domingo, 14 de enero de 2024

Carrozas y besos






“Espero ser un rey unificador”, fueron las primeras palabras de Federico X ante las decenas de miles de ciudadanos que aguardaban ante el palacio de Christiansborg su aparición. Se rondaban los cero grados en la capital danesa y el paisaje humano estaba dominado por los gorros de lana -además de las banderitas rojas con la cruz blanca, símbolo nacional-. Muchos llevaban horas aguardando. Pero al menos el ceremonial se resolvió en una hora y media exacta, entre la entrada en el palacio en coche del aún heredero y la salida del nuevo monarca en la carroza, tirada por caballos blancos.





La casa real nórdica demostró así que un acto histórico puede ser sobrio y a la vez cercano. Sin los fastos que rodearían una coronación entre sus equivalentes británicos, pero con un fervor similar. La aún reina Margarita formalizó su retirada con la firma de un acta como quien cumple un requisito burocrático. Le dirigió a continuación una sonrisa a su hijo, bajo la mirada de Mette Frederiksen, la socialdemócrata que lidera el actual gobierno danés, en coalición con su predecesor, el liberal Lars Lokke Rasmussen, ministro de Exteriores. Menos de una hora después saludaba a sus ciudadanos como Federico X.

La fecha elegida para la retirada de la última reina de sangre azul iba cargada de simbolismo. Fue un 14 de enero, exactamente 52 años después de que Margarita fuera proclamada reina tras la muerte de Federico IX. La nueva reina iba entonces de luto, por el fallecimiento de su padre, y el ánimo fue menos festivo que el de este domingo.


Un 80% de la población danesa respalda a su monarquía y no hay síntomas de que el apoyo vaya a debilitarse con Federico X. Los titulares de la prensa del corazón europea a propósito de sus infidelidades o rasgos de su perfil -inclusive pasión por la velocidad o tatuajes- no afectan a los daneses. Los reportajes sobre tales “escapadas” son considerados por muchos daneses como injerencias en asuntos privados; el perfil personal del nuevo rey, de 55 años, son los comunes en muchos ciudadanos del pequeño país nórdico, con 5,9 millones de habitantes, incluidos los de sus territorios autónomos de las islas Feroe y de la polar Groenlandia.
Fiesta en casa para los daneses

La ceremonia fue de una sobriedad estricta, sin invitados de casas reales extranjeras y sin acto de “coronación” física, de acuerdo a la tradición danesa. Afuera del palacio esperaban decenas de miles de ciudadanos, con sus banderitas nacionales y el teléfono móvil preparado para cualquier selfie o imagen a conservar como documento individual de la jornada histórica.

La firma del acta de abdicación y la corta alocución de Margarita se produjeron poco después de las dos del mediodía. Los aún príncipes Federico y Mary habían acudido al palacio de Christiansborg en coche, dos minutos después de que Margarita lo hiciera en carroza. Transcurrió menos de una hora entre la firma de la abdicación, un mensaje igualmente breve de Frederiksen y las salvas en el exterior, indicativo de que el país tiene un nuevo rey y una reina consorte, una abogada nacida en Australia como Mary Donaldson, madre de los cuatro hijos del matrimonio.

Exactamente una hora después del inicio de la ceremonia, Federico aparecía en el balcón del palacio mientras Frederiksen le proclamaba formalmente como el nuevo rey. “Cumplimos con nuestra tradición: una reina abdicó, le sucede su hijo, en quien confiamos y al que damos la bienvenida”, sintetizó la jefa del gobierno. Seis minutos después se le unieron en el balcón la reina consorte Mary, de blanco impecable, y sus cuatro hijos. Con puntualidad estricta estalló asimismo un júbilo ciudadano nada teatralizado. Hubo un segundo saludo de los reyes y sus hijos, además de un beso entre Federico y Mary. Ningún capítulo se prolongó innecesariamente. Hubo tiempo incluso para percibir que al rey le asomaba una lagrimita en el momento de su proclamación. A las 15.30 en punto salía la nueva pareja real de palacio con su carroza.

Todo parecía perfectamente planificado por una reina que se retira con altísimos niveles de popularidad. El primogénito, Christian, cumplió recientemente los 18 años, lo que de algún modo refuerza la sensación de que todo quedó atado y bien atado en la monarquía danesa.

Consenso político

Que a los daneses les afecta poco que el matrimonio real sea o no estable en su fuero interno y conyugal, más allá de los revuelos mediáticos, queda de algún modo reflejado en el alto grado de popularidad de Mary, mayor incluso que el de su esposo. En Dinamarca no hay apenas debate en torno a la institución monárquica. Los partidos izquierdistas, que en ocasiones se han distanciado de grandes actos presididos por Margarita, no presentaron recelos a la proclamación de Federico X. Tal vez la monarquía parlamentaria no sea el modelo de Estado “ideal” para todos, pero sí se consideró necesario aprovechar la ocasión para mostrar respeto, al menos, por el modo como ha ejercido el cargo Margarita y como se espera siga haciéndolo Federico X.

En Dinamarca, como en el conjunto de los países nórdicos, la monarquía cumple funciones eminentemente representativas. Al nuevo rey le corresponderá, como hizo Margarita, ratificar con su firma las leyes emanadas del Parlamento, presidir la formación del gobierno y reunirse periódicamente con la jefatura del Ejecutivo. La de Margarita ha sido la primera abdicación en 900 años de historia de la monarquía danesa, cuyo origen se remonta a tiempos vikingos y que se convirtió en hereditaria en 1660.

La perfecta retirada de Margarita parece una invitación a seguir el ejemplo para las otras monarquías nórdicas -Carlos Gustavo de Suecia, de 77 años, y sobre todo de Harald de Noruega, de 86 años-. Algunos expertos manejan también la abdicación de Carlos de Inglaterra, quien se convirtió en rey con 73 años a la muerte de Isabel II, con 96 años.
Dinamarca se vuelca en Federico en una mezcla perfecta de sobriedad y apoyo                                                                            


Gemma Casadevall

Sopa caliente y sol gélido

La protestas agitan Alemania en un año de turbulencias

Gemma Casadevall

“Los recortes en las ayudas al diésel agrícola son la gota que colmó el vaso de nuestra paciencia”, explica Sven Laske, agricultor de 35 años de Brandeburgo, el “land” que envuelve Berlín. Forma parte de un corrillo de unos veinte compañeros arremolinados junto a una hoguera, a unos 200 metros de la emblemática Puerta de Brandeburgo. Unos toman una sopa humeante recién cocinada en el hornillo de un camión, otros apuran el quinto café, alguno desafía el frío –7 grados bajo cero, a punto de llegar al mediodía- con una cerveza. Destaca en el corrillo un grupo de trabajadores de una empresa de limpieza de carreteras -Retec- enfundados en su mono amarillo. “No somos como los chalecos amarillos franceses. No tenemos infiltrados, no es una protesta politizada”, sostiene uno de ellos.



Un grupo de agricultores se calienta frente a la puerta de Brandeburgo / GEMMA CASADEVALL

Laske llegó con su tractor al centro de Berlín el pasado lunes. Ahí sigue aparcado junto con otra cincuentena de vehículos industriales. Está determinado a mantener esa posición hasta el próximo lunes. Ese día deberá confluir en la capital la gran revuelta de los tractoristas: miles de vehículos procedentes de todo el país, que en los días precedentes han reflejado ya la rabia del campo por toda Alemania, de norte a sur y de este a oeste. A los agricultores de medianas o pequeñas explotaciones se les habrán añadido transportistas, empresas de limpieza y otros sectores hermanados.

La presencia ultra

“Es injusto relacionar las protestas del campo con la ultraderecha. Haya o no elementos ultraderechistas en nuestras concentraciones”, apunta el presidente de la Asociación de Agricultores de Brandeburgo, Henrik Wendorff, desde la televisión pública regional RBB. La presencia de tales infiltrados se ha plasmado en sucesivas marchas tanto en el 'land'vecino a la capital como en los de Sajonia o Turingia. Son estados federados del este alemán, donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) podría erigirse en primera fuerza en los comicios regionales convocados para el próximo septiembre.



“La ultraderecha tiene un olfato muy fino para pescar electorado entre los descontentos. Así fue con la llegada de refugiados de sucesivas crisis migratorias o cuando capitalizó el descontento de los antivacunas, durante la pandemia. Ahora llegó el turno al campo”, explica el politólogo berlinés Hajo Funke. Este profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín, autor de varios libros sobre la ultraderecha alemana, lleva años alertando de su peligro para la vida democrática y de su enorme capacidad conspiradora. La AfD es, a escala nacional, el segundo partido en intención de voto, solo aventajado por la oposición conservadora integrada por la Unión Cristianodemócrata y su hermanada Unión Socialcristiana de Baviera (CDU/CSU). Durante décadas, el voto del campo fue prioritariamente hacia estas grandes formaciones conservadoras. Ahora la AfD busca nuevo electorado entre el descontento agrícola.

