Revuelta en el shoping center

Los 'anti-Tesla' alemanes o el activismo que vio venir a Musk

Protesta frente al concesionario de Tesla en el centro de Berlín. / GEMMA CASADEVALL

Gemma Casadevall
Berlín20 ABR 2025

"Con Donald Trump en la Casa Blanca creció el movimiento anti-Tesla. Pero nuestra gente estaba colgada de los árboles de Grünheide mucho antes de su regreso al poder, con Elon Musk convertido en su mano derecha", explica Caro Weber, portavoz de 'Tesla den Hahn abdrehen' --o 'Ciérrale el grifo a Tesla'--. Su plataforma es la convocante de las concentraciones de protesta de esos días, esta vez ante el concesionario de la marca de Musk en Berlín. Pero el símbolo de su lucha sigue siendo el bosque de Grünheide, a unos 30 kilómetros de la capital alemana. Ahí se inauguró en 2022 la gigafactoría de baterías y autos de la marca de Musk, con asistencia del canciller Olaf Scholz. De las sonrisas y complicidades entre el multimillonario y el jefe del Gobierno alemán de entonces se pasó al actual cruce de reproches entre la Casa Blanca y Alemania o al apoyo de Musk a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), segunda fuerza nacional desde las pasadas elecciones generales germanas.
La activista Weber representa a la generación más joven entre los centenares de manifestantes concentrados ante el centro comercial. Ahí están también miembros de 'Omas gegen Rechts' --las combativas 'Abuelas contra la Derecha'--, movimiento muy presente en toda marcha contra la AfD, así como un grupo de estadounidenses como Jackson Emanuel, quien exhibe un cartel con la frase 'Send Musk to Mars' --'Envía a Musk a Marte'--. Lo de que "su gente" estaba colgada por los árboles de Grünheide es una alusión a los compañeros que, desde 2020, dos años antes de la inauguración de la gigafactoría, lucharon contra la autorización de una fábrica de 300 hectáreas de la que iban a salir 1.000 autos al día. La única de Tesla en Europa, presumía la clase política alemana. De ella dependían 12.000 puestos de trabajo en el 'land' económicamente débil que es Brandeburgo. El Gobierno de Scholz, como el regional, asimismo socialdemócrata, respaldaron a Musk. Brandeburgo, como buena parte del este alemán, es y era ya entonces territorio abonado para la AfD. Los planes de Musk sufrieron varias demoras hasta agotarse los recursos ante la justicia de vecinos, agricultores y activismo ecologista. Ganó el argumento de los puestos de trabajo y del medio millón de autos que, teóricamente, saldrían anualmente de la gigafactoría.


Protesta frente el concesionario de Tesla en el centro de Berlín. / GEMMA CASADEVALL

Una fábrica polémica y bajo el signo del sabotaje

El impacto medioambiental pasó a segundo plano. Los argumentos de los que ahora reclaman "cerrarle el grifo" a Musk, entonces conocidos como 'Ende Gelände' --juego de palabras traducible como 'territorio final'--, cayeron entre sucesivas acciones policiales para su desalojo. Ya con la gigafactoría en marcha hubo más demandas por vertidos no autorizados y contaminación del subsuelo de una zona boscosa. Se ganó alguna batalla, como la reducción a la mitad de la tala de árboles --las 100 hectáreas previstas quedaron en algo menos de 50--. Pero nada detuvo esa inauguración que Musk convirtió en uno de sus shows y que ahora tal vez le pese a Scholz haber presidido. Para la automoción alemana, era una afrenta antes incluso de que estallara la gran crisis que atraviesa el sector.
Nada ha discurrido como planificó el representante del trumpismo a escala empresarial. Hace un año, la gigafactoría interrumpió durante semanas su producción por el sabotaje a una torre de alta tensión atribuido a un grupo de extrema izquierda llamado 'Vulkangruppe'. "Son los ecoterroristas más estúpidos del planeta", sentenció Musk. A su parecer, atentar contra su imperio de autos electrónicos es negarse al desarrollo de una tecnología necesaria para sustituir al motor de combustión. El activismo moderado se distanció de los saboteadores. Los radicales, por su parte, no se sintieron ni solos ni estúpidos. En paralelo se habían extendido las huelgas en talleres de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia contra el propósito de Musk de ignorar los convenios salariales. También entonces se produjeron en Grünheide acampadas multitudinarias entre encontronazos con los antidisturbios y aparatosos operativos de desalojo.

Un activista con un cartel que insta a mandar a Elon Musk a Marte. / GEMMA CASADEVALL

Apenas una treintena de activistas secundan ahora las acciones puntuales o concentraciones ante la gigafactoría. Las protestas ante el concesionario berlinés de Tesla, en un centro comercial de la capital, captan mayor atención mediática. Las autoridades berlinesas las resuelven con vallas de protección, unas decenas de agentes y varios vehículos policiales protegiendo el sello de Musk.

Los aranceles como motivo de divorcio

El hombre de confianza de Trump parece víctima de la notoriedad derivada de su cercanía con el presidente. La espiral de aranceles atenta contra un imperio agrietado y se apunta a una ruptura entre dos agólatras de carácter imprevisible. Las acciones de Tesla se derrumban, las ventas caen y nadie parece tener demasiadas ganas de acercarse a concesionarios salpicados por campañas de protesta que desde hace semanas se producen en varias ciudades del país y resto de Europa.
Solo en Alemania, las nuevas matriculaciones del Tesla Model Y, el más vendido del mundo en 2023, cayeron el pasado marzo un 76% a escala interanual. El jefe de Tesla en Grünheide, André Thierig, lo atribuye a la transición entre el viejo y el renovado Model Y. No es un problema exclusivamente alemán, sino global y desde antes de materializarse la guerra arancelaria de Trump. En China, la caída de ventas fue en febrero del 40%, mientras que en la UE el desplome se situó a principios de año en un 50%.
Para el activismo berlinés, que a Elon Musk se le perciba como una persona non grata es una victoria tras las alertas que en su momento se ignoraron o atribuyeron a lo que el dueño de Tesla descalificó como "ecoterrorismo estúpido".

A las protestas pacíficas se suman los ataques incendiarios contra autos o concesionarios de Tesla en los 16 estados federados del país, según documenta el semanario 'Der Spiegel'. Van desde daños intencionados en la carrocería de los Tesla, a incendios o vandalismo contra sus tiendas, entre pintadas con frases como 'There is no inovation in ecozide' y 'FCK Elon'.

La igualdad como incordio

Europa se resiste a los intentos de Trump de eliminar políticas de igualdad en sus empresas

El presidente de EEUU, Donad Trump, durante un acto el pasado jueves. / ALEX BRANDON / AP


Beatriz Ríos
Leticia Fuentes
Gemma Casadevall
Lucas Font

Bruselas | París | Berlín | Londres

La Administración del presidente Donald Trump tiene una cruzada contra la diversidad y ha extendido su decisión de poner fin a los programas de fomento de la inclusión en Estados Unidos más allá de sus fronteras, exigiendo a las empresas en otros países que respeten esta política, desatando la indignación de los europeos.

El pasado mes de marzo, el diario francés Les Echos publicó en exclusiva que la embajada de Estados Unidos había enviado una carta a empresas en Francia exigiéndoles que pusieran fin a cualquier programa de igualdad. En ella, el Gobierno de Trump llamaba a aquellas empresas con contratos con el Gobierno a certificar que no tenían en marcha ningún programa de diversidad e inclusión. Hacerlo podía suponer el fin de la relación.

Pero esa carta llegó también a empresas en España, Bélgica, Alemania o Reino Unido. Algunas han optado por ceder las presiones de la Administración estadounidense. Mientras, París, Bruselas, Berlín y Londres tratan de contrarrestar los efectos de las políticas de Trump. También la Comisión Europea, que recordó a través de una portavoz que en Europa existen leyes específicas contra la discriminación.

"Apoyamos a las organizaciones para que fomenten y desarrollen lugares de trabajo más diversos e inclusivos porque creemos que eso atrae talentos, potencia la creatividad y la innovación", aseguró en rueda de prensa el pasado mes de marzo la portavoz de Igualdad, Eva Hrncirova. Sin embargo, Hrncirova no especficó qué planteaba hacer el Ejecutivo comunitario para contrarrestar las políticas de Trump. Una cuestión que preocupa a no pocos gobiernos en la Unión Europea, y fuera de ella.

Empresas "sujetas a las leyes" de EEUU

Bélgica es uno de los países en el punto de mira. Al menos dos empresas, la farmacéutica británica GSK y la consultora estadounidense Accenture, habrían puesto en pausa algunos de sus proyectos, mientras evalúan el impacto de la decisión de Estados Unidos sobre los mismos. El Gobierno belga está al corriente y estudia la manera de proteger a las empresas que operan en su territorio.

"En Europa tenemos una cultura de no discriminación y debemos mantenerla", dijo en respuesta el ministro de Finanzas belga, Jan Jambon, en declaraciones a la televisión RTL. "No es el jefe de Estados Unidos quien debe darnos lecciones". Bélgica, aseguró el titular de Exteriores, Maxime Prévot, "no cederá ni un milímetro".

Fuentes del Ministerio de Exteriores asegurán a EL PERIÓDICO que el Gobierno belga expresó su preocupación a la embajada de EEUU por primera vez el pasado 13 de marzo, mucho antes de que se hiciera público el envío de la carta. "El ministro Prévot y el ministro Rob Beenders [al cargo de Consumo e Igualdad] siguen directamente implicados en este asunto", explican fuentes diplomáticas. Las mismas fuentes aseguran que continúan en contacto con las autoridades estadounidenses para asegurarse de que cualquiera que sea el impacto de estas medidas en el modelo de contratación, esté "dentro de los límites de la legalidad".

Bélgica acoge las tres principales sedes de desarrollo y producción de vacunas de la farmacéutica GSK en su territorio. En total, la empresa emplea a alrededor de 9.000 personas, de las cuales 2.000 son científicos, en sus centros Wavre, Rixensart et Gembloux desde donde se exportan vacunas y medicamentos a 160 países, incluido Estados Unidos.

