Menos vivienda social y más necesidad en Europa
Construcción de viviendas en Whitstable (Inglaterra) / Bloomberg
Irene Savio, Leticia Fuentes, Gemma Casadevall, Lucas Font
La subida del precio de la vivienda y la falta de vivienda social no es un problema exclusivo de España, como tampoco es patrimonio español que sea una promesa incumplida y pendiente de los distintos gobiernos. La menguante oferta de pisos sociales y la mayor necesidad de estos es un problema común en los países del entorno.
Italia: 100.000 viviendas públicas vacías por falta de fondos para renovarlas
En Italia, muchas familias de bajos ingresos que enfrentan dificultades para pagar alquileres a precios de mercado también encuentran obstáculos para acceder a viviendas públicas y sociales. La oferta de estos alojamientos es claramente insuficiente, y además, muchos de los inmuebles disponibles a menudo permanecen vacíos, según informes y expertos.
En cifras, en el país transalpino existen 875.000 viviendas sociales públicas, casi todas construidas hace décadas, las cuales representan entre una cuarta y una quinta parte del total de viviendas de alquiler, según datos de la publicación especializada Scenari Immobiliari y el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT). Y su distribución responde más a criterios geográficos y demográficos (es decir, hay más en las regiones más pobladas) que a las necesidades específicas de quienes realmente las requieren.
Esto explica por qué las regiones de Lombardía y Campania encabezan la lista con 160.000 y 106.000 viviendas sociales, respectivamente, seguidas por Apulia con 61.000. En el otro extremo, regiones pequeñas como el Valle de Aosta y Molise, junto con Umbría y Basilicata, cuentan con la menor cantidad de viviendas sociales.
Además de esto, uno de los grandes problemas no solo es que no se prevé un aumento en el número de inmuebles destinados a este uso, sino que muchos inmuebles cuyos inquilinos mueren pasan a sumarse a la lista de propiedades inutilizadas. La causa es la falta de fondos para renovarlos antes de su asignación a nuevos inquilinos. En concreto, según una investigación de la Universidad Bocconi de Milán y de Federcasa, las viviendas públicas vacías representarían alrededor del 11.5% del total: una "ciudad fantasma" de unas 100.000 casas.
Por si no fuera suficiente, cada vez más asignaciones de estas viviendas terminan en los tribunales. Esto se debe a que, especialmente en el norte de Italia, varias regiones han intentado establecer el llamado criterio de "antigüedad de residencia". Este requisito implica que la persona que solicite una vivienda social haya residido en la región durante un periodo mínimo. Sin embargo, en una sentencia de abril pasado, el Tribunal Constitucional sentenció que este criterio no es admisible, al pronunciarse sobr los casos de la región de Véneto y de Lombardía , obligando a ambas regiones a eliminar este requisito.
Francia: 2,7 millones de familias en lista de espera
Francia bate récord en su crisis de vivienda social: 2,7 millones de familias esperan una vivienda pública en estos momentos, según la Unión Social de la Vivienda. Un aumento de 100.000 solicitantes respecto a 2023.
La creciente demanda de este tipo de viviendas producida por la pérdida de poder adquisitivo de los franceses, la caída de subvenciones, el aumento de los costes de construcción, y el bloqueo de la creación de vivienda social han provocado que las listas de espera se engorden causando una demora de entre 5 a 6 años. Una espera que aumenta en la región parisina de Ile-de-France llegando a ser de hasta 10 años.
"Estamos construyendo cada vez menos (alrededor de 82.000 viviendas sociales este año, frente a 120.000 hace cinco años) y, mientras tanto, la demanda de vivienda social ha seguido creciendo, porque muchos hogares no pueden permitirse encontrar alojamiento fuera de las viviendas sociales", explica la presidenta de la Unión Social de la vivienda en RTL, Emmanuelle Cosse.
A la evidente falta de construcción de vivienda social, que ha pasado de 120.000 viviendas por año a 70.000, se une la crisis política de los últimos meses que ha provocado un bloqueo de las medidas presentadas por el gobierno dimisionario de Gabriel Attal.
Para las asociaciones francesas, la lista de espera crece porque la construcción de estas viviendas no está siguiendo el ritmo de la demanda, y el bloqueo político que atraviesa Francia desde hace meses dificulta la aprobación de medidas urgentes en este campo.