Las infiltraciones radicales no proceden solo de ese partido, único del espectro ultra con representación parlamentario. Ahí están también formaciones marginales, como la llamada Tercera Vía, movimientos identitarios o, en el caso de Sajonia, los Freie Sachsen -Sajones Libres-. Se mezclan en las marchas con pancartas transmisoras de mensajes de odio o llamando a mandar a la horca a sus dos principales “enemigos”: el ministro de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, y el de Agricultura, Cem Özdemir, ambos de los Verdes.

Habeck, con rango de vicecanciller en la coalición de Olaf Scholz, vivió un conato de asalto por varios centenares de “agricultores” que pretendían irrumpir en el ferrry que le transportaba a Berlín, tras sus vacaciones navideñas en casa. Özdemir, quien muestra incansablemente su comprensión hacia las protestas del campo, ha sufrido implacables abucheos cada vez que habla ante concentraciones de tractoristas, algo que hace casi a diario. Se ha ganado al menos el respeto de los gremios de los agricultores con su coraje.

Es un político que conoce el acoso implacable ultra desde que, en 1994, se convirtió en el primer diputado de origen turco del Bundestag (Parlamento federal). Las pancartas con dibujos de Özdemir ahorcado salpican los marchas de los tractoristas. Son proclamas parecidas a las que se vieron en Dresde, capital de Sajonia y cuna del movimiento islamófobo Pegida, durante la crisis migratoria de 2015. En esos tiempos la horca se aplicaba a la entonces canciller, la conservadora Angela Merkel; ahora se dirige a los verdes Habeck y Özdemir o al líder de la coalición, el socialdemócrata Olaf Scholz. Dos años después de las grandes movilizaciones de Pegida, en las generales de 2017, la AfD logró por primera vez en su historia escaños en el Bundestag.
Las legítimas protestas del campo

No hay organización gremial del campo alemán, sea a escala nacional o regional, que no se haya distanciado de los infiltrados ultras. El presidente de la Federación Alemana de Agricultores, Joachim Ruckwied, insiste en la legitimidad de sus reclamaciones y también en que no cederán en sus protestas, se mezclen o no en ellas esos infiltrados. “Es especialmente triste para nosotros ver esa instrumentalización ultra”, afirma Laske, el tractorista brandeburgués plantado en Berlín, a la espera de la gran marcha del próximo lunes. La suya es una pequeña explotación agrícola ecológica. Fue votante verde, afirma, que no sabe a quien dirigirá su voto futuro. Descarta, sin embargo, a la AfD. “No es una alternativa, aunque ese es el nombre que se puso”.

El detonante de la revuelta es el recorte en los beneficios fiscales y la subvención al diésel agrícola, aprobado al cerrar el año pasado por el gobierno de Scholz. Fue una de las medidas de austeridad decididas de pronto, precipitadas por una sentencia del Tribunal Constitucional que bloqueó un fondo de 60.000 millones de euros. Hubo que recortar muchas partidas de los presupuestos de 2024 -aún no aprobados-, entre ellas subvenciones implantadas hace más de medio siglo. La del diésel entraba en las ayudas calificadas de dañinas desde el punto de vista medioambiental y que, por tanto, deben ser sustituidas a medio o largo plazo.

Al anuncio del equipo de Scholz respondió el campo con una primera movilización masiva de tractoristas sobre Berlín, aún en diciembre. El canciller rectificó y dejó los recortes en la mitad de lo previsto -aunque mantiene el objetivo de su supresión gradual para 2026-.

La supuesta gota que rebosó el vaso supone, según cálculos de la primera cadena de la televisión alemana, ARD, una pérdida media de 1.780 euros anuales para el total de 263.500 explotaciones agrarias existentes en toda Alemania. Una cantidad aparentemente moderada, que supone un 6 % de los apoyos agrícolas, entre los procedentes de fondos europeos y del Estado alemán. Pero que transformó en rabia el malestar persistente de un sector del que dependen un millón de trabajadores en el país -ampliables a 4,4 millones, si al propiamente agrícola se suma el sector alimentario, lo que supone uno de cada diez trabajadores del país.

El campo ha perdido en 25 años una cuarta parte de sus explotaciones. Está quejado por múltiples y crecientes incertidumbres, incluidas las climáticas, vistos los estragos derivados de devastadoras inundaciones y otras catástrofes naturales que, según las alertas de expertos y organismos globales, no van a ceder, sino a multiplicarse. El sector agrícola no es el gran motor económico de Alemania, país eminentemente industrial.

Pero en tiempos de inflación -sobre el 6 % en 2023-, de contracción económica -una recesión estimada en el 0,4 % del PIB- y con la ultraderecha empujando, su revuelta es todo lo contrario a lo que Scholz necesita para recuperar el terreno perdido. Las previsiones son de más estancamiento o de recuperación más lenta de lo deseable: un crecimiento del 1,3 % es lo que preveía el equipo de gobierno para 2024. Las devastadoras inundaciones registradas a finales de diciembre en el norte y centro alemán, más el parón provocado por la confluencia estos días de una nueva huelga nacional de ferrocarriles -la tercera en pocos meses- y la revuelta agrícola hacen temer una revisión a la baja.
Todos contra el semáforo de Scholz

Son muchas las consignas alusivas a la “muerte del campo” que exhiben los tractoristas alemanes en sus marchas o bloqueos de carreteras, en todo el territorio de la primera economía de la zona euro. Pero su rabia se ceba especialmente en la palabra “Ampel” -semáforo, en alemán. Es el término que se aplica al tripartito del canciller Olaf Scholz entre socialdemócratas, verdes y liberales. Sigue el modelo alemán de identificar cada partido con un color -rojo, para la socialdemocracia de Scholz, verde para los ecologistas y amarillo para los liberales.

El semáforo está en rojo fulminante para el canciller, al que los sondeos atribuyen un 15 % en intención de voto a escala nacional. Le superan la oposición conservadora, en primer lugar, o la ultraderecha, en segunda posición, y le disputan el tercer puesto los Verdes, pese a que también cayeron a mínimos. El tercer socio, los liberales, están en la cuerda floja del 5 %, mínimo para obtener escaños.

Lo que a escala nacional apunta a una notable debilidad se convierte en niveles misérrimos para las regionales que tendrán lugar en el este del país el próximo otoño: el partido de Scholz podría caer al 5 % o incluso al 3 % en el “Land” de Sajonia.

Que a sucesivas coaliciones de gobierno se les vaticine la ruptura inminente es casi un clásico en Alemania, aunque pocas veces se produzca el cataclismo. Lo mismo ocurre con el término “Dämmerung” -crepúsculo- que se aplicó a Angela Merkel en cada crisis de coalición que sufrió, para acabar retirándose invicta tras 16 años en el poder. Pero esta vez son muchos y persistentes los temporales que azotan a la alianza de Scholz.

El detonante de su hasta ahora peor crisis fue la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, en respuesta a la demanda elevada por la oposición conservadora. El argumento opositor era que el gobierno de Scholz se había saltado el freno a la deuda al dotar con lo sobrante de un fondo articulado contra la pandemia a un paquete destinado a la transición energética verde. El Constitucional respaldó la demanda opositora: el freno a la deuda solo puede suspenderse ante emergencias; lo sobrante de una situación “especial” no es trasladable automáticamente a otras necesidades.

Scholz podría haber tratado de argumentar que el freno a la deuda es obsoleto o que lastra la recuperación tras la crisis energética precipitada por la invasión rusa de Ucrania. Tanto su Partido Socialdemócrata (SPD) como los Verdes claman por reformar o enterrar ese instrumento, según el cual el endeudamiento no puede superar el 0,35 % del PIB. Pero cedió al imperativo de la austeridad y la contención del gasto público, una señal de identidad de su socio liberal, entre cuyas filas se ha generado una fuerte corriente partidaria de abandonar la coalición.