Fuentes de la empresa en respuesta a las preguntas de EL PERIÓDICO confirman que como empleadores en Estados Unidos y al tener contratos con el Gobierno federal, la empresa está "sujeta a las leyes, reglamentos y requisitos" de los contratos de la administración. GSK está por lo tanto revisando sus políticas para adaptarlas a las exigencias de Trump.

"Cuando nuestros programas de inclusión global operan en Estados Unidos o implican a personas estadounidenses, hemos hecho una pausa para poder revisarlos y asegurarnos de que siguen cumpliendo la normativa", aseguran las mismas fuentes. "Los programas que operan fuera de EEUU y no implican o afectan a personas estadounidenses siguen adelante", añaden. Sin embargo, GSK rehúsa aclarar cuántos programas y en qué medida se ven afectados por esta decisión.

Accenture es otra de las grandes empresas que se ha visto en esta situación. En una nota a enviada los empleados de la consultora a la que ha podido tener acceso EL PERIODICO, la consejera delegada, Julie Sweet, reconocía que la compañía se veía obligada a evaluar algunas de sus políticas para cumplir con las nuevas órdenes ejecutivas de la administración Trump.

En esa nota, Sweet confirmaba que la empresa ponía fin a sus objetivos de representación globales, y sus programas de "desarrollo profesional para personas de grupos demográficos específicos". Además, la consejera delegada anunciaba la suspensión de la empresa en la participación en encuestas externas de evaluación comparativa de la diversidad. "Somos y siempre hemos sido una meritocracia", aseguraba Sweet en la nota.

La consejera defendía en cualquier caso que en Accenture mantendría sus políticas de igualdad salarial, e insistía en que atraer personas "con distintos orígenes, distintas perspectivas y distintas experiencias" ha sido clave en el crecimiento de la empresa. "Estamos y siempre hemos estado comprometidos con un lugar de trabajo inclusivo, basado en el mérito y libre de prejuicios", aseguraba Sweet.

Aunque es pronto para conocer el impacto de estas políticas, Patrick Charlier, Director de Unia, el centro belga para la igualdad de oportunidades, asegura que la presión ejercida por las autoridades estounidenses sobre las empresas no solo belgas sino también europeas para poner fin a los programas de diversidad es "problemática". En declaraciones a EL PERIODICO, Charlier lamenta la decisión "ya que sabemos que hay desigualdades estructurales en el mercado laboral y que ese tipo de políticas ayudan a reducirlas".

El Director de Unia matiza en cualquier caso que es dificil valorar el impacto por el momento ya que muchas de estas políticas afectan a los procesos de selección de los empleados, o de gestión, "que no se cambian de un día para otro". Unia trabaja con el ministro belga de Igualdad para buscar una salida a la situación.

Charlier reconoce en cualquier caso que "las políticas de igualación, diversidad e inclusión no son jurídicamente vinculantes", sino una cuestión de "buena voluntad" de las empresas. Es decir, mientras no exista una discriminación, estos cambios de postura no son ilegales per se. Ahora bien, poner fin a estas políticas "puede llevar eventualmente a algun tipo de discriminación", advierte el director de Unia.

Debate sobre la injerencia

La carta emitida por la embajada estadounidense hace unas semanas a "una decena de empresas francesas" no sentó nada bien al Gobierno de París. En el escrito, la Administración de Donald Trump instaba "obligatoriamente a todos los proveedores y prestadores de servicios del gobierno estadounidense, independientemente de su nacionalidad o del país en el que operen" a firmar un documento que certifique que no implementan ninguna política de diversidad e inclusión que pueda violar la ley antidiscriminación de Estados Unidos.

Un documento que ha generado una gran indignación en el país, pero también ha abierto un importante debate sobre la "injerencia" de un Estado extranjero en el sector privado. Para el ministro delegado de Comercio Exterior de Francia, Laurent Saint-Martin, "la injerencia estadounidense en las políticas de inclusión de las empresas francesas, como las amenazas de aranceles injustificados, son inaceptables". Una opinión compartida por el presidente de la patronal CPME, Amir Reza-Tofighi, quien denunció para la AFP un "ataque a la soberanía" y llamó a los responsables políticos y económicos a "formar un frente unido".

Poco se sabe de esa carta, ni siquiera se conoce la lista de empresas que la recibieron. "No es una carta con membrete de la embajada, del consulado o de cualquier otra agencia estadounidense", afirma Christopher Mesnooh, abogado comercial estadounidense del bufete Fieldfisher. Sin embargo, varios medios de comunicación del país informaron que la carta fue enviada por Stanislas Parmentier, el director general de los servicios de la embajada de Estados Unidos en París.

Tras la polémica generada, llegó el debate: ¿puede aplicarse el derecho estadounidense en Francia a las empresas que han firmado contratos con Estados Unidos? El ministro de comercio francés lo tiene claro: "No podemos anular la aplicación de nuestras propias leyes", afirmó e insistió en denunciar que esto es "un paso más en la extraterritorialidad estadounidense, pero esta vez en el terreno de los valores". Acogiéndose al código de trabajo y a las leyes nacionales, el Gobierno francés no ha pasado de pedir explicaciones a la embajada estadounidense.

Desde 2021, las empresas francesas deben aplicar la ley Rixain, que es una reforma de su predecesora ley Copé-Zimmermann. Esta normativa busca una mayor igualdad entre mujeres y hombres en las empresas francesas, y en este sentido, su artículo 14, establece una obligación de representación equilibrada en los puestos directivos de las grandes empresas. El objetivo de esta ley es que para 2027, un 30% de órganos de dirección estén ocupados por mujeres, y en 2030, un 40%.

Para el ministro Laurent Saint-Martin, la postura de la Administración Trump es clara: "Pedir a las empresas renunciar a las políticas de inclusión que son, simplemente, un derecho francés y a veces europeo". El Gobierno francés insiste en que, todas las empresas con sede en el país deben cumplir el código de trabajo marcado por ley, donde se destaca la lucha contra la discriminación. La única manera que tendría el Ejecutivo estadounidense de influir a estas empresas sería mediante la amenaza de retirar su apoyo, como es el caso de la compañía de taxis G7, que ofrece servicios a la embajada de Estados Unidos en Francia.

Presión a las empresas que trabajan para la embajada

Las empresas alemanas se deben al precepto de fomentar la diversidad y la inclusión en su actividad. En esa dirección van las respuestas del ministerio de Economía y de la Cámara de Comercio y la Industria alemanas (DIHK), a la pregunta de cómo actuar ante las presiones ejercidas desde la administración de Donald Trump para hacer prosperar su cruzada anti-woke.

Hasta ahora, el brazo del presidente solo ha alcanzado a dos docenas de empresas suministradoras o que prestan servicios a su embajada, según fuentes del DIHK. Todas ellas han recibido una encuesta por escrito en que se les apremia a desvincularse de programas promotores de la diversidad, la equiparación y la inclusión, o DEI, por sus siglas en inglés. El escrito ha sido transferido a las correspondientes centrales alemanas, en el caso de consorcios de amplio espectro, o está siendo analizado por sus directivos. Está claro que la ofensiva irritará aún más a las empresas afectadas, de por sí bajo el impacto de la guerra arancelaria desatada por Trump. Pero se parte de la base de que, a la práctica, sus efectos serán mínimos, considera la DIHK.

"La diversidad y la inclusión son factores esenciales para la industria alemana y para la actividad empresarial", apunta esa organización.

Más complejos son los efectos de la andanada de Trump sobre oenegés con proyectos compartidos con USAID, en proceso de desmantelamiento por orden de la Casa Blanca. El diario económico 'Handelsblatt' informaba estos días de que la llegada de cartas en que se les conmina a no trabajar en proyectos relacionados con "actividades terroristas, ideología de género y discriminación positiva", tres conceptos que aparentemente son equiparables en la esfera de pensamiento del presidente estadounidense. Las oeneges medioambientalistas deben comprometerse, por su parte, a no perseguir objetivos climáticos.

No han trascendido reacciones de pánico entre las organizaciones, si es que las ha habido. A la cruzada de Trump se ha respondido hasta hasta mostrando sangre fría. Ni siquiera McDonald's parece querer darse por enterada de las nuevas normas contra la inclusión de su país de origen. En Alemania trabajan en la quintaesencia del fast food estadounidense "65.000 empleados de 165 países", según fuentes de la oficina de prensa de la filial germana a la televisión pública bávara BR24. "Nuestro compromiso con la inclusión es inalterable", aseguran.

¿Qué ocurre a la inversa, con las empresas alemanas con filial en Estados Unidos? Ahí no se percibe resistencia alguna contra los designios de de Trump. Deutsche Telekom, la compañía de telefonía alemana, mantiene su compromiso con la diversidad, pero su filial T-Mobile US ha suprimido ese apartado de su programa, por imperativo de la nueva Administración estadounidense.

Riesgo de acciones legales

En el Reino Unido no ha habido por ahora cambios sustanciales en las políticas de inclusión de las empresas, aunque algunas entidades y organismos sí han mostrado su intención de hacerlo. Un ejemplo es la decisión de la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA) y la Autoridad de la Conducta Financiera (FCA), dos organismos reguladores del Banco de Inglaterra y de la City, de no imponer nuevas exigencias a bancos, compañías de seguros y otras empresas financieras en materia de diversidad. Sus máximos responsables han justificado la decisión asegurando que las compañías quieren evitar duplicidades y reducir los costes regulatorios.

El gigante farmacéutico GSK, una de las empresas cotizadas en el FTSE 100 –el principal índice bursátil de Londres– anunció a finales de febrero la paralización de sus programas de diversidad e igualdad. Los portavoces de la compañía argumentan que Estados Unidos es su principal mercado y que deben obedecer las órdenes ejecutivas de Donald Trump, a pesar de que se trata de una empresa británica. Entre las iniciativas afectadas está la suspensión de un programa de movilidad social que ayuda a los estudiantes con pocos recursos a incorporarse al mercado laboral.

A pesar de los casos puntuales, no existe por ahora una gran preocupación ante los posibles retrocesos. Según una encuesta publicada por el Institute of Directors (IoD) –una organización que representa a altos directivos en el Reino Unido–, tan sólo un 11% de los líderes empresariales prevé que sus organizaciones den un paso atrás en las políticas de diversidad, frente a un 71% que señala que no habrá modificaciones.