En julio, el gobierno dimisionario presentó un proyecto de “choque” que pretendía inyectar 1.200 millones de euros para agilizar la creación de vivienda social, pero el ministro de economía de aquel momento, Bruno Le Maire, congeló estas propuestas, por la complicada situación económica que atraviesa el país, con un déficit público que supera el 5%.
Unas medidas que pretendían apoyar a la clase media, crear una “oferta de choque” para paliar la penuria de vivienda social, y reducir el proceso administrativo para acceder a este tipo de hogares. Sin embargo, la disolución de la Asamblea Nacional y el adelanto de las elecciones legislativas en junio, que provocó la dimisión en bloque del gobierno de Macron, bloqueó todas esas propuestas, que a día de hoy siguen en pausa.
La suspensión de la construcción de vivienda social ya fue motivo de debate en 2018, cuando el Ejecutivo aprobó la “ayuda de alquiler solidario” para paliar la falta de vivienda pública. Una ayuda económica para pagar el alquiler que pueden solicitar los hogares que atraviesan dificultades económicas. Sin embargo, de nuevo, el recorte de las ayudas sociales ha provocado que muchas familias también se queden fuera de estas listas.
Según los datos de la Agencia Nacional de Control de la Vivienda Social (Ancols), a pesar del aumento de las solicitudes, la asignación de viviendas sociales cayó considerablemente de 467.000 en 2018 a 418.000 en 2022. Según los expertos, también influye en que las estancias en estas viviendas cada vez se alargan más y se ralentiza la rotación. A esto se suma el nuevo perfil de solicitantes: trabajadores menores de 40 años. "Los solicitantes son personas que trabajan, tienen un salario cercano al salario mínimo (1.426€/netos en Francia), muchas familias monoparentales y que buscan vivienda en todo el territorio, incluidas las ciudades medianas", explica Cosse.
Alemania: Una promesa que ha pasado a segundo plano
Cuando el socialdemócrata Olaf Scholz firmó su pacto de coalición con los Verdes y el Partido Liberal (FDP), en diciembre de 2021, incluyó entre sus objetivos prioritarios la construcción de 400.000 nuevas viviendas al año, de las cuales 100.000 serían vivienda social. Los alquileres se habían disparado en todo el país, muy especialmente en Berlín, una ciudad que en el país había sido un oasis frente a los prohibitivos precios de otras capitales europeas. De ser zona de alquileres más o menos estabilizados se pasó a niveles semejantes a los de las ciudades reconocidas como caras, como Frankfurt o Múnich. En diez años, el precio medio de los alquileres se había prácticamente doblado, con un incremento acumulado por encima del 90 %.
Scholz tenía el firme propósito de frenar el alza de precios con el apoyo a la construcción de esas 100.000 viviendas sociales al año. Pero quedó por debajo de ese objetivo tanto en 2022 como en 2023, con unas 25.000 y 33.000 unidades, respectivamente. El total de vivienda social en Alemania es de 1,08 millones de unidades.
Aparecieron otros objetivos preferentes, en una Alemania que con la invasión rusa de Ucrania tomó consciencia de que su Ejército estaba tan desfasado como otras infraestructuras esenciales, desde la red ferroviaria a la digitalización. A los cuatro meses de formarse el nuevo gobierno, Scholz anunciaba un paquete inversor nunca visto para Defensa -100.000 millones de euros-. Los entre 38.000 y 45.000 millones previstos para apoyar la construcción de vivienda social, a repartir en cinco años, pasaron a un segundo plano. A eso se sumó la acuciante necesidad de resolver la crisis energética precipitada por la guerra, en un país hasta entonces fuertemente dependiente del gas, el petróleo y el gas ruso.
De las grandes promesas se pasó a los grandes reproches, hasta que la coalición saltó por los aires con la salida de los liberales del Gobierno, lo que abre un periodo de mayor incertidumbre. El Gobierno, ahora de socialmeLa coalición de Scholz mantiene formalmente su plan, estructurado en 14 puntos y que contempla medidas como la conversión de edificios de oficinas vacíos o la concesión de créditos a bajo interés. Pero sigue sin plasmarse en realidades.