Scholz quiso zanjar la crisis de coalición con el compromiso de que en 2024, tras cuatro años de suspensiones, se respetará el freno a la deuda. Pero la revuelta del campo ha reactivado entre los socialdemócratas las voces que reclaman su “reforma” -término eufemístico para su abolición-. No son voces aisladas, sino que las sustentan líderes de regiones de fuerte arraigo agrícola. Entre ellos, la primera ministra de Mecklenburgo-Antepomerania, Manuela Schwesig, en el este, y su colega de Baja Sajonia, Stephan Weil, en el centro. No son presiones procedentes del enemigo ultraderechista o del rival conservador. Es fuego amigo, como lo fue una resolución del último congreso socialdemócrata, celebrado el pasado diciembre, que reclamaba suspensión del freno a la deuda a la que se aferra, a escala alemana como europea, el socio liberal.

sábado, 13 de enero de 2024

El oxímoron pervive


















Dinamarca, ante un relevo en el trono tras una abdicación "normal"

Gemma Casadevall


El término "monarquía moderna" suena a oxímoron no solo entre republicanos, sino para todo aquel que considera una contradicción que la jefatura del Estado pueda ser, en democracia, algo vitalicio y hereditario, donde un rey o reina traspasa el poder sobre ese país --y sobre sus fuerzas armadas-- a su hijo o hija. También rechina el término a los enemigos de los fastos, vestuarios, coronas y carrozas con que acompañan sus ceremonias. Las monarquías nórdicas son un ejemplo de cierta normalidad tanto en comportamientos públicos como privados, aunque en lo formal se ciñan a la visibilidad algo anacrónica de sus casas reales.
La última en mostrar buen olfato para su retirada ha sido Margarita de Dinamarca, la única reina de sangre azul que quedaba en Europa y la más longeva. Tiene 83 años y lleva 52 en el puesto. Este domingo consumará el traspaso a su hijo Federico, de 55; su esposa, la australiana Mary Donaldson, pasará a ser la nueva reina de ese pequeño país, que geográficamente parece un apéndice nórdico de Alemania. Federico X reinará sobre 5,9 millones de habitantes, incluidos los 54.000 de las volcánicas islas Feroe y los 59.000 de la polar Groenlandia, la mayor isla del mundo, con una densidad de 0,026 habitantes por kilómetro cuadrado.
El anuncio de Margarita, una reina calificada de popular, extravagante y hasta 'cool', obligó a levantar páginas de periódicos la pasada Nochevieja. Aparentemente fue una sorpresa incluso para la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen. Fue en los últimos momentos de su mensaje de Año Nuevo, que en lugar de ser rutinario se convirtió en histórico.



Retirarse a tiempo

Las abdicaciones han dejado de ser tabú en las monarquías. Pueden responder a imperativos de sensatez por escándalos continuados --como la de Juan Carlos I de España en favor de Felipe, en 2014-- o un relevo lógico llegada cierta edad --como el de Beatriz de Holanda, quien unos meses antes del tormentoso relevo español había pasado la corona a su hijo Guillermo--.
El traspaso de Margarita de Dinamarca en Federico X se ajusta más al modelo neerlandés que al español. Pese a que anteriormente había asegurado que pensaba ejercer el cargo hasta el final, optó por no ver envejecer a su hijo mientras esperaba su turno. Se desmarcó así del caso de Isabel II de Inglaterra, reina hasta su muerte, con 96 años, lo que hizo que depositara su inmenso patrimonio y poder en un heredero de 73 años, Carlos.
La aún reina danesa ha marcado el camino a otras dos monarquías nórdicas catalogables como modernas, la sueca y la noruega. Carlos Gustavo de Suecia tiene 77 años y poco poder, más allá de lo meramente representativo, por lo que puede pensárselo aún; el tiempo apremia para Harald de Noruega, con 86 años y muchas ausencias de la vida pública por razones de salud, en las que ejerce sus funciones su heredero, Haakon.
Sobre las razones de Margarita para dar el paso ahora se ha especulado bastante. En la prensa del corazón europea causó un notable revuelo el reciente "paseo" por Madrid del príncipe Federico con la mexicana Genoveva Casanova. En Dinamarca el asunto --como anteriores escapadas más o menos mediatizadas-- no ha levantado mayor escándalo.
La monarquía danesa tiene el respaldo de un 70% de su población y el perfil del futuro rey está poblado de múltiples episodios que cuadran con el esquema de "normalidad" entre adultos del presente siglo. A los trazos más socorridos de su biografía oficial --estudios en el extranjero, carrera militar, piloto apasionado, deportista y flechazo con Mary Donaldson en los Juegos Olímpicos de Sídney, en 2000-- se suma algún tropiezo por conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol. Pero también estas situaciones encajan en el concepto de monarquía "cercana". Por si acaso, la extravagante pero sabia reina danesa esperó para su retirada a que el mayor de los cuatro hijos de Federico y Mary, Christian, hubiera cumplido los 18 años, hace unos pocos meses.
La ceremonia de abdicación tendrá lugar en el hermoso castillo de Christiansborg a partir de las dos del mediodía del domingo. De acuerdo con la tradición, los ciudadanos tendrán la oportunidad de ver a su nuevo rey en su primer saludo como tal desde el balcón de palacio, sobre una hora después. La previsión meteorológica es de tres grados de máxima para este domingo. Pero esto encaja también en la historia de una monarquía nórdica cuyo origen se remonta a tiempos vikingos y que se convirtió en hereditaria en 1660. Margarita hizo ya historia al convertirse en su primera reina hace más de medio siglo. Su abdicación será la primera para esa casa real en más de 500 años.

Los desafíos daneses

A Federico X le esperan los desafíos propios de un rey en un Estado democrático y moderno. La jefatura del Gobierno danés está en manos de la socialdemócrata Frederiksen, quien desde 2022 lidera una coalición con el liberal y ex primer ministro Lars Lokke Rasmussen. Buscó con esa alianza la estabilidad que no tuvo en sus anteriores etapas gobernando en minoría y con verdes e izquierdistas como aliados externos.
Frederiksen defiende una línea dura en política migratoria, más propia sus socios actuales que a una socialdemocracia. En 2022, mientras Suecia y Finlandia pedían su ingreso en la OTAN acuciadas por la invasión rusa de Ucrania, condujo a su país al abandono de las llamadas excepciones en materia de Defensa europea por la vía del referéndum.
No hay roces políticos entre el Gobierno y la casa real danesa. Al nuevo rey no se le pronostican quebraderos de cabeza institucionales. Pero deberá atender, entre otros asuntos, la evolución política del independentismo tanto en las islas Feroe como en Groenlandia. Ha sido durante años la corriente dominante entre la población de la etnia inuit --un 88 % de sus habitantes groenlandeses-- aunque en los últimos tiempos se ha arraigado su versión más moderada. Groenlandia como las Feroe son territorios con una autonomía amplia y estatus de "nación constituyente". Formalmente, son territorios "asociados" pero no miembros de la Unión Europea (UE), pese a formar parte del Reino de Dinamarca, socio comunitario desde 1973, aunque fuera de la zona euro.

viernes, 12 de enero de 2024

Varsovia se pone fea



El choque entre el presidente y Tusk eleva la tensión en Polonia
Joana Serra
La confrontación entre el gobierno europeísta de Donald Tusk y la presidencia polaca, dominada por los ultraconservadores, entró en la línea de la confrontación directa a raíz de la detención de dos políticos del gobierno anterior. Para el presidente Andrzej Duda, afín al derrotado partido Ley y Justicia (PiS), los dos detenidos -uno de ellos, el exministro del Interior, Mariusz Kaminski- son "presos políticos", los primeros desde la llegada de la democracia a Polonia, en 1989.
Duda, quien llegó a la presidencia en 2015 como candidato del PiS, compareció ante los medios acompañados de las esposas de los dos políticos. Habían ingresado en prisión poco antes, tras ser detenidos el día anterior en el propio palacio presidencial, donde habían acudida en busca de la protección del jefe del Estado. La detención fue calificada por Duda de "provocación" alimentada por  el nuevo gobierno de Tusk.
Contra ellos pesaba una condena por corrupción y abuso de poder dictada en 2015, pero que no fue en firma hasta ahora. Duda ha anunciado que procederá a indultarlos, mientras que los dos presos se encuentran en huelga de hambre, según informaron sus familiares.
El caso de los dos políticos del PiS, el partido que cayó derrotado en las elecciones del pasado octubre, evidencia la difícil cohabitación entre el bloque europeísta liderado por Tusk y la presidencia del país.
Tusk tardó dos meses en superar los trámites parlamentarios hasta acceder al poder, ya que Duda encargó primero la formación de gobierno al exprimer ministro Mateusz Morawiecki, pese a que no tenía el respaldo parlamentario necesario.
El líder europeísta se ha comprometido a revertir la controvertida reforma judicial y despolitizar los medios públicos, que el PiS controló en sus ocho años ininterrumpidos en el poder. La etapa de dominio ultraconservador estuvo marcada por los encontronazos entre Varsovia y Bruselas, mientras que Tusk, expresidente del Consejo Europeo, representa el retorno a la familia del bloque comunitario. De su gestión se espera además el desbloqueo de los fondos post-pandemia, congelados por Bruselas.
Uno de los primeros pasos de Tusk tras acceder al poder fue el cese de las cúpulas de la radiotelevisión estatal y de la agencia de prensa pap. La justicia polaca, modelada asimismo por el PiS desde el poder, ha declarado ilegítimos los nuevos cargos.
La tensión política en Varsovia es enorme, tanto a escala institucional como en la calle. El Parlamento polaco ha suspendido sus sesiones hasta la próxima semana, en parte para evitar confrontaciones con los asistentes a las manifestaciones de protesta convocadas por el PiS.
Según fuentes de la alcaldía de la capital, a la concentración de este jueves ante el Sejm (Parlamento) asistieron unas 35.000 personas. Hay convocados asimismo actos de solidaridad ante la cárcel donde ingresaron los políticos detenidos.