Mantenimiento de objetivos

Algunas grandes compañías ya han anunciado que no paralizarán sus iniciativas DEI. Una de ellas es la cadena de supermercados Co-op, que emplea a cerca de 60.000 personas en el Reino Unido. La presidenta del grupo, Shirine Khoury-Haq, aseguró a mediados de febrero que dejar de lado estas políticas "aumenta la desigualdad, debilita la confianza y amenaza con echar por tierra décadas de progreso". Otras grandes compañías, como la farmacéutica AstraZeneca o la empresa de servicios Deloitte –cuya rama en EEUU sí ha sucumbido a las exigencias de Trump– también han anunciado que mantendrán sus objetivos en esta materia.

La Employment Lawyers Association (ELA), la principal asociación de abogados laboralistas del Reino Unido, ha alertado de que las empresas británicas que suspendan sus políticas de diversidad e inclusión tendrán un mayor riesgo de enfrentarse a acciones legales, ya que la legislación en el Reino Unido protege a los trabajadores ante posibles casos de discriminación. "Si una empresa da marcha atrás en las iniciativas DEI en el Reino Unido, en respuesta a la paralización de tales prácticas en los EEUU, será jurídicamente incoherente y aumentará el riesgo de conclusiones de discriminación en su contra", ha señalado el director de la organización, Caspar Glyn.

La hora de las bases

El SPD suplica a sus bases el apoyo a un ambiguo pacto de gobierno con la CDU de Merz

El canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, en un acto del partido. / MARIJAN MURAT / DPA / AP



Gemma Casadevall

¿Cómo convencer a una joven llegada a Alemania como refugiada de que dé su voto a un pacto de coalición que acelerará las expulsiones? O a un antibelicista de que dé al visto bueno al gasto ilimitado en defensa. O a un militante de base a que asuma la "normalización" de la ultraderecha. Dilemas como estos planean sobre la consulta abierta este martes entre los casi 360.000 militantes del Partido Socialdemócrata (SPD) del canciller saliente, Olaf Scholz. De ellos depende la ratificación del pacto para una coalición liderada por el derechista Friedrich Merz.

"Si no sale adelante, iremos a nuevas elecciones", argumenta la copresidenta del SPD, Saskia Esken, cuyo puesto se ve en la cuerda floja por representar al ala más izquierdista del partido. "Tenemos que actuar con responsabilidad hacia el país", apunta el otro copresidente, Lars Klingbeil, quien supuestamente será el vicecanciller y titular de Finanzas en esa coalición.

El arranque de la consulta, que se prolongará hasta el día 29, estuvo precedida por una conferencia híbrida, presencial y virtual, con la presencia de Esken, Klingbeil, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, y otros rostros de peso en el SPD. Scholz, quien sigue como canciller en funciones, se mantiene al margen del debate. Tras la elección de su sucesor pasará a ser diputado raso por su distrito de Potsdam

El tono de la cúpula es de súplica. Las posturas de los militantes presentes en la sala, expresadas desde sedes de distrito o a través del chat no son tranquilizadoras. Hibba Kauser, una joven de origen paquistaní crecida en un albergue para refugiados, ve imposible dar su voto a un acuerdo que, dice, "atenta" contra sus "principios". Coincide con el rechazo cerrado al pacto de los Jusos, las Juventudes del SPD. A punto estuvo de ser devuelta a su país, con tres años, de no haberlo evitado un abogado materialmente en el último minuto. Sostiene que el pacto parece "inspirado" en Alternativa para Alemania (AfD), segunda fuerza nacional desde las elecciones del pasado 23 de febrero. No solo porque pone el acento en la aceleración de las deportaciones, sino porque alargará los plazos para adquirir la nacionalidad alemana. Por no hablar, recuerda, del anhelo de Merz de hacer revocable la adquisición de la doble nacionalidad. Algo que hasta ahora solo se contempla para casos extremos como terrorismo.

Rearme y normalización de la ultraderecha

Las intervenciones reflejan las dudas acerca del rearme, cuyo máximo impulsor ha sido en la pasada legislatura Pistorius, el ministro más popular de Scholz. El respaldo a Ucrania no se rebate. Pero despierta recelos la carta blanca que se da al gasto en defensa. O el objetivo de reimplantar un servicio militar teóricamente voluntario, sin que quede claro cómo se motivará a los jóvenes a apuntarse, cuando el peligro a una guerra dejó de ser algo abstracto.
Todo pacto de coalición es un documento "de intenciones", explica Klingbeil. "No se asumirán gastos imposibles", insiste, desde su posición de posible titular de Finanzas.

Pero las ambigüedades no emanan únicamente del pacto. El propio Merz se ha dedicado en los últimos días a relativizar muchos apartados. No está claro cuándo aumentará a 15 euros por hora el salario mínimo interprofesional, la gran promesa del SPD. Tampoco en qué quedará la "normalización" de la AfD. Merz ha insistido en que con él se mantendrá el cordón sanitario en torno a ese partido. Pero un miembro de la cúpula de su Unión Cristianodemócrata (CDU) y eterno aspirante a presidirla, Jens Spahn, predica que debe darse a la ultraderecha el mismo trato que al resto de la oposición. "Es intolerable equiparlos con los Verdes, que han sido socios sensatos de gobierno, o a La Izquierda, que salvaron la democracia en el este", opina Johan, desde la oficina del distrito berlinés de Tempelhof-Schöneberg. Alude así a los ecologistas, aliados del SPD tanto con Gerhard Schröder en la cancillería como con Scholz, y también a La Izquierda, determinante para dejar a la AfD aislada incluso en sus bastiones.

Últimos pasos hasta el relevo en el poder

Klingbeil enumera entre los logros de la negociación del pacto que al SPD se le adjudiquen siete ministerios. Es decir, uno más que en la última gran coalición con Angela Merkel y pese a su debilidad, tras haberse hundido en los últimos comicios al mínimo histórico del 16,4% de los votos.

La baza principal para lograr el apoyo de las bases es la perspectiva de otras elecciones anticipadas. Según los expertos, solo favorecerían a la AfD, actualmente casi empatada en los sondeos con el bloque conservador.

Hasta ahora, las consultas a un pacto de coalición siempre obtuvieron el respaldo de las bases de la SPD, incluso cuando hubo rechazo de los Jusos. Pero Merz representa una línea más derechista y compleja de aceptar que el centrismo de Merkel.

La hoja de ruta hasta la elección de Merz como canciller está milimetrada. El 28 de abril, la CDU debe ratificar el pacto en un congreso. Al día siguiente se cierra la votación entre las bases del SPD, que necesita una participación del 20% para ser vinculante. El 6 de mayo, Merz se someterá al voto del Parlamento. Salvo contratiempos, el 8 de mayo asistirá como canciller al 80 aniversario del Día de la Liberación o de la Capitulación del III Reich.

Von der Leyen, la amiga que os quiere

Así se preparan Alemania, Francia, Italia y Reino Unido para resistir a los aranceles de Trump

Botellas de vino francés en una bodega en Chablis, en el este de Francia. / THIBAULT CAMUS / AP

Gemma Casadevall, Leticia Fuentes, Irene Savio, Lucas Font

Berlín | París | Roma | Londres

La explosiva política comercial del presidente de EEUU, Donald Trump, está llevando a muchos países europeos a preparar escudos antiaranceles para hacer frente a los gravámenes del 20% (y esta semana rebajados al 10% durante 90 días) anunciados por el republicano para los bienes importados de la Unión Europea (UE).
En España, Pedro Sánchez anunció el pasado 3 de abril su intención de movilizar 14.100 millones de euros para proteger a empresas y puestos de trabajo del embate arancelario. Estas son las medidas que están barajando otros gobiernos del Viejo Continente:

Un cortafuegos llamado Ursula

Alemania, que se sepa, no tiene articulado ningún cortafuegos frente a las "agresivas políticas arancelarias" de Trump, como lo definía hace unos días Klaus Weyerstrass, del Instituto de Estudios Avanzados de Viena. A los estragos de los aranceles anunciados desde la Casa Blanca se une la "imprevisibilidad" del presidente, que imposibilita reacciones rápidas y precisas a inversores, industria y estamento político. Por lo pronto, los cinco principales institutos alemanes, más el austriaco, han corregido a la baja las previsiones sobre el PIB germano de 2025. Tras dos años en recesión, en el mejor de los casos el presente ejercicio se cerrará en tablas o con un crecimiento mínimo del 0,1%, según sus pronósticos actualizados.
Mientras el mundo empresarial y los expertos reclaman "acciones concretas" para activar a la primera economía europea, tanto su canciller en funciones, el socialdemócrata Olaf Scholz, como el previsible sucesor, el conservador Friedrich Merz, optan por las "respuestas consensuadas" a escala europea.
Hubo esta semana pasada una reunión de urgencia en Cancillería entre Scholz, Merz y el líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Lars Klingbeil, que según medios alemanes será el ministro de Finanzas y vicecanciller en la nueva coalición de gobierno alemana. Pero de la reunión no trascendieron informaciones sobre hipotéticos cortafuegos nacionales. Se produjo coincidiendo con los primeros desplomes bursátiles ante lo que parecía una inminente sangría de aranceles. Un par de días después, Merz, Klingbeil y el líder de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), Markus Söder, anunciaban 'fumata bianca' en el pacto de coalición que llevará al líder conservador a la Cancillería. Hay cierta prisa por acelerar la transición, que de todos modos no se consumará hasta el 6 o 7 de mayo, con la prevista elección de Merz por el Parlamento (Bundestag).
La pausa de 90 días de Trump favorece ese calendario. Que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya respondido con su propia moratoria, también. Von der Leyen, además de compatriota, es miembro de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido que lidera Merz. La comunicación entre ambos es "fluida y permanente", según fuentes del partido. El puntal para el intercambio fluido de información con Bruselas por parte socialdemócrata es el presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, omnipresente en los medios alemanes cuando se trata de hablar de aranceles. "No nos quedaremos impávidos mirando desde la barrera", asegura Lange, remitiéndose a la batería de medidas y contramedidas que se reserva Von der Leyen, incluido el llamado 'Anti-Coercion Instrument'. Es el instrumento que, llegado el caso, permitiría a Europa responder a una "agresión económica" procedente de un tercer país, recuerda Lange.
Mientras el calendario del relevo en el poder y las pausas de Trump lo permitan, Merz puede seguir sosteniendo que no habrá respuestas unilaterales, sino consenso europeo. Alemania se ha abonado esta vez sin reservas al europeísmo. Al fin y al cabo, los socios de la UE son el primer mercado de sus exportaciones. Estados Unidos va en segundo lugar. Los aranceles de Trump, de ejecutarse, acarrearán una caída del 15% en las exportaciones germanas, según evaluaciones del ministro en funciones de Finanzas, Jörg Kukies. Este político socialdemócrata ascendió a titular del ministerio tras abandonar la coalición de Scholz el Partido Liberal de Christian Lindner, el pasado noviembre. Ascendió así Kukies a ministro por unos meses. Antes de ese puesto había sido secretario de Estado y el asesor al que Scholz ha confiado los preparativos de cualquier cumbre de la UE, el G7 o el G20. Es la pieza clave, en caso de que se precise un cortafuegos propio.