Reino Unido: Una caída en la oferta de vivienda pública
La vivienda pública en el Reino Unido está destinada principalmente al alquiler, aunque también existen algunos mecanismos para comprar los alojamientos, así como modelos híbridos. En el caso del alquiler, este está dividido entre el arrendamiento social –que ofrece alojamientos hasta un 50% más baratos que en el sector privado– y el arrendamiento asequible –cuyos precios pueden alcanzar hasta el 80% de su equivalente en el mercado libre–. En la actualidad existen 4,1 millones de viviendas públicas en Inglaterra, financiadas principalmente por administraciones locales y por organizaciones sin ánimo de lucro. Esta cifra representa un 16% del total del parque de vivienda (cuatro puntos menos que en el año 2000).
La oferta de vivienda pública ha sufrido cambios importantes en la última década. En el año 2011, la gran mayoría de alojamientos iban destinados al arrendamiento social, pero esta cifra se ha ido reduciendo progresivamente en favor del arrendamiento asequible hasta representar tan solo el 15% del total de viviendas públicas. Esta situación ha puesto en alerta a las principales organizaciones especializadas en esta materia. Según un informe elaborado por la oenegé Crisis y por la Federación Nacional de Vivienda, es necesaria la construcción de 145.000 viviendas públicas al año para satisfacer la demanda, de las cuales 90.000 deben destinarse al arrendamiento social.
Por ahora, las iniciativas implementadas por los sucesivos gobiernos han quedado lejos de este objetivo. El Gobierno conservador puso en marcha en 2021 el Programa de Viviendas Asequibles (AHP, en sus siglas en inglés), que ofrece subvenciones para sufragar los costes de construcción de viviendas asequibles en Inglaterra. A pesar de la importante inversión, de cerca de 14.000 millones de euros, este programa sólo contempla la construcción de un total de 157.000 viviendas públicas hasta 2026, de las cuales 33.500 están destinadas al arrendamiento social.
Más allá del alquiler, existen algunos programas para la compra de viviendas asequibles. Uno de ellos es el ‘Right to Buy’, que permite a los inquilinos adquirir su casa de alquiler con un descuento de hasta un 70% o un máximo de 121.000 euros (162.000 euros en Londres), siempre y cuando esta sea su única residencia y hayan habitado en viviendas públicas un mínimo de tres años. Otro modelo es el ‘shared ownership’ (propiedad compartida), que permite comprar entre un 10% y un 75% de la vivienda y pagar un alquiler por el resto.
La regulación del mercado de la vivienda pincha en Europa
Bloques de pisos en la Leipzigestrasse de Berlín. / JOHN MACDOUGALL / AFP
Los problemas para intentar atenuar la subida sin freno del precio de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, no son patrimonio exclusivo de España. Varios países europeos han puesto en marcha algunas iniciativas para poner coto a la escalada alcista, atizada por el turismo de masas, sin demasiado éxito. La cada vez más escasa oferta y el aumento de la población en las principales ciudades, también dificultan el hallazgo de medidas eficaces.
Así es como Francia, Alemania, Italia y Reino Unido lidian con la cuestión:
Francia: Contra la explosión de los precios y la falta de viviendas
Precio medio de compra de una vivienda de 100 m2: 1.000.000 euros
Precio medio mensual del alquiler de una vivienda de 100 m2: 3.100 euros
Salario medio neto mensual: 2.630 euros
Francia no es el ejemplo perfecto en iniciativas exitosas. Desde hace años, ciudades como París, Lyon o Rennes han visto cómo el acceso a la vivienda cada vez es más difícil: falta de hogares, precios desorbitados, y endurecimiento de los requisitos para alquilar.
A pesar de que, desde hace años, la capital francesa cuenta con un tope de alquiler por metro cuadrado, el famoso 'encadrement des loyers', que pretende limitar el precio del alquiler según la zona, los metros cuadrados y sus características, los precios siguen estando muy por encima de lo que la mayoría de ciudadanos pueden permitirse. El precio medio de un espacio de entre 11 y 15 metros cuadrados ronda los 700 euros al mes, sin gastos incluidos.