jueves, 11 de enero de 2024

Trumpismo polaco

Duda congrega a 35.000 personas contra el Gobierno 




Gemma Casadevall

Varsovia vivió este jueves una concentración multitudinaria impulsada por el presidente de Polonia, Andrzej Duda, y en favor de los que calificó de "presos políticos", dos exdiputados de las filas del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS). El presidente había calificado de "provocación" la detención de estos, cuya responsabilidad política atribuye al Gobierno europeísta de Donald Tusk. Duda brindó refugio el miércoles en su palacio a los dos políticos y compareció este jueves ante los medios con sus esposas. Fue una aparición teatralizada, como han venido siendo muchos de los pasos dados por Duda en el relevo en el poder. Seguía a las escenas del día anterior, con la entrada de la policía y detención en la misma sede presidencial de los políticos, uno de ellos, el exministro del Interior Mariusz Kaminski. Ambos ingresaron en la cárcel a continuación y, según sus familiares, están en huelga de hambre. Para Duda, son los primeros "presos políticos" en Polonia desde 1989, en que el país accedió a la democracia.

Su caso se remonta a una condena por corrupción y abuso de poder emitida hace ocho años, pero que ahora se hizo efectiva agotados todos los recursos. Duda se propone liberarlos por la vía de un indulto. Antes de su ingreso en prisión hubo ya una concentración solidaria ante la cárcel y otras marchas de apoyo, a una de las cuales acudió el líder del PiS, Jaroslaw Kaczynski.

Para este jueves había convocada otra movilización en contra de Tusk ante el Parlamento, el Sejm. Congregó a unas 35.000 personas, según fuentes de la alcaldía. La Cámara de diputados había suspendido todas sus sesiones hasta la próxima semana para evitar tensiones en la calle. Entre los concentrados circularon consignas para seguir en dirección a la residencia de Tusk, mientras otros grupos se dirigían a la cárcel.

Pulso


Las marchas ultras reflejan el pulso entre Tusk y Duda, que llegó al cargo en 2015 como candidato del PiS. Tusk fue elegido primer ministro el pasado diciembre, dos meses después de su victoria electoral. Fue una transición obstaculizada por el presidente, quien encargó primero la formación de gobierno al ex primer ministro Mateusz Morawiecki, del PiS, pese a que no tenía perspectivas de prosperar por falta de respaldo parlamentario.Noticias relacionadas

Ya en el cargo, Tusk ha prometido que revertirá la controvertida reforma judicial impulsada por el PiS. Sus primeros pasos como primer ministro consistieron en relevar a las jefaturas de la radiotelevisión pública y la agencia de prensa oficial PAP, dominadas por el PiS. La justicia polaca ha declarado ilegales los nuevos nombramientos.

La cohabitación entre la jefatura del Estado leal al PiS y el bloque europeísta de Tusk se pronosticaba compleja, por la rivalidad incluso personal entre el presidente y el jefe del Gobierno. De Tusk depende, sin embargo, que se desbloqueen los fondos europeos, congelados por la confrontación entre Bruselas y Varsovia que marcaron los ocho años en el poder del PiS.

La espinosa vía de Karlsruhe

Un plan para expulsar a millones de extranjeros compromete a los ultras alemanes



Gemma Casadevall

¿Se puede ilegalizar en Alemania un partido con propósitos claramente tóxicos y anticonstitucionales, incluida la derogación del orden democrático? La respuesta es sí, aunque los requisitos para lograrlo son muy estrictos y el precio político, en caso de fracaso, muy alto. Así se demostró en 2017, cuando tras años de debates y complejos procesos, el Tribunal Constitucional decidió no ilegalizar el Partido Nacional Democrático (NPD), por entonces el principal aglutinante de neonazis del país. La corte estimó que, pese a sus objetivos, no tenía capacidad para socavar el orden constitucional. El NPD tenía por entonces 6.000 militantes y ningún escaño a escala nacional o en las cámaras regionales.

La pregunta en torno a una eventual ilegalización alcanza ahora a Alternativa para Alemania (AfD), con 78 escaños en el Bundestag (Parlamento) y representación en 14 de los 16 estados federados, además de ocupar el segundo puesto en intención de voto a escala nacional, solo superado por el bloque de la oposición conservadora. El partido está bajo observación de los servicios secretos de Interior en tres de sus bastiones del este alemán, donde se le califica de claramente extremista.

Unas revelaciones del medio periodístico de investigación Correctiv ha brindado ahora nuevos argumentos a los partidarios de la ilegalización. En un amplio reportaje se describe con todo lujo de detalles y cierto aire de película de suspense una reunión conspirativa en una villa de Potsdam, ciudad vecina a Berlín, entre radicales alemanes y austríacos. En ella participaron al menos un exdiputado de la AfD, Roland Hartwig, ahora asesor de la líder del partido, Alice Weidel, así como el jefe del movimiento identitario austríaco IBÖ, Martin Sellner, entre otros neonazis y algún empresario. También acudieron algunos miembros de la llamada Unión de Valores, una corriente interna de la oposición conservadora que predica el acercamiento a la AfD.

Dos millones de expulsiones

En la reunión se abordó un plan de "remigración", consistente en la expulsión en dirección a África de dos millones de personas, entre solicitantes de asilo, otros extranjeros e incluso personas con ciudadanía alemana pero consideradas "no integradas" en su sociedad.

A esas informaciones han seguido un cúmulo de condenas del conjunto del espectro parlamentario, así como sucesivas declaraciones de la dirección de la AfD distanciándose del encuentro o explicando que no eran ellos los convocantes. No han desmentido, sin embargo, la asistencia ni del asesor de Weidel ni de otros cargos regionales del partido, cuyos nombres constan en el listado publicado por Correctiv.

AfD es una formación en auge que según los sondeos podría convertirse en primera fuerza en las regionales que se celebrarán en otoño en el este del país. De momento la comprometedora reunión ha animado un debate en torno a la "oportunidad" de iniciar ahora un proceso de ilegalización. La decisión para partidos con estructuras nacionales puede emanar en Alemania del Tribunal Constitucional y debe estar respaldada por una petición procedente del Gobierno o del Parlamento.

miércoles, 10 de enero de 2024

Dos tazas

La huelga de los ferroviarios colapsa una Alemania crispada



Gemma Casadevall

Los maquinistas de la red de ferrocarriles alemanes --Deutsche Bahn, DB-- han iniciado una huelga nacional de tres días que, además de paralizar el tráfico ferroviario, acrecienta la crispación precipitada por la campaña de protestas de los agricultores. Las estaciones de tren aparecían este miércoles vacías y con un servicio mínimo --solo circularon uno de cada cinco ferrocarriles--, tanto para los de largo recorrido como regionales o cercanías. Es la tercera campaña de huelgas lanzada por el sindicato de los maquinistas, GDL, que representa a unos 10.000 afiliados y que ya en diciembre y noviembre pasados pararon durante varios días.

La dirección del GDL considera una "provocación" la última oferta de la patronal y ha convertido en su caballo de batalla la demanda de una reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, sin recortes de salario, frente a las 38 actuales. Es la reivindicación principal del líder sindical, el mediático Klaus Weselsky, que ha logrado para su convocatoria un respaldo del 97% de los afiliados consultados. Es un colectivo minoritario dentro de la plantilla de los 221.000 empleados de la DB en Alemania, pero que hace valer la posición de fuerza propia de los maquinistas.

Los anteriores parones ferroviarios fueron asumidos con resignación por los ciudadanos, a los que la Deutsche Bahn ofrece el reembolso íntegro de los billetes adquiridos o el cambio sin costes para otra jornada. Pero la actual huelga coincide con los bloqueos de los tractoristas iniciados el pasado lunes, extendida por toda Alemania y que se prolongará previsiblemente hasta el próximo lunes. La confluencia de la huelga ferroviaria y del campo ha generado incidentes entre huelguistas y conductores que han tratado de romper los bloqueos.