Macron se encomienda a Bruselas

Emmanuel Macron vuelve a tomar aire tras el reciente anuncio de Trump de suspender los aranceles a productos europeos durante 90 días. "Es una señal y una puerta abierta a la negociación, pero esta pausa sigue siendo frágil", afirmó el presidente francés en un comunicado lanzado el pasado viernes.
A la agonía que ya arrastraba la UE tras los primeros anuncios del mandatario estadounidense, se suman ahora 90 días más de incertidumbre. Para Macron, esta extensión pesará en "los negocios europeos en ambos lados del Atlántico".
Desde el inicio de la guerra comercial, el Gobierno de París ha adoptado una postura cautelosa a la hora de anunciar medidas de choque. "Francia responderá a través de la Unión Europea", afirmó el Ejecutivo. Aún así, Macron ya ha dado un primer paso, instando a las empresas francesas con "inversiones futuras o anunciadas en las últimas semanas" a suspenderlas como una forma de presionar a la economía estadounidense.
El Gobierno no ha dejado de reunirse con distintos sectores afectados para evaluar el impacto de estas nuevas medidas, que podrían perjudicar "en mayor o menor medida a 28.000 empresas francesas". Unos encuentros que culminarán el próximo 13 de mayo con la celebración de un "Consejo Estratégico" presidido por Macron, del que se esperan importantes conclusiones sobre esta guerra comercial.
Francia es uno de los países europeos que más factura con las exportaciones a Estados Unidos, cerca de 47.000 millones de euros, que representan un 1,5% del PIB. Si la Unión Europea no logra alcanzar un acuerdo con Trump, sectores clave como la aviación, el vino o la cosmética se verán gravemente afectados, con consecuencias tanto en la producción como en el empleo.
"Europa debe seguir trabajando en todas las contramedidas necesarias y movilizar todas las herramientas disponibles para protegerse, también para evitar que los flujos procedentes de terceros países perturben nuestro mercado. Francia está preparada. Europa también debe serlo", insistió el jefe de Estado este viernes.

La "amiga" de Trump llama a la calma, pero estudia ayudas a la industria

Pese a que públicamente se ha mostrado convencida de que la mejor estrategia ante la guerra comercial impulsada por Trump es la de calmar los ánimos con EEUU, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, también ha hablado ya de la posibilidad de poner en marcha una especie de escudo antiaranceles —básicamente ayudas a las empresas— para evitar que Italia sufra una catástrofe económica.
En concreto, según ha filtrado la prensa italiana, el Gobierno estaría estudiando la entrega de unos 25.000 millones de euros en ayudas a las industrias transalpinas —procedentes de los fondos pospandémicos y de cohesión europeos— con el objetivo de esquivar un daño mayor para su economía, la más expuesta de la UE a las medidas de Trump (las exportaciones de Italia al país son las más altas, según diversos informes).
Ni Meloni ni su Gobierno lo han comunicado aún oficialmente, pero la mandataria sí se ha reunido esta semana con la principal organización industrial del país, Confindustria, así como con representantes de diversos sectores afectados. Y allí la líder "ha propuesto a los sectores productivos un pacto para hacer frente común […], así como mesas de trabajo para identificar las medidas útiles", ha explicado la presidencia del Gobierno italiano en una genérica nota escrita.
Con ello, la postura de Meloni ha suscitado incendiarias críticas por parte de la oposición. "Meloni llegó sin estar preparada para la catástrofe arancelaria, anunciada hace meses y que golpeará nuestra economía como un tsunami", se ha quejado Giuseppe Conte, líder del Movimiento 5 Estrellas y exprimer ministro italiano.
Elly Schlein, jefa del Partido Democrático —la principal fuerza progresista del país— también se ha pronunciado en términos similares. "Es increíble cómo el Gobierno se ha quedado quieto, sin hacer nada. Sabíamos desde hace meses que esto llegaría. Pero Meloni usó hasta ayer el condicional para no ofender a su amigo Donald", ha denunciado la líder progresista.

Apuesta por la prudencia y la negociación

El Gobierno británico ha evitado por ahora implementar medidas de peso para proteger a las empresas de los aranceles del 10% (y del 25% en automóviles, acero y aluminio) impuestos por Trump. El primer ministro, Keir Starmer, amagó a finales de la semana pasada con intervenir la economía para aliviar la presión sobre la industria británica, pero las decisiones tomadas hasta ahora han quedado lejos de las de otros países de su entorno.
Lo más destacado ha sido el anuncio de aplazar la transición hacia los vehículos eléctricos hasta 2035 –cinco años más de lo previsto– para dar mayor flexibilidad al sector automovilístico, uno de los más afectados por los aranceles. La venta de coches híbridos estará permitida hasta esa fecha y los motores de combustión serán admitidos más allá de 2030 para las marcas de lujo, entre ellas Aston Martin o McLaren, cuyos vehículos el Gobierno calificó de "joyas icónicas" de la industria británica.
En cuanto al sector del acero, el Parlamento aprobó de urgencia este sábado una ley para tomar el control de la siderúrgica British Steel, propiedad del grupo chino Jingye, algo que permitirá mantener la producción de la única fábrica de acero virgen que sigue en activo en el país y garantizar el suministro de un material estratégico. Los dueños de la empresa aseguran que "ya no es sostenible a nivel financiero", una situación que empeorará previsiblemente tras los aranceles de Trump. La nueva ley da poderes al Gobierno para ordenar la compra de materias primas y para pagar las nóminas de sus más de 2.700 trabajadores, mientras la opción de nacionalizar la compañía sigue encima de la mesa.
La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, ha descartado aumentar la deuda pública para proteger a las empresas y ha insistido en la voluntad del Gobierno de ceñirse a unas estrictas reglas fiscales. La principal prioridad en este momento es cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos que permita eliminar, o al menos reducir, los aranceles impuestos por Trump, especialmente los que afectan a la industria siderúrgica y automovilística.
Starmer ha evitado por ahora anunciar medidas de represalia a los gravámenes de Estados Unidos y ha apostado por mantener "la cabeza fría", aunque ha insistido en que todas las opciones están "encima de la mesa". El Ministerio de Comercio ha abierto un proceso de consulta con el sector empresarial para estudiar qué productos estadounidenses podrían ser objeto de sanciones, mientras sigue trabajando, en paralelo, en posibles acuerdos comerciales con terceros países, incluida la India y la Unión Europea.

Daños colaterales

El blindaje del flanco este desbarata la lucha contra las minas antipersona

Una trabajadora de la Fundación Suiza para la Acción contra las Minas con un detector antiminas cerca de la población de Tal al Reem. / DPA / Ismail Adnan
 Gemma Casadevall

La decisión de Finlandia, Polonia y los países bálticos de abandonar la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersona ha dejado malherido el Tratado de Ottawa, en retroceso ante el imperativo de reforzar las fronteras del flanco este de la OTAN. "Todo país tiene derecho a defenderse. Pero es irresponsable hacerlo a sabiendas de que se usan armas de efectos catastróficos, presentes y futuros, para la población civil", denunció la directora de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL), Tamara Gabelnik, ante una semana de reuniones y debates en Ginebra, coordinados por el Servicio de Acción contra Minas de la ONU (UNMAS).
La ICBL, Nobel de la Paz en 1997 a través de su impulsora, Jody Williams, es la más conocida entre las organizaciones comprometidas con la erradicación de estas armas. Forma parte de la coalición siglas como la GICHD o Centro Internacional para el Desminado. Todas ellas asisten con estupor a las decisiones de países europeos representantes del 'primer mundo', mientras crece además el uso de estas armas en conflictos como el de Ucrania.
Son más de tres décadas las que llevan estas organizaciones movilizando recursos para el desminado de países como Afganistán, Siria o Yemen. El informe de 2023 del Observatorio de Minas Antipersona documentaba más de 5.000 muertes en un año, un 85% de las cuales civiles, como consecuencia de minas o sus restos enterrados. Sus efectos perduran más allá del conflicto armado, recuerda el ICBL. Un 80% del territorio potencialmente agrícola afgano no es cultivable y el 60 % de Angola se considera, cuando menos, peligroso.

Rearme versus vulnerabilidad fronteriza

Finlandia, con 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, la más extensa de la UE, anunció hace unas semanas su abandono de la Convención. Se sumó así a las decisiones adoptadas por Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, todos ellos miembros de la Unión Europea (UE) y parte del flanco este de la OTAN por compartir frontera con Rusia o su aliada Bielorrusia. Noruega, que no forma parte del bloque comunitario pero sí de la Alianza Atlántica, mantiene por ahora su compromiso con la Convención.
Las necesidades defensivas de estos países son tan crecientes como legítimas, reconoce el ICBL. Se enmarcan en el rearme iniciado con la invasión de Ucrania y acelerado por la constatación de que Europa ya no puede confiar su defensa a EEUU. Polonia subirá su gasto en defensa al 5% de su PIB --actualmente en el 4,1%--. Los tres países bálticos, ahora sobre el 3%, incrementarán asimismo el gasto militar. Son los más afines a la doctrina de Donald Trump, que reclama de sus socios europeos el 5%. Finlandia, que ingresó por la vía rápida en la OTAN apremiado por la invasión de Ucrania, se compromete a alcanzar el 3% en los próximos cuatro años.

