El efecto Fukushima obliga a la canciller a buscar un acuerdo con los länder
Joana Serra, servicio especial El vuelco en los planes nucleares de la canciller Angela Merkel, decidida bajo el impacto de Fukushima a desconectar cuanto antes los reactores de su país, incluye la paz obligada con los "Länder". Cinco meses y medio después de aprobar la prolongación de la vida de las centrales nucleares sin pasar por el voto del Bundesrat -la cámara de representación territorial- Merkel pre-anunció ayer un consenso con los "Länder", aún por concretar, para acelerar el apagón atómico.
"Todos nosotros queremos abandonar lo antes posible la energía nuclear", afirmó, tras reunirse con los líderes de los 16 "Länder" alemanes en Cancillería. "Por supuesto hay diferencias a superar acerca de cómo se llevará a término ese cambio en la política energética. Pero la voluntad de hacerlo es plenamente compartida", añadió.
Por “todos nosotros” entiende la canciller no sólo su gobierno y quienes, dentro de él, defendieron hasta hace semanas la energía atómica, sino también los “Länder” liderados por la Unión Cristianodemócrata (CDU) que ella preside, igualmente partidarios de prolongar la vida de las centrales hasta que estalló Fukushima.
La canciller quiere cerrar las nucleares, y quiere hacerlo lo antes posible. Para ello precisa imperiosamente el visto bueno de los "Länder", puesto que sus filas no tienen la mayoría en el Bundesrat. De acuerdo con sus planes, el calendario de desconexión será aprobado por su gobierno el 6 de junio, entrará inmediatamente después en el trámite parlamentario y será sometido el 17 de junio al voto de la Cámara Alta, feudo de los “Länder”.
Los términos y plazos del nuevo calendario para el apagón nuclear se desconocen -Merkel sostiene que esa cuestión no se ha abordado aún, ni siquiera a puerta cerrada-. Todo dependerá, afirma, de los informes que presenten, en paralelo, la comisión técnica creada para revisar la seguridad de las plantas, así como la otra, bautizada de comisión ética, que estudia la viabilidad y desarrollo de alternativas a la era nuclear.
Ambos gremios fueron formados a instancias de Merkel inmediatamente después de la primera alarma del Fukushima, el 11 de marzo, tras ordenar la desconexión inmediata de los siete reactores más viejos del país y dictar la moratoria de tres meses a la ley por la que su gobierno había prolongado unos meses atrás la vida a las centrales.
Al frente de la comisión ética colocó a Klaus Töpfer, ministro de Medio Ambiente en tiempos de Helmut Kohl y entre 1998 y 2006 director ejecutivo del programa de Medio Ambiente de la ONU. Töpfer es desde siempre, incluido en tiempos de Kohl, un escéptico respecto a la energía nuclear. Se da por hecho cuál será su recomendación a Merkel: cerrar lo antes posible.
Todo apunta a que Alemania asistirá así una paradoja. La misma coalición de centroderecha que pretendía prolongar la vida de las centrales acabará cerrándolas antes de lo que inicialmente había previsto su antecesor, Gerhard Schröder, al frente de su alianza socialdemócrata-verde.
Schröder, tras un largo pulso con la industria, logró en 2000 el consenso con los consorcios energéticos
para desconectar la última de las centrales, a más tardar, en 2021. Merkel, que mantuvo a regañadientes ese calendario en su primera legislatura, en coalición con socialdemócratas, lo echó por tierra tras lograr la reelección y formar alianza con el Partido Liberal (FDP).
El actual gobierno vendió así, en noviembre de 2010, como una "revolución" su nueva ley energética, que prolongaba el periodo de existencia de las centrales entre 8 y 14 años. E introducía, además, una tasa a cargar sobre la industria, a cambio de la explotación adicional de sus reactores y los beneficios que eso le comportaría.
Todo eso fue antes de Fukushima. Alemania no tiene que temer un terremoto ni un tsunami, pero la catástrofe en un país altamente industrializado y con estándares de seguridad altos, en materia atómica,
impiden seguir adelante con esos planes, defiende Merkel.
La factura del vuelco nuclear
La canciller busca la paz con los “Länder” para evitar daños mayores, mientras su ministro de Economía, el liberal Rainer Brüderle, cuantificaba en 2.000 millones de euros al año la factura del apagón acelerado. La cifra es intimidatoria, pero por debajo de los 3.000 millones de euros anuales estimados por el rotativo “Süddeustche Zeitung”. Merkel, por su parte, recriminó sin miramientos a su indiscreto ministro. No pueden darse cifras mientras no esté fijado el calendario, dijo Merkel, bajo la mirada escéptica de Brüderle.