La revuelta del campo alemán

El campo alemán inició sus movilizaciones el pasado diciembre, tras anunciar el Gobierno de Olaf Scholz el recorte en las subvenciones al diésel agrícola. Es una de las medidas decididas al cierre de 2023 por su tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales. El detonante era una sentencia del Tribunal Constitucional que bloqueó 60.000 millones de euros por considerar que vulneraban el freno a la deuda. Scholz se ha comprometido a respetar ese instrumento, presionado por sus socios liberales, para lo que serán necesarios recortes en sucesivos departamentos y especialmente en Protección del Clima. El campo alemán advierte que la supresión de beneficios fiscales a su actividad pone en peligro su subsistencia.

A las primeras movilizaciones de los tractoristas respondió Scholz rectificando algunas de las medidas anunciadas. Pero el campo pide más apoyo. En sus marchas se han mezclado formaciones de ultraderecha, ansiosas de capitalizar todo voto de protesta contra la coalición de Scholz, que se encuentra en caída libre en los sondeos. Ha habido amagos de escraches y abucheos masivos contra el ministro de Economía, Robert Habeck, y el de Agricultura, Cem Özdemir, ambos de los Verdes. El presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, ha advertido contra la creciente agresividad que se respira en las protestas y de los mensajes de odio incluidos en sus consignas. Las organizaciones de agricultores se han distanciado de los radicales que se mezclan en sus concentraciones, pero insistido en que defenderá sus intereses con o sin la presencia de esos infiltrados.

martes, 9 de enero de 2024

Wasserpumpe

 Plou sobre mullat a Alemanya

L’emergència climàtica es pot pale­sar en una sequera històrica –i res­tric­ci­ons en l’ús de l’aigua– com la que viu Cata­lu­nya. Però també en set­ma­nes i set­ma­nes de pluja per­sis­tent que la terra no pot xuclar com les que s’han vis­cut entre finals del 2023 i prin­ci­pis del 2024 a Ale­ma­nya i altres països del nord euro­peu. L’escal­fa­ment dels oce­ans i l’eva­po­ració sobre­di­men­si­o­nada de les aigües del mar del Nord fan pre­veure que aquesta situ­ació per­sis­tirà o aug­men­tarà els pròxims anys, segons adver­tia aquests dies la inves­ti­ga­dora Insa Meinke, de l’Ins­ti­tut de Cli­ma­to­lo­gia del Mar del Nord Ale­many, a la tele­visió pública ARD. En les últi­mes set­ma­nes s’ha regis­trat un volum de plu­ges que mul­ti­plica per tres la mit­jana de les cinc últi­mes dècades per aquesta època de l’any. Són el resul­tat d’uns cor­rents d’aire empe­sos des del Canadà i Gro­enlàndia que en arri­bar al nord d’Europa es trans­for­men en pre­ci­pi­ta­ci­ons. En comp­tes de neu, com seria habi­tual en aques­tes dades, cau pluja. La tem­pe­ra­tura ha estat en les últi­mes set­ma­nes de l’any per damunt del que és nor­mal en un desem­bre.

Això fa témer que, encara que al gener i febrer sí que cai­gui neu, tam­poc no es pro­duirà el gran des­glaç esta­ci­o­nal i propi de la pri­ma­vera euro­pea, afa­vo­ri­dor de la rege­ne­ració dels camps i bos­cos.

Ara per ara, l’aigua cau en volums des­pro­por­ci­o­nats sobre la terra i inunda regi­ons sen­ce­res de mig país, com ara el land de Renània del Nord-Westfàlia o els veïns de Baixa Saxònia, Saxònia Anhalt i Turíngia. Al land renà, el més poblat del país, les pre­ci­pi­ta­ci­ons en forma de pluja han estat pràcti­ca­ment diàries des de l’octu­bre pas­sat. No han cai­gut forts rui­xats com a la Baixa Saxònia, el land més afec­tat per les inun­da­ci­ons. Però ho ha fet de manera cons­tant. “El pro­blema és múlti­ple: s’ha cons­truït massa als mar­ges dels rius o s’han des­na­tu­ra­lit­zat els seus mar­ges, cau més aigua del que la terra pot absor­bir i la tem­pe­ra­tura ambi­ent és massa alta”, explica Chris­tian Wol­ter, expert en rena­tu­ra­lit­zació dels rius, des de la mateixa cadena pública ale­ma­nya.

Les imat­ges de l’Ale­ma­nya inun­dada no són les úniques que aquests dies domi­nen els infor­ma­tius naci­o­nals. La situ­ació és sem­blant al nord de França i Angla­terra, men­tre que a Dina­marca, Suècia i Finlàndia s’estan regis­trant tem­pe­ra­tu­res rècord a la baixa, inu­su­als fins i tot per al món nòrdic euro­peu –fins a menys 40 graus sota zero a Lapònia–. És a dir, allà on l’aire polar trans­forma unes pre­ci­pi­ta­ci­ons igual­ment des­pro­por­ci­o­na­des en neu.

A Ale­ma­nya la sen­sació és que plou sobre mullat. L’exèrcit par­ti­cipa, ja des de prin­cipi d’any, en una ope­ració per asse­gu­rar els mar­ges dels rius a la Baixa Saxònia, Saxònia-Anhalt i Turíngia. Són acci­ons que la població afec­tada agra­eix, després de set­ma­nes de bom­be­jar l’aigua que els inunda soter­ra­nis, jar­dins, car­rers i camps de con­reu.

Però la pre­gunta que es fa el ciu­tadà ale­many és com afec­tarà aquesta nova catàstrofe natu­ral l’eco­no­mia d’un país que va tan­car el 2023 en recessió –0,4% del PIB–. La con­tracció econòmica és atribuïda prin­ci­pal­ment a la cri­sis energètica pre­ci­pi­tada per la guerra d’Ucraïna en un país que durant dècades va depen­dre dels sub­mi­nis­tra­ments rus­sos. No és una gran cai­guda, però pre­o­cupa la falta de símpto­mes de recu­pe­ració a curt ter­mini.

Les últi­mes set­ma­nes de l’any pas­sat van estar mar­ca­des per la crisi interna a la coa­lició d’Olaf Scholz. El deto­nant va ser una sentència del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal, que va blo­que­jar 60.000 mili­ons d’euros des­ti­nats a pro­jec­tes rela­ci­o­nats amb la tran­sició cap a l’ener­gia verda. El tri­par­tit de govern entre soci­al­demòcra­tes, verds i libe­rals pre­te­nia des­ti­nar els crèdits sobrants apro­vats per apai­va­gar els efec­tes de la pandèmia a aquest nou con­cepte. Però la justícia va sen­ten­ciar que allò vul­ne­rava el fre al deute, un meca­nisme que no per­met que el dèficit superi el 0,35% del PIB. Ale­ma­nya havia dei­xat en sus­pens aquest fre durant qua­tre anys seguits –és a dir, des de la pandèmia–. Però pel Cons­ti­tu­ci­o­nal els fons extra­or­di­na­ris auto­rit­zats en una situ­ació d’emergència no són trans­fe­ri­bles de manera automàtica al següent des­as­tre.

El gua­nya­dor de la par­tida va ser el minis­tre de Finan­ces i líder dels libe­rals, Chris­tian Lind­ner, que va acon­se­guir el com­promís de Scholz que el 2024 es tor­nava a la via de l’aus­te­ri­tat o el fre al deute. El per­de­dor va ser el titu­lar d’Eco­no­mia i Pro­tecció del Clima, el verd Robert Habeck, el depar­ta­ment del qual haurà d’encai­xar noves reta­lla­des.

Però la bata­lla con­tra el fre al deute con­ti­nua. Tant entre els soci­al­demòcra­tes de Scholz com entre els verds, són molts els qui recla­men l’aixe­ca­ment del fre a deute, un ins­tru­ment que ha con­ver­tit l’eco­no­mia ale­ma­nya en un malalt euro­peu, men­tre altres socis euro­peus enfi­len cap a la recu­pe­ració.