El minado como 'opción'

Todos ellos son países potencialmente ‘codiciados’ por Vladímir Putin por razones geográficas e históricas. Sea porque pertenecieron a la Unión Soviética hasta su disolución -los bálticos-, porque fueron satélites de Moscú --Polonia-- o por haber repelido en el pasado sus invasiones -Finlandia-. Empezaron a reforzar sus fronteras antes de la invasión de Ucrania, a raíz de la llamada -guerra híbrida-, consistente en empujar hacia su territorio inmigración irregular. Empezó así el blindaje fronterizo no solo con vallas convencionales, sino con alta tecnología militar. Las minas antipersonas son una pieza más en el engranaje de unos países que no vislumbran una distensión con Moscú.
Abandonar la Convención es parte de su "coherencia defensiva", según el primer ministro finlandés, el Petteri Orpo. Su Gobierno no se propone sembrar sistemáticamente de minas la frontera. Pero se reserva la ‘opción’ de hacerlo.
Las explicaciones finlandesas, polacas o bálticas no tranquilizan a los defensores de la Convención de Ottawa. Entre sus tareas prioritarias está el desminado de amplias zonas ucranianas. De su erradicación dependerá la reconstrucción del país. A su juicio, es un contrasentido que mientras se movilizan recursos aliados para desminar Ucrania, ciertos países de la OTAN se reserven la ‘opción’ de usarlas.

De la mediática Lady Di al declive

El Tratado de Ottawa entró en vigor en 1999. Dos años antes, Diana de Gales contribuyó a su visualización desde Angola, enfundada en un chaleco antibalas y con una máscara protectora sobre el rostro, en uno de esos despliegues mediáticos que rodeaban los movimientos de la princesa. Desde entonces se han destruido 40 millones de minas, según el observatorio. Se ha reducido el número de países que las fabrican de los 55 de entonces a los 15 actuales.
El número de países suscriptores del tratado estaba en 164. Entre los no firmantes están potencias habitualmente contrarias a ceñirse a compromisos internacionales, como Estados Unidos, China, Rusia e Israel. Finlandia ingresó en 2012, mucho más tarde que el resto de socios de la UE. Estará entre el primer grupo europeo en abandonarlo.

Capital del woke

Crónica desde Copenhague: el paraíso del ciclista

Carril de doble sentido para bicicletas en Copenhague. / Gemma Casadevall
 Gemma Casadevall

Circular por el carril bici sin sentir en el cogote los insultos o bufidos de otro ciclista más rápido. O sin que usar uno de los tramos para ciclistas nos sitúe en guerra desigual por el espacio público contra el coche. Por no hablar del dilema entre jugarse el físico pedaleando sobre el asfalto o subirse a la acera para acabar legítimamente regañado por el transeúnte: todas esas situaciones habituales en otras capitales europeas donde la bicicleta lleva décadas consolidada como parte de la movilidad urbana, sea Berlín o Ámsterdam, parecen muy amortiguadas en Copenhague.
Prácticamente uno de cada dos ciudadanos de la capital danesa -un 45 %, según datos de su Ayuntamiento- se mueve en bici. Es más o menos el porcentaje de los que lo hacen por la ciudad neerlandesa. Pero sin los tumultos o atascos de bicicletas que a cada semáforo se forman en Ámsterdam ni los ataques de malhumor de otros pedaleantes, transeúntes, automovilistas privados o conductores del transporte público de Berlín.
¿Qué ha resuelto mejor Dinamarca que Alemania o Países Bajos, por citar otros países con perfiles parecidos en cuanto a uso a la bicicleta, congestión ciudadana o incluso meteorología dura? Un paseo de unas pocas horas por Copenhague basta para toparse con una realidad desconocida, por ejemplo, respecto a Berlín. Son un total de 400 kilómetros de carril bici en distintas versiones, casi todos en buenas condiciones.

Convivencia entre el ciclista y el peatón en Copenhague / Gemma Casadevall

Hay modernos puentes exclusivos para la bicicleta, en doble sentido y con carriles de adelantamiento; nuevos barrios donde el auto está prácticamente proscrito, salvo para los residentes; y elegantes plataformas ondeantes, obra de artistas como el escandinavo Olafur Eliasson, que bordean una de sus avenidas portuarias. El 'rider' no atosiga con su prisa al usuario de una amplísima bicicleta cargo para niños ni el conductor ahuyenta al ciclista a bocinazos. Se respira armonía en lo que parece ser es el paraíso del pedaleante. Tampoco hay agravios comparativos para el transeúnte. No será por falta de uso: sus ciudadanos recorren en total y a diario 1,44 millones de kilómetros en bicicleta.

El horizonte de la neutralidad climática

Las ansias de Copenhague por dejar de ser la ciudad cuyo único sello de identidad era la melancólica Sirenita o el mítico parque de atracciones Tívoli se fraguaron cuando fue sede de la COP15, la cumbre climática de 2009. Su objetivo era coronarse como mejor ciudad del mundo para el ciclista y lograr la neutralidad de carbono en 2025. Se trazó el Plan Climático CPH2025, uno de cuyos pilares era la movilidad. La realidad ha sido más dura que los buenos propósitos y el compromiso con la neutralidad climática quedó aparcado en 2022. Pero al menos se puede disfrutar del espejismo de la movilidad verde por su casco urbano. Redondea ese horizonte la condición de Dinamarca como capital de la vanguardia en arquitectura, diseño y hasta gastronomía.
Rondar en bici sin codazos ni bufidos de terceros incluye la posibilidad de visitar el Dansk Arkitektur Center (DAC), utilizar uno de sus puentes para bicis, a ser posible el Cykelslangen o Serpiente Ciclista o acercarse hasta el Nordatlantens Brygges. En ese edificio histórico está la representación permanente de las Islas Feroe y de Groenlandia, el territorio autónomo danés al que la voracidad expansionista de Donald Trump ha colocado en un lugar destacado de la agenda global. Quien busque emociones más fuertes en cuanto a desarrollo urbanístico verde debe seguir hast Nordhavn. Así se denomina la autoproclamada ciudad del futuro, emplazada en una antigua zona industrial y diseñada para que todo, desde la escuela a la oficina o el centro sanitario, quede a cinco minutos como máximo del primer acceso al transporte público.

La agónica Christiania

El reverso de la medalla del progreso urbano sostenible está en lo que hace unas cuantas décadas era motivo para asomarse a Dinamarca, cuando fumar un porro era arriesgado en prácticamente toda Europa. Se trata de Christiania, la llamada Comuna Libre. En el pasado fue templo de la venta y consumo de cannabis más o menos tolerado. Luego entró en decadencia, quedó a merced de bandas violentas y finalmente desmanteló su calle más emblemática, la Pusher Street.



Imagen de Christiania, la antigua comuna hippie / Gemma Casadevall

Los años han convertido el espacio de libertad en un ‘cuerpo extraño’ para un nuevo Copenhague donde se rediseñan barrios enteros. Christiania ha quedado envuelto entre zonas de antiguos hangares portuarios que alojan impagables restaurantes o edificios de oficinas. La antigua comuna hippie pervive, pero funciona como un reducto algo cutre. Es un punto de atracción para el turismo nostálgico de cuando fumar un porro era un acto de rebeldía y las nuevas oleadas de curiosos o despistados.

La pequeña gran coalición

 Merz o com frenar el trumpisme

Friedrich Merz, el futur canceller d’Alemanya, amb el líder de la bavaresa CDU i els dos dirigents de l’SPD, dimecres a Berlín EFE.   

Gemma C. Serra - Berlín

El nou govern d’Ale­ma­nya ha de fer front, no només a una política aran­zelària agres­siva i veri­nosa per a una potència expor­ta­dora, sinó també a la impre­vi­si­bi­li­tat d’unes mesu­res dràsti­ques que s’acti­ven o es desac­ti­ven d’un dia per l’altre”, adver­tia Tors­ten Sch­midt, cap de l’Ins­ti­tut Leib­niz d’Inves­ti­ga­ci­ons Econòmiques, RWI, l’endemà que els con­ser­va­dors de Fri­e­drich Merz i els soci­al­demòcra­tes del can­ce­ller en fun­ci­ons Olaf Scholz pre­sen­tes­sin el seu pacte de coa­lició. El mis­satge del cap del RWI es produïa en la com­pa­rei­xença con­junta dels prin­ci­pals ins­ti­tuts ale­manys, on es va pre­sen­tar una nova cor­recció a la baixa dels pronòstics per a l’evo­lució del PIB ale­many. La pri­mera eco­no­mia euro­pea acu­mula dos anys seguits en recessió i, segons els ins­ti­tuts, en el millor dels casos tindrà un crei­xe­ment mínim aquest 2025: un 0,1%, en comp­tes del 0,8% que cal­cu­la­ven a la tar­dor.

El pro­tec­ci­o­nisme radi­cal de Donald Trump és el gran ene­mic per a la pri­o­ri­tat decla­rada del futur govern de Merz, la reac­ti­vació econòmica. A l’altra forma de trum­pisme, les ultra­dre­tes euro­pees ali­a­des de l’his­triònic pre­si­dent dels Estats Units, se la vol man­te­nir aïllada i com­ba­tre cor­re­gint allò que, segons Merz, ali­menta la frus­tració de molts ciu­ta­dans. Ale­ma­nya ha de dei­xar de ser el país pre­fe­rent d’aco­llida d’una migració irre­gu­lar des­con­tro­lada, segons el pre­vi­si­ble nou can­ce­ller d’Ale­ma­nya. Per raons de segu­re­tat i pels cos­tos que, diu Merz, gene­ren a l’Estat.

