Alemania, ante el desafío del "antisemitismo importado"
Gemma Casadevall
El derecho a la existencia de Israel es en la República Federal de Alemania fundamento inamovible de su política exterior desde tiempos fundacionales. Se basa en su responsabilidad histórica específica, como país del que partió el Holocausto nazi. No se rebate -al menos, no en foros públicos- ni por la ultraderecha parlamentaria.
Al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre y la respuesta israelí sobre Gaza respondió el Gobierno de Olaf Scholz -un tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales- ratificando una y otra vez su apoyo incondicional a Tel Aviv. Ante la desproporción adoptada por la devastadora respuesta israelí se escuchan llamadas a la contención -en línea con las de Washington, pero lejos de la contundencia de las denuncias de la ONU- de la ministra de Asuntos Exteriores, la verde Annalena Baerbock.
Scholz, como el presidente Frank-Walter Steinmeier, ambos socialdemócratas, expresan a diario su apoyo a Israel, así como el deber de Alemania y sus fuerzas de seguridad de proteger la existencia y seguridad de los judíos del país. Forman una comunidad de unas 100.000 personas, tras décadas de ardua tarea para revitalizarla. Antes de la llegada de Adolf Hitler al poder, tuvo medio millón de miembros, de los que tras la Capitulación del Tercer Reich quedaron unos 10.000 supervivientes.
El temor en Alemania a un atentado antisemita es aún mayor que en otros países vecinos. La ministra de Interior, Nancy Faeser, ha prohibido no solo toda actividad de Hamás o organizaciones afines, además de grupúsculos neonazis, sino que mira con lupa cualquier convocatoria propalestina. La detención de varios presuntos militantes de Hamás en Berlín, con planes de atentado contra objetivos judíos en Europa, reafirmó a Faeser en su línea de máxima prevención.
Las advertencias de organizaciones izquierdistas y proasilo acerca de si no se está sometiendo al colectivo musulmán -unos seis millones de ciudadanos, del total de 83 millones de habitantes- a una suerte de "sospecha colectiva" no afectan los planes del Gobierno de Scholz. Desde la oposición conservadora se presiona para reforzar aún más la vigilancia sobre estas personas y su entorno.
Colectivo musulmán, en el ojo del huracán
El reconocimiento de la "responsabilidad especial" alemana por el genocidio del régimen nazi que asesinó a seis millones de judíos en toda Europa discurre en paralelo a la detección del "antisemitismo importado". Es decir, el que no procede de la ultraderecha, parlamentaria o clandestina, o del antisemitismo persistente en la sociedad alemana sino de la población de origen inmigrante, sobre todo musulmana. También de quienes llegaron al país como peticionarios de asilo –unos dos millones y medio de personas desde la crisis migratoria de 2015- o de los hijos de inmigrantes nacidos en el país que aspiran a adquirir la ciudadanía alemana.
Tras meses de discusiones, el tripartito de Scholz llegó a un acuerdo para una nueva ley que facilitará la adquisición de la nacionalidad alemana, aunque también agilizará los trámites para la expulsión de los peticionarios de asilo sin perspectivas de ser reconocidos como tales. Está en línea con las normativas de una Europa donde crece la ultraderecha y que endurece sus políticas migratorias, restringe asilo y cierra fronteras. Pero al menos suaviza las pautas para la naturalización de sus ciudadanos de origen extranjero y facilita la fórmula de la doble nacionalidad. Se podrá solicitar a los cinco años de residencia en el país -hasta ahora eran ocho- o incluso a los tres, para situaciones de arraigo consolidado. No entrarán en esta oferta "facilitadora" quienes puedan suponer una carga para el Estado. Es decir, quienes ingresaron como refugiados y dependan de subsidios o ayudas sociales.
Responsabilidad histórica
La normativa incluye, además, un precepto contra el llamado antisemitismo importado. Para adquirir la doble nacionalidad deberá firmarse el reconocimiento explícito de “la responsabilidad histórica de Alemania derivada del régimen nazi y sus consecuencias y su obligación de proteger la existencia de los judíos y la convivencia entre los pueblos”, según el texto consensuado, avanzado por el semanario 'Der Spiegel'. Es una formulación más suave respecto a la que se aplica desde este diciembre en el land de Turingia, en el este de Alemania, que exige el reconocimiento del derecho a la existencia del Estado de Israel. La fórmula de ese 'land', donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) podría convertirse en primera fuerza en las elecciones regionales que se celebrarán en otoño de 2024, ha levantado un debate acerca de su consistencia jurídica. Hay dudas asimismo acerca de su eficacia.
Otros estados federados, como el de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste y el más poblado del país, se han mostrado dispuestos a adoptarla. El modelo federalista alemán otorga a cada 'land' competencias específicas para aplicar criterios propios, dentro de unas líneas o marco común, a las solicitudes de nacionalización en su territorio.
El tripartito de Scholz ha optado por esa fórmula que no incluye el reconocimiento explícito del derecho a la existencia de Israel, aunque sí lo hace de forma indirecta. El propósito es que su proyecto de ley entre en el trámite parlamentario en el primer trimestre de 2024. Llevará así más de seis meses de retraso respecto al propósito inicial, que preveía su entrada en vigor con la llegada del año nuevo.