Es recorda també que un dels con­cep­tes que no pati­ran les con­seqüències de les reta­lla­des és el fons creat –i que encara té acti­vats 2.500 mili­ons d’euros– per pal·liar els danys cau­sats el 2021 per una altra catàstrofe natu­ral: les inun­da­ci­ons de la vall del riu Ahr. No van ser ales­ho­res set­ma­nes i set­ma­nes de pluja, sinó una tromba d’aigua que en una nit de juliol es va endur car­re­te­res, ponts, bar­ri­a­des i pobles sen­cers. Hi van morir 135 per­so­nes –del total de gai­rebé 200 morts entre aque­lla regió i la veïna, a Renània del Nord-Wesfàlia–. Per Scholz, tant aque­lla par­tida com la que pugui arri­bar a pro­duir una nova esca­lada a Ucraïna que­den fora del fre al deute.

lunes, 8 de enero de 2024

El otro voto de protesta



Alianza Sahra Wagenknecht, el nuevo partido de la izquierda alemana que sacude el tablero político





Sahra Wagenknecht, durante la rueda de prensa en la que ha presentado su nuevo partido, este lunes en Berlín. /JOHN MACDOUGALL / AFP


Gemma Casadevall


Berlín 08 de enero del 2024. 17:31

Que un partido adopte como denominación el nombre de su líder --Sahra Wagenknecht-- es indicativo del grado de personalismo que lo genera. La exlíder del ala comunista dentro de La Izquierda alemana presentó este lunes la llamada Alianza Sahra Wagenknecht por la Sensatez y la Justicia (o BSW, por sus siglas en alemán), envuelta en un notable revuelo mediático y arropada por un economista independiente --el empresario iraní-alemán Shervin Haghsheno--, la exjefa del grupo parlamentario de La Izquierda, Amira Mohamed Ali, y el exalcalde socialdemócrata del populoso Düsseldorf, Thomas Geisel. "Nuestro programa no incorporará cuestiones como el lenguaje inclusivo de género u otras consignas dichas izquierdistas. A muchos ciudadanos eso no les dice nada", afirmó Wagenknecht. Su formación busca un electorado transversal, aunque se identifica como "izquierdista, entendiendo el término como la defensa de la justicia social", añadió.

"Hay que actuar contra la inmigración incontrolada", apuntó por su parte Geisel, quien ha abandonado la socialdemocracia para unirse al BSW como candidato para las elecciones al Parlamento Europeo, su primera prueba ante las urnas. "No se trata de abolir el derecho de asilo, sino de ceñirlo a quienes necesitan protección porque son perseguidos", matizó Wagenknecht.
Espectro electoral

Desde que la jefa de la BSW abandonó el grupo parlamentario de La Izquierda junto con otros ocho diputados, a finales del año pasado, los analistas políticos tratan de evaluar el espectro electoral que puede alcanzar. Wagenknecht lideró durante décadas el ala comunista de la Izquierda, partido surgido de la fusión entre el postcomunismo del este de Alemania y una escisión del Partido Socialdemócrata (SPD) comandada por Oskar Lafontaine, con quien se casó en 2015. Pero sus posicionamientos migratorios y la mano dura frente al asilo la acercan a los planteamientos de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

Zarpazo a la AfD y estocada a La Izquierda

Los analistas consideran que el BSW puede reclutar electorado que actualmente da su voto a la derecha radical. Y también que el nuevo partido podría dar la estocada final a La Izquierda, partido que en los comicios generales de 2021 quedó en el 4,9%, por debajo del 5% mínimo para obtener escaños, aunque finalmente obtuvo grupo parlamentario gracias a varias victorias en sus bastiones del este.

"Se dice que somos una amenaza para la democracia, pero la verdadera amenaza es un gobierno como el actual", afirmó Wagenknecht, en alusión al tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales del canciller Olaf Scholz. Ni esas formaciones ni la oposición conservadora dan respuestas "sensatas" a la Alemania en recesión, que además se ha convertido en el "primer suministrador de armas de Ucrania", recordó la líder de la BSW, considerada más cercana a Moscú que a Kiev. Su recién nacido partido tiene asegurada cierta base financiera --1,5 millones de euros procedentes de donativos-- y busca nueva militancia, pero rehusará una "transferencia automática" de afiliados procedentes de la AfD, aseguró, aunque sin precisar cómo se materializará ese filtro.

Crispación política y radicalización de las protestas

El nuevo partido de Wagenknecht puede sacudir el tablero político alemán. La AfD es la segunda formación en intención de voto a escala nacional, con perspectivas de erigirse en primera fuerza en los tres estados del este donde el próximo septiembre se celebrarán comicios regionales. Su aparición se produce en un momento de debilidad económica en Alemania y recortes presupuestarios, precipitados por la austeridad defendida por los socios liberales de Scholz. Este lunes fue la primera jornada en la serie de movilizaciones masivas del campo alemán contra los recortes a las subvenciones al diésel que, según los agricultores, ponen en peligro su actividad. Toda esta semana se sucederán las protestas por todo el país, mientras que el lunes de la siguiente se espera que confluya en Berlín una gran concentración de tractoristas.

La crispación del campo va en aumento, lo que se ha traducido en conatos violentos atribuidos a ultraderechistas infiltrados. Hubo incluso un escrache al ministro de Economía y Protección del Clima, el verde Robert Habeck, cuando varios centenares de manifestantes trataron de asaltar el ferry en que viajaba tras pasar la Navidad en el norte de Alemania. El gremio de agricultores se distanció de inmediato de esas formas de protesta. Pero dejaron claro que seguirán con sus movilizaciones contra los recortes.




jueves, 28 de diciembre de 2023

En el ojo ajeno


Alemania, ante el desafío del "antisemitismo importado"




Gemma Casadevall

El derecho a la existencia de Israel es en la República Federal de Alemania fundamento inamovible de su política exterior desde tiempos fundacionales. Se basa en su responsabilidad histórica específica, como país del que partió el Holocausto nazi. No se rebate -al menos, no en foros públicos- ni por la ultraderecha parlamentaria.

Al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre y la respuesta israelí sobre Gaza respondió el Gobierno de Olaf Scholz -un tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales- ratificando una y otra vez su apoyo incondicional a Tel Aviv. Ante la desproporción adoptada por la devastadora respuesta israelí se escuchan llamadas a la contención -en línea con las de Washington, pero lejos de la contundencia de las denuncias de la ONU- de la ministra de Asuntos Exteriores, la verde Annalena Baerbock.

Scholz, como el presidente Frank-Walter Steinmeier, ambos socialdemócratas, expresan a diario su apoyo a Israel, así como el deber de Alemania y sus fuerzas de seguridad de proteger la existencia y seguridad de los judíos del país. Forman una comunidad de unas 100.000 personas, tras décadas de ardua tarea para revitalizarla. Antes de la llegada de Adolf Hitler al poder, tuvo medio millón de miembros, de los que tras la Capitulación del Tercer Reich quedaron unos 10.000 supervivientes.

El temor en Alemania a un atentado antisemita es aún mayor que en otros países vecinos. La ministra de Interior, Nancy Faeser, ha prohibido no solo toda actividad de Hamás o organizaciones afines, además de grupúsculos neonazis, sino que mira con lupa cualquier convocatoria propalestina. La detención de varios presuntos militantes de Hamás en Berlín, con planes de atentado contra objetivos judíos en Europa, reafirmó a Faeser en su línea de máxima prevención.

Las advertencias de organizaciones izquierdistas y proasilo acerca de si no se está sometiendo al colectivo musulmán -unos seis millones de ciudadanos, del total de 83 millones de habitantes- a una suerte de "sospecha colectiva" no afectan los planes del Gobierno de Scholz. Desde la oposición conservadora se presiona para reforzar aún más la vigilancia sobre estas personas y su entorno.
Colectivo musulmán, en el ojo del huracán

El reconocimiento de la "responsabilidad especial" alemana por el genocidio del régimen nazi que asesinó a seis millones de judíos en toda Europa discurre en paralelo a la detección del "antisemitismo importado". Es decir, el que no procede de la ultraderecha, parlamentaria o clandestina, o del antisemitismo persistente en la sociedad alemana sino de la población de origen inmigrante, sobre todo musulmana. También de quienes llegaron al país como peticionarios de asilo –unos dos millones y medio de personas desde la crisis migratoria de 2015- o de los hijos de inmigrantes nacidos en el país que aspiran a adquirir la ciudadanía alemana.

Tras meses de discusiones, el tripartito de Scholz llegó a un acuerdo para una nueva ley que facilitará la adquisición de la nacionalidad alemana, aunque también agilizará los trámites para la expulsión de los peticionarios de asilo sin perspectivas de ser reconocidos como tales. Está en línea con las normativas de una Europa donde crece la ultraderecha y que endurece sus políticas migratorias, restringe asilo y cierra fronteras. Pero al menos suaviza las pautas para la naturalización de sus ciudadanos de origen extranjero y facilita la fórmula de la doble nacionalidad. Se podrá solicitar a los cinco años de residencia en el país -hasta ahora eran ocho- o incluso a los tres, para situaciones de arraigo consolidado. No entrarán en esta oferta "facilitadora" quienes puedan suponer una carga para el Estado. Es decir, quienes ingresaron como refugiados y dependan de subsidios o ayudas sociales.

