Berlín anuncia mano dura frente a los bloqueos de aeropuertos por activistas medioambientales
Joana Serra
Pero el gobierno alemán ha advertido de que se actuará con contundencia ante unos delitos que no pueden considerarse „menores“, porque afectan a la seguridad aérea en unos momentos de máxima movilidad y actividad turística. El 15 de agosto no es festivo en toda Alemania -aunque sí en Baviera- ni tampoco una fecha tradicional para el retorno con el fin de las vacaciones. Pero como el resto del mes hay una gran afluencia de pasajeros que emprenden vacaciones o regresan de éstas.
„Son acciones criminales estúpidas“, afirmó la ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, a través de su cuenta en X. Los activistas medioambientales buscan „el caos“ y arriesgan no solo sus propias vidas, sino las de muchas otras personas, principalmente pasajeros.
Su departamento se propone atajar la cuestión con un endurecimiento de las penas previstas. Las acciones del activismo medioambiental en instalaciones sensibles como los aeropuertos son consideradas „alteraciones graves del orden público“ y podrán ser castigadas con penas de hasta dos años de cárcel, inclusive si se trata de tentativas que no llegan a materializarse por la rápida acción de las fuerzas policiales. Hasta ahora, los bloqueos o actos de protesta sobre las pistas de los aeropuertos acarreaban detenciones preventivas y sanciones. La nueva regulación impulsada por Faeser superó la aprobación en Consejo de Ministros, pero debe completar el trámite parlamentario.
Al margen de las medidas impulsadas por la coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales del canciller Olaf Scholz, las acciones del movimiento de la „Ultima Generación“ han puesto de relieve las lagunas de seguridad en esas instalaciones. Este jueves, fueron apenas entre dos y siete los activistas que penetraron en cada uno de los recintos de los cuatro aeropuertos.
Lo lograron simplemente rompiendo o practicamendo un agujero en una de las vallas, teóricamente vigiladas día y noche. Y no trataron de alcanzar las pistas de aterrizaje o despegue, sino que se quedaron en zonas adyacentes. Con ello pretendían subrayar el carácter pacífico de sus acciones, cuyo propósito es lograr el abandono de los combustibles fósiles hasta el 2030. Su impacto en el tráfico aéreo no adquirió las dimensiones de lo ocurrido unas semanas atrás en el aeropuerto de Fránkfurt, donde durante horas se suspendió toda la actividad y llegaron a cancelarse unos 400 vuelos -es decir, más de una cuarta parte de los programados ese día-.
El ministerio del Interior emprendió negociaciones con los responsables de los principales aeropuertos para lograr de éstos un mayor compromiso con su seguridad a través de personal privado. Las empresas gestoras rechazan estas propuestas, con el argumento de que estas acciones tienen su origen en protestas sociales, medioambientales o políticas que exceden a sus dominios. Reclaman del gobierno mayores inversiones y recursos en materia de videovigilancia, vallas y resto de equipamientos precisos para estas infraestructuras esenciales.