Sis set­ma­nes després de la victòria elec­to­ral de la Unió Cris­ti­a­no­demòcrata i la seva ager­ma­nada Unió Soci­al­cris­ti­ana de Bavi­era (CDU/CSU), Merz va poder pre­sen­tar aquest dime­cres un pacte de govern amb els soci­al­demòcra­tes. El pri­mer que salta a la vista és que no se l’hau­ria d’ano­me­nar “gran coa­lició”. Aquest era el terme amb què es van conèixer fins ara les ali­an­ces entre els par­tits dits majo­ri­ta­ris. El pro­blema, però, és que ja no ho són. La nova coa­lició no la for­ma­ran el pri­mer i el segon grup del Par­la­ment. La segona força par­la­mentària és, des dels comi­cis del 23 de febrer, la ultra­dre­tana Alter­na­tiva per Ale­ma­nya (AfD), on s’agru­pen tant el neo­na­zisme com el trum­pisme ale­many. En aques­tes sis set­ma­nes, i men­tre Merz nego­ci­ava la coa­lició, els son­de­jos han situat els ultres en línia ascen­dent i pràcti­ca­ment empa­tats amb la CDU-CSU. Els soci­al­demòcra­tes con­ti­nuen enfon­sats al ter­cer lloc.

El pacte de Merz busca un equi­li­bri entre els socis, que en rea­li­tat són tres. La CDU tindrà set minis­tres, la CSU bava­resa n’assu­mirà tres y els soci­al­demòcra­tes set més. A l’agres­siva política aran­zelària de Trump vol res­pon­dre el futur can­ce­ller amb la con­signa del Ger­many is back (“Ale­ma­nya ha tor­nat”) com va res­pon­dre a una pre­gunta en anglès en pre­sen­tar el seu pacte. No va acla­rir, però, com s’ho farà, en aquest con­text d’incer­te­ses glo­bals que, com diuen els experts, són el gran ene­mic per pla­ni­fi­car estratègies i inver­si­ons. Merz, que podria ser ele­git can­ce­ller pel Par­la­ment els pròxims 6 o 7 de maig, té al seu favor un ins­tru­ment nou: l’esmena cons­ti­tu­ci­o­nal que va pros­pe­rar fa unes set­ma­nes i que va alli­be­rar del fre al deute la des­pesa en defensa, a més d’un fons de mig bilió d’euros per a infra­es­truc­tu­res. Això impli­carà unes pos­si­bi­li­tats d’endeu­ta­ment pràcti­ca­ment il·limi­ta­des per al rear­ma­ment i ajud a Ucraïna, la lluita con­tra els cibe­ra­tacs i l’espi­o­natge. També per­metrà la posada al dia d’unes infra­es­truc­tu­res esmorteïdes i l’impuls a la digi­ta­lit­zació, l’altra assig­na­tura pen­dent d’Ale­ma­nya.

Els soci­al­demòcra­tes assu­mi­ran Defensa i Finan­ces. També els cor­res­pondrà Tre­ball, des d’on pen­sen llui­tar con­tra las reta­lla­des soci­als i per una rebaixa fis­cal als ingres­sos bai­xos i mit­jans.

L’altra peça fona­men­tal en l’engra­natge és Inte­rior, però cor­res­pondrà a la CSU bava­resa. A aquest minis­teri per­tany el con­trol de les fron­te­res i la immi­gració irre­gu­lar. Merz va gua­nyar les elec­ci­ons amb pro­pos­tes de línia dura, com les devo­lu­ci­ons en calent. També ha promès acce­le­rar les expul­si­ons a ter­cers països dits segurs o als seus llocs d’ori­gen, en el cas d’afga­ne­sos o siri­ans. El pacte pre­veu la supressió o res­tricció a casos excep­ci­o­nals del rea­gru­pa­ment fami­liar per a refu­gi­ats que per­ce­ben pro­tecció sub­sidiària –és a dir, els qui han estat rebut­jats, però no poden ser expul­sats per raons huma­nitàries–. I també una reducció dels sub­si­dis als refu­gi­ats que no mos­trin “moti­vació” per tre­ba­llar.

És un canvi de para­digma res­pecte a l’ano­me­nada “cul­tura d’aco­llida” que va repre­sen­tar Angela Merkel davant suc­ces­si­ves cri­sis migratòries i mal­grat les pres­si­ons del seu bloc con­ser­va­dor perquè tanqués fron­te­res. L’excan­ce­llera, ene­miga interna de Merz, con­si­dera ara “cor­recte” el propòsit de retor­nar els immi­grants irre­gu­lars al país per on hagin ingres­sat a Ale­ma­nya. Sem­pre que, adver­teix, es faci d’acord amb “els veïns euro­peus” afec­tats.

Preguntitas

Las claves del pacto de Gobierno en Alemania: rearme, reactivación de la economía y línea dura migratoria

Los líderes de la CSU, Markus Söder; la CDU, Friedrich Merz, y del SPC, Lars Klingbeil y Saskia Esken, este miércoles en Berlín. / CHRISTOPH SOEDER / EFE
 Gemma Casadevall

El líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) alemana, Friedrich Merz, acaricia su ascenso al poder tras haber logrado cerrar un pacto de gobierno con los socialdemócratas (SPD), el partido del canciller saliente Olaf Scholz. Será la quinta coalición entre las dos formaciones que se han alternado el poder en toda la historia de la República Federal de Alemania (RFA). Sus prioridades son la activación de la economía alemana, ahora en recesión, al rearme de un Ejército desfasado y el endurecimiento de la política migratoria. Será el primer Gobierno liberado del dogma de la austeridad que ha marcado durante décadas la política alemana, gracias a la enmienda constitucional recientemente aprobada. Y tratará de frenar el ascenso de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), la segunda fuerza a escala nacional, pero políticamente aislada. Los socialdemócratas defenderán un propio sello en materia laboral y social, además de tratar de suavizar las aristas de la línea dura migratoria que quieren implantar sus socios.

Estas son las claves de la alianza entre la CDU y el SPD:

¿Cómo impulsar el rearme de una potencia militarmente tímida?

"Nuestra seguridad está hoy más amenazada que nunca desde el fin de la Segunda Guerra Mundial" y, por primera vez desde entonces, "Alemania y Europa debe prepararse para velar por su propia seguridad": estas son las dos premisas del capítulo Defensa y Seguridad, incluido en las 146 páginas del pacto. Alemania reconoce que su Ejército está desfasado.Pero Alemania "is back" (ha vuelto) y cumplirá con sus obligaciones, aseguró Merz, preguntado sobre qué le diría a Donald Trump. La pieza fundamental para que Alemania sea capaz de responder a sus compromisos con sus aliados y consigo misma es la reforma constitucional sellada hace apenas unas semanas, que abre la vía a un gasto prácticamente ilimitado en defensa. La cartera quedará a manos de los socialdemócratas y probablemente de su actual titular, el carismático Boris Pistorius. A él corresponderá también encarrilar un concepto de un servicio militar que no sea obligatorio, sino voluntario, pero capaz de despertar las motivaciones a enrolarse en unas fuerzas armadas marcadas por sus cifras menguantes, tanto en cuanto a recursos como en contingente. Actualmente el Ejército alemán tiene unos 182.000 soldados, en un país con 84 millones de habitantes.

¿Cerrar fronteras sin finiquitar el derecho al asilo?

"Alemania seguirá siendo un país de inmigración (…) y el derecho al asilo seguirá siendo intocable, afirmó el líder de SPD, Lars Klingbeil, al presentar el pacto. Preservar este mandato no le será fácil al socio de coalición. Su ministerio quedará en manos conservadoras y Merz considera que "combatir la inmigración irregular" es parte esencial en la estrategia e interés común para debilitar y frenar el alza de la AfD. El pacto contempla suprimir el reagrupamiento familiar para los refugiados con protección subsidiaria, alargar los plazos para el acceso a la nacionalidad alemana, reducir a lo más básico los subsidios a los acogidos o tolerados como asilados y devolver en la propia frontera a los inmigrantes irregulares. Es decir, practicar las devoluciones en caliente. Algo que, defiende Merz, ya hacen otros países europeos.

¿Cómo devolver Alemania al crecimiento en tiempos turbulentos?

"Tenemos un plan fuerte para que llevar de nuevo hacia adelante a nuestro país", asegura Merz, quien reconoce las "turbulencias" procedentes de Estados Unidos --o aranceles-- como un factor de riesgo geopolítico comparable a los estragos económicos derivados de la "guerra de agresión" sobre Ucrania precipitada por Vladímir Putin. El próximo Gobierno se propone rebajar la carga impositiva sobre ciudadanos y empresas en el sector energético, especialmente a aquellas firmas cuya actividad requiere de mayor consumo. Las cargas fiscales sobre la energía deberán bajar hasta situarse "en la media europea", según Merz. El gran apoyo a la actividad económica debe proceder, sin embargo, de la supresión de la enorme carga burocrática que, hoy por hoy, lastra a empresas grandes, medianas o pequeñas. También bajarán las cargas impositivas sobre los sueldos más bajos o medios. Pero no se contempla un aumento en los ingresos más altos o muy altos, contrariamente a lo que pretendía el SPD.

¿Dónde queda el sello socialdemócrata?

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales corresponderá a los socialdemócratas y se baraja como su probable titular a Bärbel Bas, la expresidenta del Parlamento. Sus compatriotas reconocen en ella la energía con que desempeña sus tareas. Desde esta posición deberá defender la promesa esencial de su partido: que no se puede financiar el rearme con recortes sociales o laborales. El SPD exhibe como logro de su partido la implantación de un salario mínimo interprofesional en tiempos de Angela Merkel. Su propósito es elevarlo a 15 euros por hora, frente a los 12,8 actuales. También se compromete a mantener el nivel de las jubilaciones y prolongar por dos años el tope al aumento de los alquileres. Infraestructuras, el otro gran desafío nacional al que se pretenden destinar un fondo de medio billón de euros en 12 años, quedará en manos de la CDU.

¿Quién atesora más carteras clave?

Aunque se hable de coalición entre conservadores y socialdemócratas, en rigor son tres los partidos implicados en el pacto y también tres a pujar por los ministerios clave. Además de la cancillería, la Unión Cristianodemócrata (CDU) asumirá Exteriores, una cartera que suele corresponder al socio menor pero que por primera vez en 60 años quedará para el partido de Merz. A su hermanada Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), de línea más derechista que la CDU, se le adjudica Interior, determinante para la política migratoria, la lucha contra el terrorismo y contra el extremismo político. Al SPD le corresponderán siete del total de 17 carteras, entre ellas Defensa y Finanzas, además de la vicecancillería, lo que le dará un papel determinante en el ejecutivo pese a su condición de socio menor.

