. Primero se reaccionó con comprensión hacia los representantes de una generación que clama contra la falta de ambición de gobiernos y organismos internacionales frente al cambio climático y que recuerda a sus mayores que no hay un “planeta B” substitutorio al presente. Pero de ahí se pasó a contemplarlos como una “molestia” diaria que afecta al transportista o al ciudadano común camino al trabajo, a la escuela de sus hijos o al aeropuerto. Se les ha acusado de obstaculizar el paso de ambulancias o impedir la llegada de los primeros auxilios a una ciclista agonizante -un caso que levantó gran revuelo en Berlín-. Algún que otro conductor ha respondido con la agresión física a los acciones de “pegado” sobre el asfalto y hay abierto un procedimiento disciplinario en la capital por un operativo policial de violencia desproporcionada contra un activista.
“La política y la justicia no pueden tolerar el delito. Actúan, como es su deber y su responsabilidad”, aseveró la ministra del Interior, Nancy Faeser, mientras desde el movimiento “Letzte Generation” se denunciaba los intentos de criminalizarles. El gobierno alemán, como el ciudadano común, oscila entre la comprensión y el hartazgo ante las acciones del grupo. El propio
canciller Olaf Scholz calificó estos días de “tontada” la acción de un grupo de activistas que salpicó una visita suya a una escuela.
El operativo del miércoles partió de Baviera, donde el próximo octubre se celebran elecciones regionales. Su partido dominante es, desde hace décadas, la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), cuyo líder y primer ministro regional, Markus Söder, aspira a seguir gobernando con el aún más derechista partido de los Electores Libres. Rechaza hacerlo con los Verdes, partido que en las anteriores regionales experimentó un fuerte auge en Baviera, pero que ahora está de capa caída.
Asimismo de capa caída, o incluso peor, están los Verdes a escala federal. El titular de Economía y vicanciller, el ecologista Robert Habeck, ha pasado en meses de ser el ministro estrella del socialdemócrata Scholz a verse cuestionado tanto en su gestión como por sospechas de nepotismo en puestos de confianza.
Uno de sus más ambiciosos proyectos de ley -la sustitución progresiva, pero obligatoria de las calefacciones de gas y petroleo por sus equivalentes de energías renovables- ha quedado aparcada entre críticas de la oposición y recelos de los liberales, el tercer socio del tripartito de Scholz. El rifirrafe parlamentario en torno a ese proyecto discurre en paralelo al vía crucis de Habeck, que este miércoles tuvo que someterse a una comisión parlamentaria en medio de las acusaciones de conflictos de intereses en su Ministerio. Hace un par de días, Habeck encajó el relevo de uno de sus hombres de confianza, el secretario de Estado Patrick Graichen, envuelto en un enrevesado caso de solapamiento de intereses privados y familiares.