Un arriendo desorbitado y diminutos espacios que no asustan a los inquilinos, especialmente a los jóvenes, que forman colas a las puertas de los edificios para poder acceder a una vivienda, aunque no sea digna. Para muchos vivir en el centro de París no solo forma parte de un sueño, sino también de la comodidad que supone tenerlo todo al alcance y no depender del transporte público.
Según las cifras presentadas por el Ayuntamiento de París, desde 1945 el número de viviendas en alquiler ha caído exponencialmente: de un millón a 600.000 en 1980, hasta llegar a 2024, donde solo hay 350.000 viviendas en alquiler. A estas cifras se unen las del INSEE, que muestran que el 58% de las viviendas de alquiler de París pertenecen a propietarios que poseen al menos cinco inmuebles.
Precio medio mensual del alquiler de una vivienda de 100 m2: 3.100 euros
Salario medio neto mensual: 2.630 euros
Francia no es el ejemplo perfecto en iniciativas exitosas. Desde hace años, ciudades como París, Lyon o Rennes han visto cómo el acceso a la vivienda cada vez es más difícil: falta de hogares, precios desorbitados, y endurecimiento de los requisitos para alquilar.
A pesar de que, desde hace años, la capital francesa cuenta con un tope de alquiler por metro cuadrado, el famoso 'encadrement des loyers', que pretende limitar el precio del alquiler según la zona, los metros cuadrados y sus características, los precios siguen estando muy por encima de lo que la mayoría de ciudadanos pueden permitirse. El precio medio de un espacio de entre 11 y 15 metros cuadrados ronda los 700 euros al mes, sin gastos incluidos.
Un arriendo desorbitado y diminutos espacios que no asustan a los inquilinos, especialmente a los jóvenes, que forman colas a las puertas de los edificios para poder acceder a una vivienda, aunque no sea digna. Para muchos vivir en el centro de París no solo forma parte de un sueño, sino también de la comodidad que supone tenerlo todo al alcance y no depender del transporte público.
Según las cifras presentadas por el Ayuntamiento de París, desde 1945 el número de viviendas en alquiler ha caído exponencialmente: de un millón a 600.000 en 1980, hasta llegar a 2024, donde solo hay 350.000 viviendas en alquiler. A estas cifras se unen las del INSEE, que muestran que el 58% de las viviendas de alquiler de París pertenecen a propietarios que poseen al menos cinco inmuebles.
A la falta de vivienda y la paralización de la construcción, se suma el endurecimiento de las exigencias para acceder a un alquiler, provocando que muchos se vean obligados a arrendar sin contrato o en condiciones que lejos están de ser legales, como por ejemplo, vivir en espacios inferiores a 9 metros cuadrados. Algo no permitido por ley.
Sin contrato, el propietario no está sometido a ningún control por parte de las autoridades, por lo que el inquilino se expone a un precio del alquiler no regulado y que en muchas ocasiones supera el límite establecido por el 'encadrement des loyers'.
A esto se une, la proliferación de los Airbnb en la capital, que se ha convertido en otro gran problema para las autoridades y para el sector hotelero, quien este año ya se querelló contra la plataforma por competencia desleal, y perdió el litigio.
Para acabar con la falta de vivienda, la tendencia de las dobles residencias en la capital y la especulación inmobiliaria, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, junto con el Gobierno de Emmanuel Macron ya plantean en los nuevos presupuestos de 2025 aumentar la fiscalidad sobre los inmuebles vacíos y las segundas residencias, con el fin de disuadir estas prácticas. LETICIA FUENTES
Alemania: Echar el freno al alquiler sin atenazar al propietario
Precio medio de compra de una vivienda de 100 m2: 489.600 euros
Precio medio mensual del alquiler de una vivienda de 100 m2: 1.749 euros
Salario medio neto mensual: 2.430 euros
Alemania es un país donde los inquilinos superan numéricamente a los propietarios: un 57% de los hogares viven de alquiler, frente al 43% que lo hacen en viviendas de propiedad. Unos y otros sufren la presión del alza de precios y la falta de oferta, ante una población ascendente, en parte debido a la inmigración y la acogida de refugiados. Actualmente son 83,4 millones de habitantes, de los cuales dos y medio han llegado al país en los últimos ocho años.