Responsabilidad histórica

La normativa incluye, además, un precepto contra el llamado antisemitismo importado. Para adquirir la doble nacionalidad deberá firmarse el reconocimiento explícito de “la responsabilidad histórica de Alemania derivada del régimen nazi y sus consecuencias y su obligación de proteger la existencia de los judíos y la convivencia entre los pueblos”, según el texto consensuado, avanzado por el semanario 'Der Spiegel'. Es una formulación más suave respecto a la que se aplica desde este diciembre en el land de Turingia, en el este de Alemania, que exige el reconocimiento del derecho a la existencia del Estado de Israel. La fórmula de ese 'land', donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) podría convertirse en primera fuerza en las elecciones regionales que se celebrarán en otoño de 2024, ha levantado un debate acerca de su consistencia jurídica. Hay dudas asimismo acerca de su eficacia.

Otros estados federados, como el de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste y el más poblado del país, se han mostrado dispuestos a adoptarla. El modelo federalista alemán otorga a cada 'land' competencias específicas para aplicar criterios propios, dentro de unas líneas o marco común, a las solicitudes de nacionalización en su territorio.

El tripartito de Scholz ha optado por esa fórmula que no incluye el reconocimiento explícito del derecho a la existencia de Israel, aunque sí lo hace de forma indirecta. El propósito es que su proyecto de ley entre en el trámite parlamentario en el primer trimestre de 2024. Llevará así más de seis meses de retraso respecto al propósito inicial, que preveía su entrada en vigor con la llegada del año nuevo.  

lunes, 25 de diciembre de 2023

Laponia virtual

Finlandia se cierra ante la "guerra híbrida" migratoria de Rusia



Carretera cerrada póxima al control de Vaalimaa, en la frontera de Finlandia con Rusia. / REUTERS

Gemma Casadevall

Llegan en grupos reducidos de unos 25 hombres, jóvenes en su mayoría, procedentes principalmente de Oriente Próximo. Se agrupan en el que, hasta mediados de noviembre, era el único paso fronterizo que seguía abierto entre Finlandia y Rusia, en Raja-Jooseppi, entre montañas de nieve y en la remota Laponia. Algunos arrastran una bicicleta, vehículo obviamente inapropiado para carreteras nevadas y temperaturas gélidas. Son imágenes algo surrealistas, pero que recuerdan a otras de 2015, en plena crisis migratoria por la guerra civil de Siria. Eran grupos similares de solicitantes de asilo, sobre el círculo polar ártico y entrando en Noruega desde Rusia con su bicicleta. La razón era que las autoridades rusas no permiten pasar andando la frontera, sino en un vehículo rodado. Sus bicicletas quedaban abandonadas sobre la nieve en cuanto alcanzaban territorio noruego.

El Gobierno de Finlandia, una coalición entre el conservador Petteri Orpo, la ultraderecha y otros dos partidos minoritarios, lanzó las primeras señales de alerta sobre una "guerra híbrida" el pasado verano. De pronto se registraba un inusual flujo de solicitantes de asilo procedentes de Siria, Yemen, Somalia o Marruecos desde Rusia. Fueron un total de 900 entre agosto y noviembre. La cifra debería ser asumible en un país con 5,5 millones de habitantes. A no ser que vaya acompañada del presunto propósito desestabilizador sobre este socio de la OTAN y la UE.

Helsinki decretó en cuestión de semanas el cierre de siete de sus ocho pasos. Solo dejó abierto el más impracticable y remoto, el de Laponia, además del de Vainikkala, este último solo para transporte de mercancías. Esos cierres progresivos precipitaron las cifras: solo en noviembre, cuando el cierre era parcial, fueron 800 los refugiados llegados a través de Rusia. Helsinki optó por cerrar todos sus pasos legales durante 15 días. En cuanto expiró el plazo y reabrió el de Laponia se registraron 200 entradas en 48 horas.

Bielorrusia


"Les arrastra deliberadamente Rusia hasta nuestra frontera con propósitos desestabilizadores", aseguró la ministra de Asuntos Exteriores, Elina Valtonen, en declaraciones a la agencia AP. Es una nueva edición de la guerra híbrida que en 2022 denunciaron los países bálticos y Polonia. Entonces fueron miles los refugiados impulsados hacia sus fronteras por Bielorrusia, aliado de Moscú. Muchos de ellos quedaron en tierra de nadie, rechazados por esos países europeos, entre golpes y empujones de los guardas fronterizos a uno y otro lado.

Aparentemente solo son las autoridades rusas las que favorecen estos flujos inusuales de solicitantes de asilo a Finlandia, sino también las mafias que se lucran con ellos. Unos 2.000 dólares paga cada uno de ellos para el trayecto en autocar o furgoneta desde Moscú hasta la frontera finlandesa, incluida la bicicleta para el tramo final, según el diario 'Neue Zürcher Zeitung'.

Helsinki responsabiliza a Moscú de esta nueva guerra híbrida. El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció estos días la creación de un nuevo "distrito militarizado" junto a la frontera con Finlandia, país al que viene acusando de haber abandonado la neutralidad desde que solicitó su ingreso en la OTAN. Fue en 2022, a raíz del inicio de la invasión de Ucrania por Rusia, cuando formalizó su petición, en paralelo con Suecia. Finlandia es ya miembro de pleno derecho de la Alianza desde el pasado abril, mientras que Suecia sigue pendiente de la ratificación de Turquía y Hungría.
De la provechosa cooperación bilateral al rechazo

La situación de Finlandia es, sin embargo, distinta a las de los países bálticos o Polonia. No solo por tener la frontera más extensa con Rusia entre todos los socios de la UE, sino también porque, a diferencia de estos países, hasta la invasión de Ucrania mimó su relación con Moscú. Estonia, Letonia y Lituania se apresuraron a tramitar su ingreso en la Alianza Atlántica poco después de la disolución de la URSS, de la que habían formado parte. Finlandia, como Suecia, optaron por la neutralidad militar, aunque de facto eran países "asociados" a la OTAN y participaban ya en operativos conjuntos.

Los 1.340 kilómetros de frontera compartida con Rusia, a modo de limpio corte vertical de norte a sur de Finlandia, eran un peligro más bien abstracto, aunque presente en la memoria colectiva. El país nórdico había sido provincia rusa entre 1809 y 1917, en 1939 fue invadido por la Unión Soviética, pero jugó luego la carta de la neutralidad durante la Guerra Fría. Entre Helsinki y Moscú se mantuvo durante décadas una provechosa relación comercial para ambas partes. En Finlandia viven unos 100.000 ciudadanos de habla rusa. Mientras los países bálticos, asimismo con altos porcentajes de población de origen ruso, empezaron a restringir la entrada en su territorio de ciudadanos desde Rusia desde 2022, Finlandia siguió aceptando su ingreso a los que disponían de visado para el espacio Schengen.

El Gobierno de la socialdemócrata Sanna Marin formalizó la petición de ingreso en la OTAN, pero ha sido el conservador Orpo el encargado de cerrar uno a uno los pasos fronterizos. La presencia en su coalición de los ultraderechistas Verdaderos Finlandeses puede haber sido un factor más en esa dirección, en un momento en que los populismos derechistas imprimen su sello en la política migratoria europea. Pero ya bajo Marín habían empezado a reforzarse los dispositivos fronterizos. En pleno proceso de integración en la OTAN, el Gobierno de la líder socialdemócrata decidió construir una valla de 200 kilómetros en la parte más vulnerable de la frontera con Rusia, en la región de la ciudad de Imatra. La intención era cubrir un 15% del total de la frontera, que discurre entre enormes bosques y zonas de por sí intransitables.

Una valla disuasoria y un Ejército poderoso


La valla es --o será, cuando culmine su construcción-- una medida más bien disuasoria para los tránsitos migratorios o llegada incontrolada de peticionarios de asilo. Entre sus objetivos no está el de contener una eventual incursión rusa, ya que para ese factor se confía en las fuertes inversiones en Defensa. Finlandia era ya bajo Marin o su antecesor, el asimismo socialdemócrata Antti Rinne, el país con el Ejército más moderno y con un mayor contingente de la región. A sus 70.000 soldados en activo se suman unos 280.000 reservistas. Lleva años invirtiendo en armamento, ha adquirido 60 F-35 de Estados Unidos y se ha protegido contra ciberataques como si temiera que en cualquier momento pudiera llegarle uno de Rusia.