¿Para cuándo el relevo en la Cancillería?

El pacto consensuado debe superar aún la ratificación de los tres partidos, a los que corresponde además designar a sus ministro. En el caso del SPD, la ratificación será a través de una consulta por voto telemático a sus bases. Para la CDU, en un congreso en pequeño formato a finales de abril, mientras que la CSU lo hará a escala de su cúpula. La fecha contemplada para que Merz se someta finalmente a su elección como canciller en el Parlamento se sitúa en la segunda semana de mayo, probablemente entre el 5 y el 7. Es decir, en vísperas del 80 aniversario de la Capitulación del Tercer Reich, que aspira a presidir ya como canciller. Hasta entonces, el equipo de Olaf Scholz y su coalición con los Verdes siguen como gobierno en funciones.

Casi canciller

Conservadores y socialdemócratas cierran el pacto que convertirá a Merz en canciller

El líder de la CDU y probable nuevo canciller alemán, Friedrich Merz. / CLEMENS BILAN / EFE
 Gemma Casadevall

El bloque conservador de Friedrich Merz, el previsible nuevo canciller de Alemania, confirmó este miércoles que ha alcanzado un pacto de gobierno con los socialdemócratas, seis semanas después de las elecciones nacionales del pasado 23 de febrero. Los términos del acuerdo serán presentados por los líderes de los tres partidos implicados, la Unión Cristianodemócrata de Merz y su hermanada Unión Socialcristiana de Baviera (CDU/CSU) de Markus Söder, más el Partido Socialdemócrata (SPD) de Lars Kingbeil.
La última ronda negociadora ha sido maratoniana. El acuerdo se había dado casi por cerrado a última hora del martes. Sin embargo, al filo de la medianoche se despidieron las delegaciones respectivas sin anunciar nada para emplazarse a una nueva ronda, este donde limar los "detalles".
Merz tardará aún algunas semanas en ser elegido canciller por el Bundestag (Parlamento alemán). El pacto debe ser ratificado por cada uno de los partidos, lo que en el caso de los socialdemócratas implica someterlo a una votación entre las bases. La CDU lo hará en un congreso que podría tener lugar a finales de abril, mientras que la CSU bávara debe determinar aún la fórmula de validación.
No es un proceso demasiado largo, desde la perspectiva alemana. En otras ocasiones, entre unos comicios nacionales y la elección parlamentaria han pasado tres o hasta seis meses, como ocurrió con Angela Merkel en su última legislatura en gran coalición. No hay vacío de poder, se explica, porque el anterior gobierno sigue en funciones. Pero nada ahora mismo es como siempre. Hay gran nerviosismo entre el ámbito económico, que reclama un plan de acción ante los previsibles estragos que causarán los aranceles de Donald Trump en una potencia exportadora como Alemania. La primera economía europea cerró 2024 en recesión, por segundo año consecutivo. Este 2025 puede ser de nuevo dramático, según avanzan algunos medios a la espera de que los grandes institutos económicos del país actualicen sus pronósticos coyunturales.

Rearme e inmigración

Tampoco pueden esperar otros asuntos apremiantes para el conjunto de Europa, como son el rearme o la política migratoria. Merz logró la aprobación por el Parlamento saliente de una enmienda constitucional para liberar defensa de las restricciones del freno a la deuda y también para activar un paquete de medio billón de euros destinado a las infraestructuras alemanas. Pero habrá que esperar hasta que se traduzcan en proyectos de ley y superen el trámite parlamentario.
A todo esto, a la CDU/CSU le saltaron las alertas procedentes de la demoscopia. A Merz le reprochan desde sus filas haber traicionado su promesa de respetar el freno a la deuda. Las urnas le dieron el 23 de febrero casi 10 puntos de ventaja sobre la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Ahora la impaciencia por ese tiempo muerto de transición o la decepción por las teóricas concesiones a los socialdemócratas le sitúan empatado en los sondeos con la derecha radical. El SPD quedó debilitado al caer a la tercera posición en los comicios nacionales, pero Merz les necesita sí o sí para asegurarse una mayoría parlamentaria y, a la vez, mantener el cordón sanitario sobre los ultras.

Entrando en la recta del sprint

Conservadores y socialdemócratas han alcanzado un pacto de Gobierno

El jefe del grupo parlamentario de la CDU/CSU, Thorsten Frei. / EFE

Gemma Casadevall 

El bloque conservador de Friedrich Merz y el Partido Socialdemócrata (SPD) lograron este martes un acuerdo para formar una coalición de Gobierno en Alemania, según informaciones de la televisión privada 'NTV'. Se espera que el pacto de coalición este listo para ser presentado este miércoles, añaden por su parte las dos cadenas nacionales de la pública, ARD y ZDF, aunque advierten de que quedan por concretarse sus detalles finales.
Las negociaciones entre el bloque de Merz, integrado por la Unión Cristianodemócrata y su hermanada Unión Socialcristiana de Baviera (CDU/CSU), y los socialdemócratas se aceleraron esta semana, entre fuertes presiones del ámbito económico y ante la alarma creada en los mercados por los aranceles de Donald Trump. Ni Merz ni sus virtuales socios del SPD, el partido del canciller en funciones Olaf Scholz, podían permitirse más demoras en una Alemania a la que se reclama, también desde Europa, liderazgo. La primera potencia europea cerró 2024 en recesión, por segundo año consecutivo. La activación de economía es el principal objetivo de Merz, ganador de las elecciones celebradas el pasado 23 de febrero.
Scholz convocó el lunes a Merz y al presidente del SPD, Lars Klingbeil, a una reunión de urgencia en Cancillería, en pleno desplome bursátil y mientras desde el ámbito económico se apremiaba al político a actuar. Los aranceles de Trump pueden suponer una caída del 15 % en las exportaciones de Alemania, según admitió el lunes el ministro de Finanzas en funciones, Jörg Kukies.
Mientras Scholz analizaba la situación con su previsible sucesor, lo Verdes, socios de gobierno saliente, reclamaban la convocatoria de una sesión del Parlamento esta misma semana centrada en la búsqueda de soluciones ante los previsibles estragos que causarán los aranceles en esa potencia exportadora.
El bloque conservador de Merz ganó las elecciones del pasado 23 de febrero, pero precisa a los socialdemócratas como socios. Es la única constelación política que le dará una mayoría estable y, a la vez, aislará a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Las presiones sobre Merz desde su propio partido son inmensas. Las encuestas sitúan a la AfD casi empatada con el bloque de Merz. Hace un mes, los conservadores les aventajaban en diez puntos.
Las negociaciones de coalición se iniciaron hace cuatro semanas y la idea del líder conservador era someterse a su elección como canciller el 23 de abril. Este plan parece difícil de cumplir. El pacto debe ser refrendado por los tres partidos implicados, CDU, CSU y SPD. En el caso de los socialdemócratas, debe someterse incluso al voto de sus bases.

Tiembla el 'made in Germany!

Alemania: los aranceles de Trump golpean a la potente automoción

Fabricantes de autos europeos avisan de que aranceles perjudican también al sector en EEUU

Gemma Casadevall, Berlín03 ABR 2025

"No habrá Liberation Day, sino Inflation Day. Y la manía de los aranceles llevará a una espiral que arrastrará a países a la recesión", sentenció desde Berlín el ministro de Economía en funciones, el verde Robert Habeck, ante el anuncio de Donald Trump que sacude a la potencia exportadora que es Alemania. De "golpe a la economía global" lo calificó el canciller saliente, Olaf Scholz.
La industria de la automoción, seguida del acero, es la columna vertebral del motor exportador germano. En 2024, desde Alemania se exportaron más de medio millón de automóviles a Estados Unidos, a los que hay que añadir unos 300.000 producidos entre México y las propias plantas de marcas como Volkswagen en territorio norteamericano. Según estimaciones de la Federación de la Industria Automovilística (VDA) alemana, el total suma unos 900.000 coches de sello germano los que se colocan anualmente en este mercado.
Para Habeck, no obstante, la respuesta a la situación creada debe proceder "de la negociación, no de la confrontación". Las esperanzas de Berlín no están depositadas en búsquedas bilaterales, sino en la Comisión Europea (CE) de Ursula von der Leyen.
Las decisiones de Trump no han sorprendido a Alemania, pero sí agravan la situación de un sector, la automoción, cuyo buque insignia, Volkswagen, entró el año pasado en la peor crisis de su historia. Los sindicatos y la patronal han negociado durante meses fórmulas para evitar cierres de fábricas y despidos masivos. Otras marcas, como Mercedes y BMW, están inmersas en sus propias crisis, en buena parte debidas al debilitamiento de su rival, pero al mismo tiempo gran mercado que es China.

Mirada hacia la UE

"La Unión Europea debe dar una respuesta adecuada, pero equilibrada", insistió Habeck. La mirada del ministro saliente está depositada en "el mercado interno europeo, el mayor del mundo", cuya fortaleza "debemos aprovechar". Por países, Estados Unidos es el primer destino de sus exportaciones, con un 9,9% según cifras del departamento federal de Estadística (Destatis). Le sigue Francia, con un 7,6%. Pero, en su conjunto, los socios de la UE suponen dos tercios del total de las exportaciones alemanas.
Los pronunciamientos del Gobierno saliente se producen en la transición hacia el siguiente ejecutivo, previsiblemente una coalición entre el bloque conservador de Friedrich Merz y los socialdemócratas del canciller en funciones Olaf Scholz. Merz, líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Ursula von der Leyen, también reclama soluciones concertadas desde Bruselas. La Confederación de la Industria Alemania (BDI) comparte el parecer de la clase política en la necesidad de una respuesta europea, mientras que el Instituto Económico Alemán (IW) estima que los aranceles causarán a la industria alemana pérdidas de hasta 200.000 millones de euros en los cuatro años previstos para la legislatura de Trump.
Alemania cerró 2024 en recesión, por segundo año consecutivo. Merz ganó las elecciones del pasado febrero comprometido con lograr la reactivación de la primera economía europea y este es también en puntal de unas negociaciones de coalición que el líder conservador quiere haber completado hacia Semana Santa.