En busca de soluciones para aliviar la presión sobre los inquilinos y, a la vez, respetar los derechos del propietario, el Gobierno de la entonces cancillera Angela Merkel articuló en 2015 el llamado 'freno a los alquileres' que afecta a los nuevos contratos. Ese año Alemania había acogido a cerca de un millón de refugiados, lo que desbordó las capacidades existentes de vivienda. Dicha regulación prevé que un nuevo contrato de alquiler no puede estar por encima del 10% del nivel medio de los arriendos en su zona.
La regulación debería expirar en 2025. Pero el Ejecutivo del actual canciller, Olaf Scholz, ya prepara la prolongación del siguiente techo por otros cinco años. En ciudades como Berlín, Múnich, Frankfurt y Hamburgo, este mecanismo no ha logrado evitar el aumento incesante del precio de la vivienda. En el caso de la capital, un nuevo contrato de inquilinato sale ahora un 94% más caro que hace 10 años. Las colas de candidatos por cada vivienda que se ofrece al mercado son dantescas.
La situación de Berlín es dramática. A la caída del Muro, en 1989, y reunificación de las dos Alemanias, la comunista y la occidental, consumada un año después, siguió la decisión política de trasladar de nuevo la capital desde Bonn a Berlín. La gran mudanza llevó ocho años de preparativos, hasta 1999. Se destinaron unos 10.000 millones de euros a buscar alojamiento a los recién llegados. De pronto había que encontrar vivienda a funcionarios, diputados y demás aparato institucional. El berlinés de a pie quedó arrinconado. El Gobierno regional de la capital y ciudad-estado optó en 2020 por una medida radical: la congelación por cinco años de cualquier incremento de los arriendos que superase el tope el 1,3% anual. La revolucionaria medida fue bloqueada un año después por el Tribunal Constitucional. Un poder regional, como es el 'land' de Berlín, no tiene competencias para adoptar una medida de este calibre por su cuenta. GEMMA CASADEVALL
Italia: 'Canone concordato', una alternativa al alquiler turístico
Precio medio mensual del alquiler de una vivienda de 100 m2: 1.749 euros
Salario medio neto mensual: 2.430 euros
Alemania es un país donde los inquilinos superan numéricamente a los propietarios: un 57% de los hogares viven de alquiler, frente al 43% que lo hacen en viviendas de propiedad. Unos y otros sufren la presión del alza de precios y la falta de oferta, ante una población ascendente, en parte debido a la inmigración y la acogida de refugiados. Actualmente son 83,4 millones de habitantes, de los cuales dos y medio han llegado al país en los últimos ocho años.
En busca de soluciones para aliviar la presión sobre los inquilinos y, a la vez, respetar los derechos del propietario, el Gobierno de la entonces cancillera Angela Merkel articuló en 2015 el llamado 'freno a los alquileres' que afecta a los nuevos contratos. Ese año Alemania había acogido a cerca de un millón de refugiados, lo que desbordó las capacidades existentes de vivienda. Dicha regulación prevé que un nuevo contrato de alquiler no puede estar por encima del 10% del nivel medio de los arriendos en su zona.
La regulación debería expirar en 2025. Pero el Ejecutivo del actual canciller, Olaf Scholz, ya prepara la prolongación del siguiente techo por otros cinco años. En ciudades como Berlín, Múnich, Frankfurt y Hamburgo, este mecanismo no ha logrado evitar el aumento incesante del precio de la vivienda. En el caso de la capital, un nuevo contrato de inquilinato sale ahora un 94% más caro que hace 10 años. Las colas de candidatos por cada vivienda que se ofrece al mercado son dantescas.
