Joana Serra
La evidencia de que la matanza perpretrada por el autor confeso del atentado reivindicado por Estado Islámico (EI) en Solingen, en el oeste de Alemania, se habría evitado si se le hubiera expulsado, en el día previsto, a Bulgaria planea sobre una semana decisiva para el tablero político alemán. „Siento ira, rabia… Esto es terrorismo“, acertó a decir Olaf Scholz, sin perder su habitual sangre fría, desde el lugar donde el viernes un sirio de 26 años se lanzó a cuchilladas sobre la multitud concentrada en una fiesta popular. Tres muertos y varios heridos fue el balance de su ataque. Su autor había tomado un cuchillo del centro de refugiados donde residía, a unos 200 metros del lugar de la matanza, y salió a cumplir con su cometido como „soldado“ de EI: matar a cuanta gente le fuera posible. En medio dejó herido a otro refugiado iraní, Siavash Hosseini, quien cooperó como testigo en las más de 24 horas que distaron entre el atentado contra la „Fiesta de la Diversidad“ y el momento en que Issa al H se entregó a la policía.
Scholz acudió a Solingen no solo a expresar su rabia, sino también para comprometerse a agilizar el plan de expulsiones que había anunciado meses atrás. Acelerará asimismo su gobierno la prohibición de las armas blancas en la vía pública, anunciada por su ministra de Interior, Nancy Faeser, hace unas pocas semanas y ante el aumento de ataques de todo tipo con cuchillos o navajas.
Issa al H debería haber abandonado Alemania en junio del 2023. Llevaba entonces un año en Alemania, donde entró procedente de Bulgaria, país al que por tanto le correspondía hacerse cargo de su acogida. Esquivó la expulsión no estando en su centro en la fecha marcada para ir a recogerlo. Nadie más llamó a su puerta ni hubo una segunda cita. No se le reconocía un radicalismo ni había incurrido en delitos. Expiró así el plazo para su entrega a Bulgaria y se le concedió protección subsidiaria.
Si todo fue producto de una estrategia estudiada o simplemente ocurrió, es algo que deberá aclarar la investigación de la Fiscalía General. Lo mismo ocurre con la veracidad de la reivindicación de EI o el grado de vinculación a esa red terrorista, que suele reconocer como „propios“ atentados cometidos por jóvenes radicalizados o simples consumidores de sus canales de comunicación y propaganda.
Por lo pronto, Scholz tiene ante sí la papeleta de agilizar unas expulsiones que a menudo fracasan por la marea burocrática en que quedan sumergidas y los preceptos jurídicos, razones humanitarias o falta de acuerdo con terceros países donde deportarles. A finales de 2023 había en el país unas 230.000 personas con orden de abandonar Alemania, de las cuales se sabía de antemano que a 195.000 no se les podía expulsar por distintas razones. En el primer trimestre de 2024 se han ejecutado 6.300 órdenes de expulsión, según cifras recientes.
Scholz y las autoridades de Renania del Norte-Westfalia, el „Land“ donde está Solingen, han optado por mostrar cohesión, pese las diferencias políticas entre el canciller socialdemócrata y el primer ministro regional, Hendrik Würz, de la conservadora CDU. Al fin y al cabo, la tarea de llevar a cabo las deportaciones es competencia del „Land“.
En cambio, la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se frota las manos ante sus efectos en las elecciones que se celebran el próximo domingo en Turingia y Sajonia, en el este de país. Serán los primeros en la serie de comicios de este septiembre que pueden impulsar al radicalismo derechista al poder, tanto en esa mitad de Alemania como en la vecina Austria, donde el último domingo de septiembre se celebran comicios nacionales.
La posible victoria en el este alemán y luego la Austria es un objetivo al alcance de la mano de una ultraderecha centroeuropea ansiosa de nuevos hitos.
Los sondeos favorecian ya antes de la matanza de Solingen a la AfD, un partido no adscrito a las grandes familias europeas del populismo derechista por su radicalismo. Las mejores opciones para alcanzar su primera victoria regional en Alemania las tiene el líder de Turingia, Björn Höcke, cabecilla del ala más radical de AfD.
En Austria, aspira al puesto de canciller el jefe nacional del FPÖ, Herbert Kickl, superviviente de la última coalición de gobierno que lideró el conservador Sebastian Kurz y que se hundió en 2019 entre una acumulación de escándalos por corrupción.
Los sondeos situaban ya a la AfD en primera posición en Turingia, con un 30 % de los votos, siete más que los que se pronosticaba a la derecha moderada de la CDU. A los socialdemócratas de Scholz se les vaticina un nuevo mínimo histórico.
En Sajonia, el primer puesto está en disputa entre la AfD y la CDU. Se perfila asimismo un fuerte ascenso del populismo izquierdista de Sahra Wagenknecht, BSW, un partido que comparte con la AfD el discurso antimigratorio y el perfil de partido prorruso. A las elecciones en Sajonia y Turingia les seguirán las de Brandeburgo, el 22 de septiembre, donde también la AfD lidera la intención de voto.
Las regionales del este alemán tienen escaso peso demográfico en el conjunto de Alemania. Entre los tres estados federados suman algo más de 7,1 millones de electores, en un país con 60 millones de ciudadanos con derecho a voto. Pero el ascenso de la AfD, sumado a la irrupción de un nuevo partido populista con el potencial de la BSW, sacudirá el tablero político alemán.
En Alemania se cruzan los comentarios acerca de un posible fin prematuro de la coalición de Schloz, que acumula un sinfín de disensos presupuestarios y enemistades personales públicas. La convocatoria de las próximas elecciones generales está fijada para el 28 de septiembre de 2025.
Mientras que en Alemania se considera que el este podría darle la estocada final a la alianza de Scholz, en Austria se perfila un adiós a la coalición actual liderada por el conservador Karl Nehammer y con los verdes como aliados.
Al FPÖ de Kickl se le sitúa sobre el 29 o 30 %, hasta cinco puntos por delante tanto de conservadores como de socialdemócratas. A diferencia de la AfD alemana, sometida a un estricto cordón sanitario por el resto de los partidos parlamentarios, la derecha radical austríaca ha formado parte de sucesivas alianzas a escala nacional. Tiene además una posición de fuerza en la Eurocámara, tras formar junto con el húngaro Víktor Orbán y la francesa Marine Le Pen, entre otros, el nuevo grupo parlamentario de los llamados los „Patriotas para Europea“.
Kickl representa la revitalización del FPÖ, uno de los partidos más antiguos y consolidados entre las formaciones de ese espectro a escala europea, pero que parecía hundido tras la ruptura de coalición de 2019. El detonante fue el llamado „caso Ibiza“, cuando apareció un comprometedor video mostrando a su líder de entonces, Hans Christian Strache, trapicheando apoyos a su campaña con una mujer que se hacía pasar por la sobrina de un oligarca ruso.
Kickl se presenta ahora como el regenerador del partido, con un programa electoral de línea dura, que promulga la „remigración“ de ciudadanos extranjeros, el bloqueo a la reubicación de migrantes irregulares en su territorio y el cerrojo a nuevos solicitantes de asilo en su territorio. Propugna el retorno de Austria a la neutralidad política, se opone a su pertenencia a la UE y también a las entregas de armas y ayuda financiera a Ucrania