Amigos para siempre

Orbán saca a Hungría de la CPI en plena visita de Netanyahu

Orbán recibe a Netanyahu en Budapest / ATTILA KISBENEDEK / AFP
Gemma Casadevall, Berlín03 ABR 2025 

"La Corte (Penal Internacional de La Haya) ya no se ciñe al Derecho, es un tribunal político. Y Hungría defiende a la democracia israelí", aseguró el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, tras recibir con honores militares a Binyamín Netanyahu. Desobedeció así, de facto, la orden de detención emitida contra el líder israelí. "La Corte nos castiga a nosotros, en lugar de actuar contra quien atentan contra nuestra democracia", respondió el primer ministro de Israel, para quien La Haya es un instrumento de la "corrupción".
Con la comparencia ante los medios de ambos líderes se plasmó la alianza entre la Hungría del ultranacionalista Orbán y el Israel que sigue ampliando su mortal ofensiva sobre Gaza y desoye las reiteradas denuncias de la ONU por las muertes de la población civil. Estaba claro, porque Orbán se lo había garantizado de antemano, que Netanyahu no debía temer ser detenido, pese a la orden de la CPI por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Además, unas pocas horas después de la llegada de Netanyahu, el portavoz del Ejecutivo húngaro, Gergely Gulyas, oficializó el anuncio de retirada de su país de este tribunal. Es un movimiento esperado y el procedimiento hasta hacer efectiva la retirada está contemplado en el Estatuto de Roma, el documento con el que se creó la corte.
El proceso se prolongará previsiblemente un año. Y la salida del Tratado no exonera a Hungría de las obligaciones contraídas mientras formó parte de la CPI. Este matiz quedó en evidencia con la detención del expresidente filipino Rodrigo Duterte el pasado marzo. Filipinas rompió con la CPI en 2018, pero el exmandatario fue detenido por sus presuntos crímenes mientras estuvo en el poder.
Pero estos matices no parecen importar a Orbán. En cuanto la Corte emitió su orden contra el líder israelí, el año pasado, el primer ministro húngaro dejó claro que su amigo y aliado no debía temer ser arrestado en Hungría. Ya entonces le invitó formalmente a viajar a su país. La pasada semana se formalizó la visita oficial, que se inició la pasada madrugada y se prolongará, salvo contraorden, hasta el domingo.
La CPI está encargada de investigar y juzgar a los máximos responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. Unos 125 países han suscrito su Tratado, entre los que no están potencias como Estados Unidos, Rusia ni China, así como tampoco Israel. Hungría firmó el Tratado de Roma en 1999 y lo ratificó en 2001. Para Bruselas, la orden es vinculante. Pero Orbán defiende lo contrario porque, dice, no es acorde con las leyes húngaras.
Que la cita con Netanyahu se produzca mientras Israel amplía su ofensiva en Gaza y en paralelo a las nuevas denuncias del secretario general de la ONU, António Guterres, no altera la visita. O, al contrario, parece que les anima a exhibir su línea de desobediencia a instancias internacionales. Netanyahu y Orbán comparecieron más aunados que nunca en sus alertas al "antisemitismo importado" que, según el húngaro, crece en Europa por culpa de la inmigración irregular. Para su homólogo israelí, Hungría sí entiende que defender a "Israel es proteger a Europa".

Desafío húngaro y ambigüedades germano-polacas

Hungría es el primer país miembro de la UE que visita Netanyahu desde el que la CPI emitió la orden de detención contra él. Hay que decir, en rigor, que la posición de otros países europeos no es tan clara como pretende Bruselas. Ya el pasado enero, en ocasión del 80 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz, Polonia garantizó a Netanyahu que no sería detenido si asistía a esos actos. Varsovia se ahorró el trago, puesto que finalmente no acudió.
Berlín mantiene asimismo una posición ambigua respectó a cómo se actuaría en caso de una visita del líder israelí. Para la Alemania actual, es difícilmente practicable por razones de responsabilidad histórica hacia Israel. El canciller en funciones alemán, Olaf Scholz, reiteró este jueves que no se puede "imaginar" una detención de Netanyahu en su país, mientras que su probable sucesor, Friedrich Merz, incluso la ha descartado.

Máxima representación institucional para un 'amigo'

Netanyahu llegó a Budapest de madrugada, horas después de lo inicialmente previsto, y sin que se haya detallado por parte húngara su agenda por razones de seguridad. Se sabe que a su mediático encuentro con Orbán, el primer punto de su agenda, seguirá una reunión con el presidente del país, Tamás Sulyok. También informan los medios húngaros del propósito del líder israelí de pasar el Sabbat con la comunidad judía de Budapest, la tercera más numerosa de Europa, según destacó Orbán.
Su desafiante visita encaja con los perfiles de sus máximos protagonistas, Orbán y Netanyahu. El primer ministro húngaro es amigo declarado de su homólogo israelí y también del presidente estadounidense, Donald Trump. Es, a la vez, el más poderoso aliado dentro del bloque comunitario del presidente ruso, Vladímir Putin.
Esta conjunción de afinidades le convierten en azote de la línea mantenida por Bruselas respecto a Moscú, a lo que se suma ahora el frente abierto con el aliado que se creía incondicional, EEUU, que con Trump ha pasado a representar la confrontación. En medios húngaros se ha aventurado con que entre los temas destacados de la visita de Netanyahu está el proyecto de Trump de convertir Gaza en la "Riviera de Oriente Próximo".

El tamaño no lo es todo

Mette Frederiksen, la 'mujer fuerte' danesa ante una compleja visita a Groenlandia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en un debate en la Universidad de Aarhus, el pasado 2 de marzo. / BO AMSTRUP / REUTERS

Gemma Casadevall, Berlín01 ABR 2025 

La socialdemócrata Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca desde 2019, inicia este miércoles una compleja visita a Groenlandia. En primer lugar, porque se la identifica como la defensora de la soberanía europea frente al ímpetu anexionista de Donald Trump. Pero también por la grieta abierta ante su presencia en la recién fraguada coalición de gobierno de ese territorio autónomo danés.
"No es apropiada su visita, cuando aún no se ha formalizado el nuevo gobierno ante el Inatzisartut (Parlamento groenlandés)", aseguró en un comunicado la ministra de Exteriores, Vivian Motzfeld, del partido socialdemócrata Siumut. "Es bienvenida y espero con alegría su visita", señaló por su parte Jens-Frederik Nielsen, ganador de las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo y líder de la centrista Demokraatit.
Nielsen presentó el pasado viernes la nueva coalición de gobierno, una alianza que aglutina a cuatro de las cinco formaciones con escaños, todas ellas representantes del independentismo moderado. Los recelos de Motzfeld se fundamentan en aspectos formales, ya que el nuevo Parlamento debe constituirse la próxima semana. Pero en su reacción se aprecia también algo del renacido espíritu de identidad propia que se ha generado entre los groenlandeses tras colocar Trump la isla, con apenas 57.000 habitantes, entre las prioridades de su agenda. "Durante mucho tiempo nos hemos sentido solos. Ahora deberían respetarse los términos oficiales, como se hace con cualquier otro país", afirma Motzfeldt, quien previsiblemente seguirá en el cargo. Lidera el partido Siumut, que ya fue socio de gobierno en el Ejecutivo saliente del socialista Mute B. Egede.

Una visita arriesgada

Frederiksen anunció su viaje el pasado sábado tras la provocadora visita del vicepresidente estadounidense JD Vance, quien desde su base de Pituffik, en territorio groenlandés, se permitió reprochar a Dinamarca "no haber hecho bien su trabajo" en cuanto a la defensa de la isla y no haber tratado como se merecen a sus habitantes. A Groenlandia "le conviene" pertenecer a Estados Unidos, según el segundo de Trump.
Ambos pronunciamientos, el relativo a la defensa y los supuestos beneficios que tendría para sus groenlandeses formar parte de EEUU, fueron rebatidos por el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen. "No es forma de hablar a un aliado", afirmó el avezado político centrista y ex primer ministro danés, en alusión al papel de Dinamarca como miembro de la OTAN.
La visita de Frederiksen es arriesgada porque refleja la agudizada confrontación con el gran socio transatlántico. Se producirá, además, al día siguiente de los comicios locales de este martes en Groenlandia, una cita con las urnas a la que el resto del mundo normalmente no dedicaría la menor atención, pero de la que ahora se esperan nuevas señales sobre su rumbo político. Las parlamentarias de marzo dejaron fuera del equipo de gobierno a los representantes del independentismo más rupturista, Naleraq, segunda fuerza tras los centristas de Nielsen. A Naleraq se le ve como el aliado 'tapado' de Washington. Una ruptura acelerada de Dinamarca facilitaría las cosas a Trump.

Imagen de fortaleza desde la inferioridad militar

Frederiksen, de 47 años, es todo lo contrario a una líder de perfiles suaves. Pertenece a la familia socialdemócrata, pero bajo su liderazgo Dinamarca ha dado un giro hacia la línea más dura en política migratoria y en defensa. Ya en 2019, entonces recién llegada al poder, respondió con un "Groenlandia no se vende" a la primera oferta de Trump de comprar la isla. Dinamarca está asimismo en el grupo de aliados nórdicos que, a raíz de la agresión rusa de Ucrania, aceleraron sus inversiones en defensa. A las ansias por hacerse con Groenlandia de la Casa Blanca ha respondido Copenhague con nuevos y ambiciosos planes de rearme, así como un paquete de inversiones de 16.000 millones de euros hasta 2033. También ha anunciado un notable refuerzo para su Comando Ártico.
Pero ni la partida inmediata de 6.700 millones de euros que destinará Copenhague a inversiones militares entre 2025 y 2026 ni el incremento de su gasto en defensa al 3,7% del PIB convertirán a este país nórdico, de 5,9 millones de habitantes, en una potencia militar. Tampoco la decisión de avanzar a 2026, un año antes de lo previsto, la implantación del servicio militar obligatorio para la mujer. Actualmente, el Ejército de Dinamarca tiene unos 15.000 soldados, más otros 20.000 reservistas. Según su Ministerio de Defensa, el contingente en Groenlandia se limita a unos 80 soldados, más personal civil en la capital, Nuuk, además como otros diez efectivos de la llamada Patrulla Sirius de la estación ubicada en el extremo más cercano al Polo Norte.