La situación de Berlín es dramática. A la caída del Muro, en 1989, y reunificación de las dos Alemanias, la comunista y la occidental, consumada un año después, siguió la decisión política de trasladar de nuevo la capital desde Bonn a Berlín. La gran mudanza llevó ocho años de preparativos, hasta 1999. Se destinaron unos 10.000 millones de euros a buscar alojamiento a los recién llegados. De pronto había que encontrar vivienda a funcionarios, diputados y demás aparato institucional. El berlinés de a pie quedó arrinconado. El Gobierno regional de la capital y ciudad-estado optó en 2020 por una medida radical: la congelación por cinco años de cualquier incremento de los arriendos que superase el tope el 1,3% anual. La revolucionaria medida fue bloqueada un año después por el Tribunal Constitucional. Un poder regional, como es el 'land' de Berlín, no tiene competencias para adoptar una medida de este calibre por su cuenta. GEMMA CASADEVALL
Italia: 'Canone concordato', una alternativa al alquiler turístico
Precio medio de compra de una vivienda de 100 m2: 341.100 euros
Precio medio mensual del alquiler de una vivienda de 100 m2: 1.659 euros
Salario medio neto mensual: 1.959 euros
En ciudades como Roma y Milán, con altos costos de vivienda debido a la fuerte demanda, se han impulsado en años pasados iniciativas basadas en el llamado 'canone concordato'. Este sistema se basa en acuerdos entre asociaciones de propietarios y de inquilinos, y tiene como objetivo fijar de forma consensuada precios más asequibles para los alquileres.
El modelo supone la intervención de las autoridades, que garantizan descuentos fiscales a los propietarios, con el fin de incentivarles a aceptar los acuerdos. Los precios de los alquileres se establecen dentro de un rango predeterminado según una tabla acordada por cada municipio, la cual tiene en cuenta factores como la ubicación y las características del inmueble (metros cuadrados, estado de conservación, entre otros).
Sin embargo, aunque la iniciativa ha sido bien recibida en el papel, todavía hay dudas sobre su implementación real en el mercado. Lo que se debe sobre todo a que los propietarios aún se muestran reticentes a adoptar este tipo de contratos, prefiriendo los alquileres de corto plazo o turísticos, que ofrecen beneficios más altos e inmediatos. Además, generalmente las tarifas establecidas en las tablas no son mucho más bajas que las de mercado, lo que supone solo una pequeña ayuda para los inquilinos.
Aún así, algunas cifras brindan algo de esperanza para el futuro, dado que el modelo del 'canone concordato' sí ha experimentado un crecimiento en años recientes. Según datos publicados en mayo por el periódico económico 'Il Sole 24 Ore', un tercio (el 35%) de los que alquilaron en Italia en 2023 lo hizo con este tipo de contratos (6.800 millones de euros), lo que implica una subida importante desde 2012 (13%), el primero de la implementación de estos acuerdos. IRENE SAVIO
R. Unido: Plan para construir 1,5 millones de viviendas en 5 años
Precio medio mensual del alquiler de una vivienda de 100 m2: 1.659 euros
Salario medio neto mensual: 1.959 euros
En ciudades como Roma y Milán, con altos costos de vivienda debido a la fuerte demanda, se han impulsado en años pasados iniciativas basadas en el llamado 'canone concordato'. Este sistema se basa en acuerdos entre asociaciones de propietarios y de inquilinos, y tiene como objetivo fijar de forma consensuada precios más asequibles para los alquileres.
El modelo supone la intervención de las autoridades, que garantizan descuentos fiscales a los propietarios, con el fin de incentivarles a aceptar los acuerdos. Los precios de los alquileres se establecen dentro de un rango predeterminado según una tabla acordada por cada municipio, la cual tiene en cuenta factores como la ubicación y las características del inmueble (metros cuadrados, estado de conservación, entre otros).
Sin embargo, aunque la iniciativa ha sido bien recibida en el papel, todavía hay dudas sobre su implementación real en el mercado. Lo que se debe sobre todo a que los propietarios aún se muestran reticentes a adoptar este tipo de contratos, prefiriendo los alquileres de corto plazo o turísticos, que ofrecen beneficios más altos e inmediatos. Además, generalmente las tarifas establecidas en las tablas no son mucho más bajas que las de mercado, lo que supone solo una pequeña ayuda para los inquilinos.