Los grupos de peticionarios de asilo o las presuntas intencionalidades desestabilizadoras rusos son solo un aspecto de la progresiva hostilidad entre Finlandia y su país vecino. En paralelo al ingreso en la OTAN, Helsinki ha estrechado aún más la cooperación militar con Estados Unidos. Este diciembre, Finlandia suscribió un acuerdo que garantiza a Washington el uso de 15 bases militares en territorio del país nórdico. Suecia, sin consumar aún su ingreso en la Alianza y con un Gobierno conservador apoyado en la ultraderecha, firmó un pacto parecido. Lo mismo hizo a continuación un tercer gobierno nórdico, el de Dinamarca, liderado por la socialdemócrata Mette Frederiksen.

viernes, 22 de diciembre de 2023

Formato USA

El tirador de Praga tenía munición para perpetrar una matanza

Gemma Casadevall

El autor del tiroteo de Praga, un estudiante checo de 24 años, tenía munición suficiente para provocar una matanza aún mayor de la que perpetró este jueves en la Universidad Carolina de la capital checa, donde dejó 13 muertos y unos 25 heridos, hasta que finalmente se suicidó. La masacre podría haber sido "mayúscula", ya que tenía abundantes armas y munición, según informaron este viernes fuentes policiales de Praga. Lo evitó la rápida intervención de los agentes. La policía iba tras la pista del tirador como sospechoso de la muerte de su padre, cuyo cuerpo fue hallado en su casa esa mañana, unas horas antes de iniciarse el tiroteo en la Facultad de Filosofía de esa universidad, de las más antiguas de Europa.

Junto a la investigación en torno al asesinato de su padre, la policía checa sospecha que el atacante mató asimismo a un hombre de 32 años y su bebé, de pocos meses. Ambos cuerpos fueron hallados en un bosque el pasado 15 de diciembre.

El tiroteo del jueves en la Universidad Carolina, el mayor baño de sangre que se recuerda en la historia reciente del país, ha sacudido a la sociedad checa. Las imágenes de grupos de estudiantes saliendo del recinto en fila, con los brazos en alto o buscando refugio entre las cornisas del edificio han dado la vuelta al mundo. El perfil trazado en los medios del agresor recuerda a matanzas similares en centros escolares o campus universitarios de Estados Unidos o de otros países europeos. La policía sospecha que actuó "inspirado" por esos crímenes.

Transtornos de personalidad


En medios checos y alemanes se afirma, tomando como testigos a compañeros de estudios, que el agresor era un estudiante del mismo centro con fuertes transfornos de personalidad y fanático de las armas. Tenía licencia de armas y la policía llevaba unas horas tras él después de aparecer el cadáver de su padre en Hostoun, una ciudad de la periferia de Praga.

Se asegura, asimismo, que había dejado constancia de sus planes en redes sociales. Cuando empezó a disparar, la policía estaba ya llegando a la universidad, en torno a la cual se desplegó un amplio operativo para asegurar la zona y tratar de evacuar a los estudiantes que se encontraban en su interior.

Inmediatamente empezaron a circular por las redes sociales imágenes de pánico en las inmediaciones del lugar, jóvenes corriendo por el centro de Praga en busca de refugio, otros parapetándose dentro de las aulas o saltando desde las cornisas de la fachada a un patio interior. Asimismo se difundieron imágenes del tirador disparando contra los transeúntes con su arma telescópica desde uno de los balcones del edificio. La policía no ha concretado hasta ahora de qué arma se trataba ni la munición de que disponía.

jueves, 21 de diciembre de 2023

Donald, el regenerador


Tusk empieza con su “limpieza” democrática 


Joana Serra


El primer ministro polaco, Donald Tusk, se puso manos a la obra en su prometida “regeneración democrática” y empezó a hacer limpieza entre los medios de comunicación públicos, mientras dicta las primeras iniciativas parlamentarias destinadas a revocar la controvertida reforma del poder judicial. Se trata de los dos estamentos más claramente politizados durante los ocho años en que ejerció el poder el ultraconservador partido Ley y Justicia (PiS), al que hace una semana arrebató el liderazgo el bloque europeista liderado por Tusk.

El primer paso, en lo que se refiere a la renovación de las estructuras de los medios de comunicación públicos, fue el cese de las cúpulas de la radiotelevisión estatal (TVP y RP) y de la agencia de noticias PAP. Correspondió al ministerio de Cultura emitir las órdenes pertinentes para una medida incluida entre las prioridades de la coalición de gobierno, integrada por la liberal Plataforma Cívica (PO) de Tusk, la centrista Tercera Vía y la izquierda moderada de Lewica. Casi de inmediato, se concentraron ante la sede de TVP un grupo de diputados del ahora opositor PiS, algunos de los cuales permanecieron durante toda la noche en el edificio. Hasta ahí se personó también en líder del partido, Jaroslaw Kaczynski, a modo de apoyo solidario al ente público.

La enemistad entre el PO de Tusk y los medios públicos controlados por el PiS es más que evidente. Durante la campaña electoral pasada, especialmente la televisión estatal repitió sin reparos las consignas del PiS. Acusó al líder europeísta de servir más a Bruselas que a su país o de haber practicado en su anterior etapa como jefe de gobierno -entre 2007 y 2014- una política de “consentimiento” a Vladímir Putin semejante a la que se imputa a Alemania, lo que a su juicio envalentonó al presidente ruso y precipitó la invasión de Ucrania.

Pese a estas campañas mediátiacas, el bloque de Tusk obtuvo tras las elecciones generales de octubre la superioridad parlamentaria que precisa para gobernar. El PiS, por su parte, defendió su posición de primera fuerza, pero sin mayoría ni socios en los que apoyarse.

El partido de Kaczsynki y del exprimer ministro Mateusz Morawiecki pasaron a la oposición tras un intento fallido de investidura. Pero siguen contando con el apoyo del presidente del país, Andrzej Duda, fiel al PiS aunque formalmente dejó en suspenso su militancia al acceder al cargo, en 2015.

Duda alzó la voz ahora contra el cese de las cúpulas de los medios de comunicación y advirtió de que los propósitos de Tusk de desmantelar estos entes o cortarles las partidas presupuestarias de que disponen son anticonstitucionales. La advertencia del jefe de Estado va más allá de lo simbólico o del apoyo solidario. El cargo presidencial es eminentemente representativo, pero entre sus atribuciones están la de firmar o refrendar leyes, así como remitirlas a la justicia para su revisión.

Precisamente es el poder judicial el siguiente gran objetivo de la regeneración democrática prometida por Tusk al acceder finalmente al poder, hace una semana, dos meses después de su victoria electoral. El PiS ha consagrado buena parte de sus ocho años al frente del gobierno polaco a reestructurar los órganos judiciales hasta dejarlos bajo un fuerte control del estamento político, especialmente en lo que compete a la designación de los jueces. Esta línea le valió sucesivas amonestaciones y expedientes de la Comisión Europea (CE), por socavar el principio de la independencia judicial.

La confrontación con Bruselas derivó incluso en la congelación de fondos de recuperación postpandemia destinados a Varsovia. Inmediatamente después de su victoria electoral, y sin esperar a consumar su investidura, Tusk se puso a negociar con la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, las condiciones para el futuro desbloqueo de estos fondos. Ahora el Parlamento empezó a dar los pasos necesarios para revocar las sucesivas leyes que conforman la controvertida reforma judicial de la etapa PiS. En primer lugar, se aprobó una resolución por la que se declara ilegal la designación de los jueces de las audiencias territoriales, emanados directamente del poder político.

Son muchos y muy complejos los procedimientos que deberá salvar el equipo de Tusk y su mayoría parlamentaria hasta lograr la regeneración pretendida. El presidente Duda puede apurar los plazos para cualquier requerimiento, de acuerdo a la estrategia que siguió ya como jefe del Estado para retrasar la investidura de Tusk. Primero encargó la formación de gobierno a Morawiecki, pese a que obviamente no tenía la mayoría que precisaba; así asistió Polonia a la protocolaria jura de cara uno de los miembros de un nuevo ejecutivo aún del PiS, que se sabía tendría una existencia efímera, puesto que tampoco superaría el voto de confianza del Parlamento.

Tusk, sin embargo, logró tomar posesión un día antes de la celebración del Consejo Europeo, lo que le permitió acudir a la cita con el resto de los líderes de la UE ya representando a la nueva Polonia, europeísta y bajo liderazgo liberal.

Las tensiones entre el gobierno y el presidente se estima que perdurarán o incluso se acentuarán hasta las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2025. Hasta entonces, a Tusk no le queda otro remedio que la coexistencia no solo con la fuerte oposición parlamentaria del PiS, sino también con una jefatura del Estado afin a ésta.