Aún así, algunas cifras brindan algo de esperanza para el futuro, dado que el modelo del 'canone concordato' sí ha experimentado un crecimiento en años recientes. Según datos publicados en mayo por el periódico económico 'Il Sole 24 Ore', un tercio (el 35%) de los que alquilaron en Italia en 2023 lo hizo con este tipo de contratos (6.800 millones de euros), lo que implica una subida importante desde 2012 (13%), el primero de la implementación de estos acuerdos. IRENE SAVIO
R. Unido: Plan para construir 1,5 millones de viviendas en 5 años
Precio medio de compra de una vivienda de 100 m2: 960.000 euros
Precio medio mensual del alquiler de una vivienda de 100 m2: 2.880 euros
Salario medio neto mensual: 3.577 euros
El Partido Conservador se comprometió en su programa electoral en 2019 a construir 300.000 viviendas al año en Inglaterra, un objetivo que no ha logrado cumplir. A pesar de que la oferta ha aumentado progresivamente desde 2013 –cuando se construyeron tan sólo 130.000 viviendas–, los datos de 2022 se quedan lejos del mínimo fijado bajo el liderazgo de Boris Johnson, con un total de 233.000 alojamientos construidos.
La escasez de vivienda nueva ha provocado un aumento significativo de los precios, especialmente en las grandes ciudades. Algo que ha disparado la lista de espera para acceder a una vivienda social. Según un estudio encargado por dos de las mayores organizaciones especializadas en esta materia –la National Housing Federation (NHF) y Crisis–, son necesarias cerca de 145.000 viviendas a precios asequibles cada año en el país para reducir el número cada vez mayor de personas en situación de sinhogarismo –más del doble que en 2010– y para frenar la subida imparable de los alquileres.
Los sucesivos gobiernos conservadores han tratado de implementar medidas para revertir el auge de los precios. Una de ellas, el programa 'Help to Buy' (Ayuda para Comprar), facilitó el acceso a créditos sin intereses para la compra de viviendas nuevas entre 2013 y 2023. Un informe de la Cámara de los Lores publicado en 2022 concluyó, sin embargo, que este plan infló los precios y que únicamente sirvió para engrosar los beneficios de las constructoras.
El Gobierno laborista, en el poder desde el pasado julio, se ha comprometido a construir 1,5 millones de viviendas en los próximos cinco años. Una iniciativa que tiene por objetivo aliviar la presión sobre el mercado y que pretende implementar a través de una reforma de las leyes de planificación urbanística. Organizaciones como la NHF han recibido bien esta reforma, pero advierten de que esta cifra no será alcanzable sin una mayor inversión pública en vivienda social y en ayudas para los primeros compradores. LUCAS FONT
Precio medio mensual del alquiler de una vivienda de 100 m2: 2.880 euros
Salario medio neto mensual: 3.577 euros
El Partido Conservador se comprometió en su programa electoral en 2019 a construir 300.000 viviendas al año en Inglaterra, un objetivo que no ha logrado cumplir. A pesar de que la oferta ha aumentado progresivamente desde 2013 –cuando se construyeron tan sólo 130.000 viviendas–, los datos de 2022 se quedan lejos del mínimo fijado bajo el liderazgo de Boris Johnson, con un total de 233.000 alojamientos construidos.
La escasez de vivienda nueva ha provocado un aumento significativo de los precios, especialmente en las grandes ciudades. Algo que ha disparado la lista de espera para acceder a una vivienda social. Según un estudio encargado por dos de las mayores organizaciones especializadas en esta materia –la National Housing Federation (NHF) y Crisis–, son necesarias cerca de 145.000 viviendas a precios asequibles cada año en el país para reducir el número cada vez mayor de personas en situación de sinhogarismo –más del doble que en 2010– y para frenar la subida imparable de los alquileres.
Los sucesivos gobiernos conservadores han tratado de implementar medidas para revertir el auge de los precios. Una de ellas, el programa 'Help to Buy' (Ayuda para Comprar), facilitó el acceso a créditos sin intereses para la compra de viviendas nuevas entre 2013 y 2023. Un informe de la Cámara de los Lores publicado en 2022 concluyó, sin embargo, que este plan infló los precios y que únicamente sirvió para engrosar los beneficios de las constructoras.
El Gobierno laborista, en el poder desde el pasado julio, se ha comprometido a construir 1,5 millones de viviendas en los próximos cinco años. Una iniciativa que tiene por objetivo aliviar la presión sobre el mercado y que pretende implementar a través de una reforma de las leyes de planificación urbanística. Organizaciones como la NHF han recibido bien esta reforma, pero advierten de que esta cifra no será alcanzable sin una mayor inversión pública en vivienda social y en ayudas para los primeros compradores. LUCAS FONT
